Iván Rivera
El primer trienio de Rogelio López Angulo como presidente municipal de Huauchinango cerró con señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, pues entre 2022 y 2024 detectó un presunto daño patrimonial acumulado de 16.3 millones de pesos en la cuenta pública del Ayuntamiento.
De acuerdo con los informes de fiscalización de la ASE, el año con el monto más alto fue 2022, cuando se observaron 8.5 millones de pesos, mientras que en 2023 y 2024, el probable daño patrimonial fue de 3.8 millones por cada año.
En total, durante esos tres años la ASE determinó 53 observaciones. De ellas, 27 fueron aclaradas o justificadas antes de la integración de los informes, pero las restantes derivaron en 26 pliegos de observaciones, es decir, señalamientos que la autoridad fiscalizadora mantuvo por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Anomalías en el mercado 5 de Mayo
En 2024, uno de los casos más escandalosos corresponde a la rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado 5 de Mayo, ubicado en la colonia del mismo nombre. Por esa obra, la ASE presumió un daño patrimonial de 2.3 millones de pesos.
La observación no fue menor: la Auditoría señaló inconsistencias en la documentación del proyecto, pues aunque se presentaron programas de ejecución, catálogo de conceptos y planos base, estos correspondían al proyecto técnico de la entidad y no a los documentos elaborados por la empresa contratista para respaldar su propuesta y la ejecución de los trabajos.
Además, en el expediente técnico se detectó que las especificaciones de construcción y la planeación integral de la contratista no contaban con firmas de autorización, lo que dejó dudas sobre la validación formal del proyecto.
Otro señalamiento fue que la empresa contratada no comprobó bien que tenía capacidad financiera para realizar la obra, toda vez que, aunque presentó algunos documentos, faltó su declaración anual, su balance general y la cédula profesional del contador que hizo esos estados financieros.
La ASE también detectó una irregularidad grave en la comprobación del gasto: el Ayuntamiento presentó una factura por 1.2 millones de pesos relacionada con la segunda parte de la obra, pero al revisarla en el sistema del SAT, esa factura aparecía como cancelada, lo que significa que el municipio intentó comprobar parte del pago con un documento que ya no estaba vigente.
El señalamiento ocurre además en medio de críticas de comerciantes del Mercado 5 de Mayo, quienes han acusado cobros excesivos de hasta 200 mil pesos para poder ocupar los locales.
Y aunque el mercado ya fue inaugurado, de acuerdo con testimonios de habitantes, los comerciantes pudieron ingresar a trabajar hasta hace poco menos de un mes, a pesar de que la entrega oficial de la obra fue desde el 25 de enero.
Combustibles y aditivos observados
En 2024 también apareció otra observación por 1.5 millones de pesos en el rubro de combustibles, lubricantes y aditivos. Aunque el Ayuntamiento entregó facturas y otros documentos para comprobar el gasto, la ASE señaló que faltó lo más importante: demostrar qué vehículos usaron ese combustible y si realmente formaban parte del parque vehicular del municipio.
El otro caso fue por 49 mil 922 pesos en servicios de arrendamiento, punto donde el Ayuntamiento también presentó facturas documentación contable, pero omitió comprobar cómo se contrató el servicio.
La ASE señaló que faltó el procedimiento de adjudicación, el dictamen para justificar por qué no se hizo licitación pública, el registro de los proveedores en el padrón municipal y el contrato relacionado con la actualización y mantenimiento del sistema de ingresos del Ayuntamiento.
La revisión de 2024 arrojó en total 18 observaciones, de las cuales 15 fueron aclaradas y justificadas antes del informe. Sin embargo, tres terminaron en pliegos de observaciones, entre ellas la relacionada con la obra del mercado.
Un problema persistente
Para 2023, las observaciones más relevantes volvieron a tocar el caso del Mercado 5 de Mayo, obra que aparece de forma recurrente en los señalamientos de la ASE durante el primer trienio de Rogelio López Angulo
Ese año, la Auditoría detectó un presunto daño patrimonial por 1.4 millones de pesos, relacionado con la rehabilitación del mercado, cuyos trabajos se realizaron del 6 de noviembre de 2023 al 4 de enero de 2024.
De acuerdo con la revisión, el Ayuntamiento no entregó documentos básicos para respaldar correctamente la obra, como la memoria descriptiva, el dictamen de impacto ambiental, el dictamen de Protección Civil, documentos sobre la solvencia financiera de la empresa, pólizas contables, aviso de inicio de trabajos, nombramientos de los servidores públicos responsables de los pagos y el contrato de la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos.
Además, la ASE señaló que varios documentos entregados eran ilegibles, entre ellos el padrón de proveedores, el catálogo de conceptos, planos, presupuesto base, garantías y números generadores. En pocas palabras, la Auditoría no pudo verificar con claridad si los documentos eran válidos ni si la obra fue respaldada correctamente.
Otro punto delicado fue que el municipio presentó documentos de impacto ambiental y Protección Civil fechados hasta diciembre de 2024, es decir, mucho después de que la obra ya había sido contratada y ejecutada.
También se detectó que las bases de licitación no tenían firmas, que la bitácora de obra estaba incompleta y no se podía leer bien, y que los reportes de la primera estimación no permitían revisar con claridad qué conceptos, cantidades o volúmenes fueron pagados.
Observan servicios legales
A este caso se suma otra observación importante por 963 mil 423.95 pesos en el rubro de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.
Aunque el Ayuntamiento presentó oficios, nombramientos, comprobantes de pago, facturas y documentos de suficiencia presupuestal, la ASE señaló que faltó información para justificar el gasto.
Entre lo que no se entregó estuvieron todas las pólizas contables, la documentación comprobatoria completa, el procedimiento de adjudicación, el contrato y una explicación clara de por qué era necesario gastar esos recursos.
Ayudas sociales generan daño
En tanto, en 2022, el señalamiento más alto fue por 2.6 millones de pesos entregados como ayudas sociales con recursos fiscales, luego de que la ASE detectó que ese monto fue registrado como transferencias, subsidios y otras ayudas, pero el problema fue que no quedó claro a quiénes se les entregó, por qué motivo ni bajo qué reglas.
Aunque el municipio envió documentación para intentar justificar esos apoyos, la Auditoría señaló que faltó evidencia básica: no se acreditó cómo se eligió a los beneficiarios, cuáles fueron las causas para entregar las ayudas, si realmente llegaron a la población objetivo, cuál fue el destino del dinero ni qué mecanismos se usaron para repartir y vigilar esos recursos.
Además, el oficio de suficiencia presupuestal estaba incompleto y no detalló qué área ejerció el gasto ni a qué programa correspondía, por lo que la observación no fue solventada y quedó como uno de los casos más fuertes del primer año revisado a Rogelio López Angulo.
