Nacho Juárez
En política, las disculpas suelen llegar cuando el costo público ya está hecho. Y allí, lo verdaderamente importante no es la disculpa, sino aquello que revela el episodio que la hizo necesaria.
Eso ocurrió con el podcast Descasadas, donde participaron las diputadas locales de Morena Elvia Graciela Palomares Ramírez, conocida como Grace Palomares, y Nayeli Salvatori Bojalil, quien se ostenta con el nombre de Nay Salvatori.
Lo que sus protagonistas intentaron presentar después como una conversación relajada entre amigas terminó exhibiendo un problema mucho más profundo: la facilidad con la que algunos representantes populares olvidan que el cargo no se queda en la oficina, sino que acompaña en cada declaración pública.
No fue el escándalo de una frase desafortunada. Fue la evidencia de una forma de pensar.
El verdadero problema nunca fue si a alguien le gustan o no las personas mayores. Ese terreno pertenece a la esfera privada y a la libertad individual. Lo preocupante fue que la conversación convirtió la edad en un recurso para ridiculizar, descalificar y normalizar prejuicios contra un grupo social que durante décadas ha enfrentado una discriminación tan cotidiana que pocas veces se reconoce como tal.
La discriminación suele comenzar exactamente así.
No inicia con leyes injustas ni con actos de violencia.
Empieza con una risa, un comentario aparentemente inofensivo, un estereotipo repetido tantas veces que termina pareciendo normal.
Después llega la exclusión laboral.
Luego la invisibilidad social.
Finalmente, la idea de que ciertas personas valen menos simplemente porque envejecieron.
Eso tiene nombre: edadismo.
Y el edadismo no deja de ser discriminación porque venga envuelto en humor.
Las personas adultas mayores no son una categoría homogénea. Son individuos con historias, deseos, capacidades, autonomía y proyectos propios. Sujetos de derechos constitucionales. Reducirlos a su edad es lo grave.
En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a decidir con quién relacionarse y a expresar sus gustos. El conflicto aparece cuando esas preferencias dejan de ser individuales y se transforman en un discurso que ridiculiza a todo un grupo social por una condición inherente como la edad.
La diferencia parece sutil, pero jurídica y socialmente es enorme.
Decir “no me atraen las personas mayores” pertenece al ámbito de la libertad individual. Muy distinto es convertir la edad en sinónimo de decadencia, inutilidad o motivo de burla. Ahí ya no estamos frente a una preferencia sino ante un estereotipo.
Y los estereotipos nunca son inocentes.
Durante décadas, las personas adultas mayores han enfrentado una discriminación silenciosa que rara vez ocupa titulares. Se les considera improductivos, incapaces de adaptarse, alejados de la innovación o incluso indignos de ejercer plenamente su vida afectiva.
Es una forma de exclusión que rara vez genera escándalo precisamente porque ha sido culturalmente aceptada.
En México se ha avanzado mucho para visibilizar la violencia política de género, la discriminación contra pueblos indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual.
Sin embargo, pocas veces se habla del desprecio cotidiano hacia los adultos mayores, como si burlarse de ellos fuera socialmente aceptable.
No lo es.
Mucho menos cuando quienes alimentan esos prejuicios son diputadas locales.
Grace Palomares y Nay Salvatori no participaron en ese podcast solo como cocreadoras de contenido sino también como legisladoras. Su investidura no se queda en la oficina cuando salen del Congreso del estado.
Más aún: la charla no ocurrió en la intimidad de una casa en donde un grupo de amigas se reúnen. Fue en un programa diseñado para ser visto en el ecosistema digital, es decir, para ser ampliamente difundido en la esfera pública.
Esa diferencia modifica completamente el análisis.
Un representante popular tiene derecho a expresar opiniones, pero también tiene la obligación constitucional de respetar los derechos humanos de los grupos que representa. No es un estándar moral, es una obligación inherente al cargo.
Por eso resulta insuficiente refugiarse en el argumento de que las frases fueron “sacadas de contexto”.
El contexto puede explicar una conversación, pero no borrar su contenido.
Si una expresión convierte la edad en motivo de desprecio, el daño no desaparece porque después se aclare que todo se sacó de contexto. El mensaje ya circuló. El prejuicio ya fue reproducido. Y la investidura pública de quienes lo emitieron amplificó inevitablemente su impacto.
Las disculpas posteriores que ofrecieron las legisladoras morenistas parecieron responder más a la presión política que a una reflexión genuina. Porque una disculpa pierde fuerza cuando va acompañada de la explicación de que fueron los demás quienes entendieron mal o que fueron sacadas de contexto.
Esa fórmula traslada la mayor parte de la responsabilidad a la audiencia y evita asumir plenamente el efecto de las propias palabras.
Por si eso no fuera poco, el episodio revela una contradicción todavía más incómoda.
Morena ha construido buena parte de su legitimidad política alrededor de los adultos mayores. La pensión universal no sólo es uno de sus programas insignia, sino uno de los pilares que fortalecieron la identidad social del movimiento y consolidaron una relación política con millones de personas mayores que históricamente habían permanecido al margen de las prioridades gubernamentales.
Resulta inevitable preguntarse qué pensarán esos ciudadanos cuando escuchan a representantes del mismo partido utilizar la edad como recurso humorístico para la discriminación.
No estamos ante un problema de incongruencia discursiva sino de coherencia política.
No puede sostenerse un discurso de justicia social mientras, desde espacios públicos, se reproducen estereotipos precisamente contra uno de los sectores que se afirma defender.
Existe además un aspecto jurídico que conviene recordar.
El artículo primero de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, entre ellas la edad, y obliga a todas las autoridades a promover y proteger los derechos humanos.
La legislación poblana, por su parte, establece que la discriminación puede manifestarse mediante prácticas o expresiones que menoscaben la dignidad de las personas, incluso cuando no exista una intención deliberada de causar ese daño.
Asimismo, la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores en la entidad advierte el deber de prevenir actos de discriminación y maltrato hacia este sector.
Eso no significa que cualquier comentario desafortunado deba judicializarse, pero tampoco significa que todo pueda justificarse bajo el paraguas de la libertad de expresión.
Confundir libertad de expresión con impunidad discursiva es uno de los errores más frecuentes de la política contemporánea.
La libertad de expresión no protege del escrutinio público ni elimina la responsabilidad política. Mucho menos exonera a quienes ocupan cargos públicos de responder por el impacto social de sus palabras.
La política vive una crisis de credibilidad precisamente porque muchos servidores públicos creen que basta con ofrecer disculpas para cerrar cualquier debate.
No es así.
Si hoy resulta inaceptable ridiculizar a una persona por su género, por su orientación sexual, por su origen étnico o por una discapacidad, también debe serlo hacerlo por su edad.
Y cuando la ridiculización proviene de dos legisladoras que forman parte del poder, deja de ser un simple chiste para convertirse en un mensaje político.
No basta con que la dirigencia estatal de Morena salga a deslindarse de los dichos de sus legisladoras. Escándalos como estos evidencian que algo se pudrió en Morena.
La dirigencia, formal y metaconstitucional, tiene en sus manos una oportunidad de oro para corregir este grave problema de fondo en que incurren muchos de sus militantes.
En sus manos está dejar de ser un partido acomodaticio que es capaz de postular a personas que distan mucho de representar los valores que lo fundamentan solo por el hecho de ser “populares”, cumplir cuotas o dar preferencia a simpatías personales.
Ahora es el escándalo por discriminación por edadismo, pero antes lo fue por los excesos y lujos, mucho antes por la banalidad en el desempeño y concepción del servicio público. A lo que se suman casos más graves de funcionarios, alcaldes o delegados ligados con el crimen organizado.
No es un caso aislado, sino un síntoma inequívoco de algo anda muy mal al interior de Morena y eso lo está pagando a costos muy altos y perjudiciales.
