Nacho Juárez
El pasado 3 de agosto, la presidenta de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, aprovechó una insignificante ceremonia de honores a la bandera para advertir el inicio de una persecución legal en su contra y del gobierno de ese lugar. No dijo de parte de quién, pero en su mensaje quedó implícito que se trataba del régimen morenista en la entidad.
Aquí algunos extractos.
“Muy pronto viviremos semanas tormentosas, las amenazas que nos han hecho durante meses pronto cobrarán vida, las más horribles de las presiones humanas, que es el odio político, llegarán con toda su fuerza contra este gobierno y su servidora”.
“Este odio hacia el gobierno y especialmente hacia una servidora llegará escondido con la mano de la torcida legalidad, cumplirán aquella expresión política: ‘a los enemigos, la ley’; intentarán hacer valer su verdad, su verdad absoluta”
“Sabemos que harán todo lo que se encuentre en sus manos para apropiarse de San Andrés Cholula. Sabemos que harán uso de todo el aparato de gobierno, de sus instituciones para doblegarnos, pero ¿saben qué? No nos vamos a quebrar, no nos vamos a doblegar”.
Lo que Guadalupe Cuautle no dijo en su discurso es que unos días antes, Edmundo Tlatehui Percino había sido notificado oficialmente sobre el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra a manos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por un presunto daño patrimonial cometido a su paso por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, en el periodo de 2021-2024.
Así pues, el victimismo y la denuncia de la alcaldesa en realidad escondió una estrategia para montar la falsa narrativa de la persecución política en contra de un gobierno de oposición y de esa forma evitar que el exedil sea sometido a la justicia para que haga frente a los excesos detectados en su gestión.
¿Por qué tanto miedo?
En noviembre de 2021, el Congreso del estado aprobó una reforma constitucional en materia de fiscalización y combate a la corrupción que, entre otras cosas, creó la Sala Especializada Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas, adscrita al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
A la par, otorgó a la ASE la facultad para iniciar un doble procedimiento ante un posible indicio de daño o quebranto patrimonial: ante la Sala Especializada y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Antes de la reforma, la auditoría estaba entrampada en resolver primero el procedimiento administrativo, que podía durar años, y posteriormente presentar -con la autorización del Congreso del estado- las denuncias penales correspondientes.
Eso permitía que alcaldes o funcionarios pasaran años litigando en tribunales sin que hubiera un castigo por sus fechorías. Ese resquicio, incluso, les permitía acceder a cargos de elección popular que les otorgara fuero constitucional.
Hoy, las cosas son totalmente diferentes. Las acciones administrativas corren a la par de las carpetas de investigación.
La situación que enfrenta Edmundo Tlatehui no es menor ante las irregularidades halladas por la ASE y que pueden consultarse en los Informes Individuales emitidos por el organismo.
Para entender el tamaño del desorden financiero del exedil del PAN basta un solo dato: entre 2022 y 2024 (salvo los dos últimos dos meses y medio de éste último año que corresponden a Guadalupe Cuautle), Tlatehui manejó un presupuesto de 2 mil 871.9 millones de pesos, de los cuales el órgano fiscalizador detectó irregularidades -ya sea por un presunto daño patrimonial o montos por aclarar- por 979.7 millones.
Eso significa que 34 pesos de cada 100 que tuvo a disposición el expresidente sanandreseño tienen un tufo de presunta corrupción.
Desglosado por años, el supuesto daño patrimonial o montos por aclarar detectados fueron de la siguiente manera: 2022: 230.7 millones; 2023: 365.8 millones: 2024: 383.09 millones.
Esto es lo que realmente habría orillado a Guadalupe Cuautle a lanzar el discurso del 3 de agosto sobre una falsa persecución política en contra del gobierno de San Andrés.
Lo que en realidad pretende es construir una cortina de humo y sembrar la narrativa de que ella y el exedil son víctimas del régimen morenista en Puebla.
Dicha estrategia es crucial para la supervivencia de ambos panistas, ya que ante un escándalo como la posible detención de Edmundo Tlatehui, la reelección de la alcaldesa cholulteca estaría muy lejos de concretarse, a lo que se añadiría un efecto negativo devastador para los abanderados de Acción Nacional a diferentes cargos de elección popular.
El problema de fondo es que el gobierno panista de San Andrés Cholula en realidad no pretende iniciar una lucha a favor de la transparencia y combate a la corrupción sino salvarse de cualquier investigación por sospechas de irregularidades en el manejo de los recursos.
Y una muestra de que la administración cholulteca no se quedará solo en el discurso y están dispuestos a ir a la guerra contra el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa o quien se atreva a ejercer alguna acción jurídica en su contra, sería la filtración de un video en el que se vio involucrado el delegado de la Secretaría del Bienestar estatal en ese municipio, Raymundo Cuautli.
Más allá de la animadversión bien ganada que el funcionario genera entre muchos directores de medios de comunicación, columnistas y reporteros, el video ampliamente difundido en redes sociales, en el que aparece con una actitud prepotente e intimidatoria frente a elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, data de hace cuatro meses, pero se intentó vender como actual.
¿Quién filtró el video?
Esa es una respuesta que vale la pena que alguien contestara.
Si fue la propia Policía Municipal sanandreseña, estaríamos frente a un nuevo caso de uso ilegal de materiales audiovisuales en manos de servidores públicos con la finalidad de perjudicar a una persona en particular.
Un hecho que sí está documentado de esta práctica fue el caso de una mujer detenida en el mes de junio pasado por conducir, en compañía de sus dos hijos menores de edad, en estado de ebriedad; intentar huir de los uniformados y afectar mobiliario público.
Los audiovisuales filtrados evidenciaban a una mujer alcoholizada, con raptos de desvaríos y hablando incoherencias sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.
La filtración de ese video por parte de la corporación cholulteca desató un linchamiento digital y una campaña de odio contra la mujer a la que miles de usuarios catalogaron como “borracha de mierda”, “narca”, “basura”, “madre irresponsable”, “madre adicta”, “perra”, “loca”, “briaga”, “perra teporocha”, “puta de algún narco”, “prepotente”, “asco de persona”.
Eso dio paso a la que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla iniciara cuatro investigaciones de oficio contra el Ayuntamiento encabezado por Guadalupe Cuautle Torres.
Ahora que apareció el nuevo video que involucra a Raymundo Cuautli es inevitable preguntarse quién filtró el video.
¿Acaso es un mensaje de la administración panista de que están dispuestos a exhibir a todos aquellos funcionarios o morenistas que han tenido altercados con la Policía Municipal o han sido captados pidiendo favores para evitar detenciones por conducir en estado de ebriedad?
¿A cuántos más tienen grabados?
La duda mata, pero no eliminar el tufillo a miedo y corrupción que escapa del Ayuntamiento cholulteca.
