El proyecto de transporte por cable que se pretende instalar en Puebla capital avanzó un paso en el Congreso, pero también dejó preguntas sobre la mesa. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó la donación de tres terrenos del Ayuntamiento de Puebla al Gobierno del Estado para construir, equipar y operar estaciones del sistema.
Los espacios corresponden a las futuras estaciones Parque Biblioteca, Parque Juárez y Cerro de Amalucan. La transferencia se plantea bajo la figura de donación a título gratuito y tendría como destinataria a la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal.
La comisión, presidida por Laura Guadalupe Vargas Vargas, también aprobó destinar al servicio de esa Secretaría el inmueble identificado como Polígono de Estación para el Nodo de Transferencia Intermodal Mayorazgo, ubicado en Avenida 11 Sur y Avenida Las Margaritas.
El avance legislativo no ocurrió sin cuestionamientos. El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez preguntó por la convocatoria de la sesión, el valor catastral del terreno ubicado en Cerro de Amalucan, el valor individual de los tres inmuebles y las obligaciones que asumiría el Gobierno estatal a partir de las donaciones.
Micalco también planteó dudas sobre la existencia de un documento relativo al impacto ambiental y fijó una posición sobre el ejercicio de los recursos destinados al proyecto y lo expuesto durante las asambleas ciudadanas.
Laura Guadalupe Vargas respondió que la instalación de las estaciones no implica la desaparición ni el cierre del Parque Juárez, el Parque Biblioteca o el Cerro de Amalucan. La diputada sostuvo que los proyectos se establecerán en esos espacios sin sustituir lo que actualmente representan.
José Miguel Trujillo de Ita respaldó los dictámenes y sostuvo que el Sistema de Transporte por Cable tiene como propósito mejorar la movilidad.
La aprobación en comisión no significa todavía que el sistema esté construido. El acuerdo se refiere a la disposición de los terrenos municipales necesarios para las estaciones y a la asignación de un inmueble para el nodo de transferencia de Mayorazgo.
El mezcal entra a la agenda fiscal
La misma comisión aprobó también remitir a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con fundamento en el artículo 71 de la Constitución federal.
La iniciativa, impulsada por Ana Laura Gómez Ramírez y Pável Gaspar Ramírez, plantea un estímulo fiscal de hasta 90 por ciento del impuesto para productores de mezcal artesanal y ancestral cuya producción no supere los 10 mil litros de alcohol puro al año.
La propuesta ya había sido presentada por Gómez Ramírez en septiembre. El planteamiento incluye sustituir el esquema actual de tasas ad valorem para determinadas bebidas alcohólicas por una cuota específica de un peso con 36 centavos por cada grado Gay-Lussac de alcohol por litro.
El estímulo quedaría dirigido a productores de menor escala. De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es modificar la carga tributaria y establecer un tratamiento diferenciado para la producción artesanal y ancestral.
El Congreso de Puebla no aprobaría directamente ese cambio fiscal. La ruta planteada consiste en remitir el proyecto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que siga el procedimiento constitucional y legal correspondiente.
Un año de trabajo de la Comisión de Hacienda
Durante la sesión, Laura Guadalupe Vargas presentó también el informe de actividades de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal correspondiente al segundo año legislativo.
La presidenta reportó 17 sesiones, además del análisis y aprobación del Paquete Fiscal. También mencionó tres comparecencias de la concesionaria Agua de Puebla y del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).
El balance de la comisión quedó así dividido entre decisiones patrimoniales, propuestas fiscales y revisión de servicios públicos. El asunto que ahora tendrá mayor seguimiento es el proyecto de transporte por cable: los terrenos ya avanzaron en la ruta legislativa, pero las preguntas planteadas durante la sesión muestran que la discusión todavía alcanza el costo, las obligaciones, el impacto ambiental y las condiciones bajo las cuales se instalarán las estaciones.
