Nacho Juárez
Seiscientos días no bastan para emitir un juicio definitivo sobre un gobierno, pero sí permiten identificar prioridades, revisar resultados y saber si una administración comenzó a transformar sus promesas en acciones concretas.
El gobierno de Alejandro Armenta Mier llega a esta etapa con una característica visible: llevar inversión pública al territorio.
Calles, caminos, maquinaria agrícola, obra comunitaria, infraestructura deportiva y proyectos tecnológicos forman parte de una estrategia que busca combinar bienestar social, productividad y desarrollo económico.
Uno de los temas más sensibles para los poblanos ha sido el estado de las calles. En 2025, el Programa Bachetón inició con una inversión estatal de 50 millones de pesos para Puebla capital. Ese mismo año, la administración reportó la rehabilitación de alrededor de 4 mil calles y 27 avenidas.
Para 2026 la meta aumentó a 13 mil calles y 73 avenidas, apoyada por módulos propios de pavimentación y toneladas de asfalto aportadas por Pemex y adquiridas por el gobierno estatal.
Más allá de las cifras, la relevancia está en haber colocado un problema cotidiano en el centro de la política pública. Durante años, baches, calles deterioradas y caminos deficientes se asumieron como parte inevitable del paisaje urbano. Hoy existe una estrategia específica, presupuesto y maquinaria destinados a atenderlos.
Otro de los programas emblemáticos es Obra Comunitaria. En 2025 contó con aproximadamente 1,048 millones de pesos para más de 4 mil acciones. Para 2026, el presupuesto se elevó a 1,500 millones de pesos para alrededor de 6 mil proyectos en los 217 municipios.
Agua potable, drenaje, escuelas, caminos, espacios públicos, Casas de Salud y canchas deportivas se encuentran entre las principales intervenciones. El modelo pretende que las comunidades participen directamente en la definición de prioridades y tiene una particularidad importante: las tesorerías de los comités comunitarios son encabezadas por mujeres.
La apuesta busca modificar una práctica histórica: que las obras se decidan exclusivamente desde las oficinas gubernamentales. Si el programa mantiene controles, transparencia y rendición de cuentas, puede convertirse en uno de los sellos más importantes de la administración.
El sector agropecuario también ha recibido una atención presupuestal considerable. Durante 2025, el gobierno reportó una inversión de más de 1,600 millones de pesos en programas para el campo, con más de 146 mil familias beneficiadas. Para 2026 se asignaron alrededor de 1,700 millones.
La política agrícola no se ha limitado a entregar apoyos. Se incorporaron tractores, drones, maquinaria e implementos para mecanización, fumigación, fertilización y agricultura de precisión. La meta para 2026 es impactar aproximadamente 200 mil hectáreas.
El planteamiento es importante: pasar del subsidio aislado a fortalecer la capacidad productiva de las regiones. Armenta lo definió muy bien hace unos días: “El objetivo es cambiarles la vida a la familias”.
En ese mismo sentido aparecen los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial, CIITRA, que pretenden agregar valor a los productos poblanos. Los centros de San José Chiapa y Aquixtla están orientados al procesamiento de frutas, hortalizas, amaranto y jitomate de invernadero. La meta es que los productores no solamente vendan materia prima, sino productos transformados con mayor valor comercial.
El deporte ha sido presentado por la administración como parte de una estrategia de reconstrucción del tejido social. Durante 2025, mediante Obra Comunitaria, se desarrollaron cientos de proyectos deportivos en más de un centenar de municipios, principalmente rehabilitación de canchas y espacios públicos.
A ello se suma la construcción de la Universidad del Deporte y la organización de competencias nacionales e internacionales.
La lógica es acertada: una política deportiva no debe limitarse a grandes eventos. Su verdadero impacto está en que una niña o un joven de una junta auxiliar encuentren una cancha digna, instalaciones funcionales y alternativas frente a la violencia y las adicciones.
Otra de las decisiones relevantes fue terminar anticipadamente el esquema financiero del Museo Internacional del Barroco.
El gobierno estatal realizó un pago cercano a los 2 mil millones de pesos para poner fin al contrato de Asociación Público-Privada que mantenía compromisos financieros hasta 2039 y representaba pagos anuales cercanos a 500 millones de pesos.
La operación debe seguir siendo revisada y transparentada por su magnitud, pero el resultado financiero es claro: Puebla dejó de mantener una obligación de largo plazo bajo las condiciones originales del contrato.
En política pública no solamente importa iniciar nuevos proyectos. También importa corregir decisiones heredadas que comprometen las finanzas públicas durante décadas.
Los datos económicos también muestran señales positivas.
El INEGI informó que durante el primer trimestre de 2026 la actividad económica de Puebla registró crecimiento anual de 3.1 por ciento real, colocando a la entidad entre las que presentaron mayores avances.
En materia de precios, el entorno también ha mejorado. Durante julio de 2026 se registraron disminuciones mensuales en el índice de precios tanto en el estado como en Puebla capital, mientras la inflación nacional anual se ubicó en niveles menores a los observados un año antes.
Por supuesto, sería incorrecto atribuir el comportamiento de la inflación exclusivamente al gobierno estatal. Intervienen factores nacionales e internacionales, además de la política monetaria. Sin embargo, resulta relevante que Puebla combine crecimiento económico con un entorno de precios más estable.
En combate a la corrupción, el indicador realmente importante no es cuántas veces se habla del tema, sino cuántos procedimientos terminan en consecuencias.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha reportado miles de quejas y denuncias atendidas y alrededor de 40 servidores públicos sancionados por faltas administrativas, con medidas que incluyen amonestaciones, suspensiones y destituciones.
Eso no significa que la corrupción haya desaparecido. Significa que existen procedimientos que empiezan a producir consecuencias. El desafío será mantener investigaciones independientes, evitar cualquier protección política y garantizar que la ley se aplique por igual a funcionarios de todos los niveles.
Quizá la parte más ambiciosa del proyecto de Armenta se encuentra en la llamada Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, particularmente en San José Chiapa.
En esa región se desarrollan proyectos vinculados con energía, innovación, electromovilidad, manufactura tecnológica y formación de talento.
Dentro de esta estrategia destaca Olinia, proyecto nacional de vehículo eléctrico en el que Puebla participa como uno de los principales nodos de investigación, diseño y desarrollo tecnológico, con especialistas del Tecnológico Nacional de México, la UNAM y el IPN.
También se encuentra Yankuilotl, empresa pública orientada a innovación, diseño, prototipado y ensamble electrónico para sectores como el automotriz, médico, agrícola y textil.
Junto con los CIITRA, estos proyectos tienen un objetivo común: que Puebla no solamente atraiga empresas, sino que genere conocimiento, tecnología, transformación productiva y empleos especializados.
Todavía tendrán que demostrar resultados en patentes, empleos, inversión y producción. Pero la orientación representa un cambio relevante en la visión económica del estado.
La seguridad es quizá el rubro donde cualquier gobierno enfrenta su examen más severo.
Durante los primeros meses de 2026, el gobierno estatal reportó disminuciones en varios delitos de alto impacto. El homicidio doloso mostró reducciones, al igual que delitos como robo a transportista, robo de vehículo, secuestro, feminicidio y extorsión.
En junio de 2026 se registraron 47 víctimas de homicidio doloso, frente a 75 del mismo mes de 2025, una reducción superior al 37 por ciento.
Son datos que necesitan sostenerse durante más tiempo, pero muestran una tendencia favorable.
En el combate al huachicol, las autoridades han reportado cientos de tomas clandestinas localizadas e inhabilitadas, millones de litros de hidrocarburo recuperados, aseguramientos de gas LP y detenciones relacionadas con estas actividades.
Aquí debe hacerse una precisión. En robo de gas LP todavía existen registros que muestran un problema importante e incluso incrementos en tomas detectadas durante determinados periodos. Por ello, sería prematuro afirmar que el fenómeno está resuelto.
Lo que sí puede decirse es que existe una mayor capacidad de detección, aseguramiento y combate operativo contra las redes dedicadas al robo de combustible.
Puebla es un estado complejo: 217 municipios, grandes zonas urbanas, comunidades rurales, corredores industriales y regiones con enormes diferencias sociales.
A 600 días de gobierno, Alejandro Armenta puede presentar un balance que ya cuenta con elementos medibles: inversión en calles y carreteras, miles de obras comunitarias, más recursos para el campo, infraestructura deportiva, cancelación de una pesada obligación financiera del Museo Barroco, crecimiento económico, sanciones administrativas, proyectos tecnológicos y reducción en diversos indicadores delictivos.
Falta todavía buena parte del sexenio y sería prematuro hablar de legado.
Pero también sería injusto reducir todo a promesas.
A partir de ahora comienza una etapa más difícil: demostrar que estos primeros resultados no son temporales, sino el inicio de una transformación sostenida.
Ese será, finalmente, el verdadero examen del gobierno de Alejandro Armenta.
