Semarnat, Conanp y Profepa investigan posibles daños ambientales y desarrollos inmobiliarios dentro de un Área Natural Protegida de Huauchinango vinculados a ese clan familiar y del que Angel Villa Herrero pretende convertirse en presidente municipal de Morena, revela una investigación del periódico 24 Horas.
Staff Hoja de Ruta
Lo que durante años fue vendido como un conjunto de viviendas en un entorno boscoso, rodeado de naturaleza y con una ubicación privilegiada en Huauchinango, hoy se ha convertido para decenas de familias en un escenario de incertidumbre.
Cada temporada de lluvias, habitantes de los fraccionamientos Vista Hermosa, Las Perlitas y de la junta auxiliar de Patoltecoya reciben notificaciones de Protección Civil para desalojar sus viviendas debido al riesgo de deslizamientos, derrumbes e inundaciones.
Paradójicamente, muchas de esas casas fueron edificadas con permisos municipales y adquiridas mediante créditos hipotecarios, incluso del Infonavit.
Detrás de esos desarrollos inmobiliarios aparece una red de operaciones empresariales y familiares relacionada con Gilberto Villa Huerta, Venght Villa Herrero y Ángel Villa Herrero, este último identificado como aspirante político de Morena a la alcaldía de Huauchinango.
Ahora, además de los riesgos para los habitantes, las construcciones son objeto de investigaciones ambientales y denuncias federales por posibles afectaciones dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, una de las reservas ecológicas más importantes del país.
Lo anterior se desprende del reportaje “Cártel inmobiliario crece en bosque de Huauchinango”, publicado por el periódico nacional 24 Horas, en el que se advierte que estas y otras denuncias surgen de acciones comunitarias.
El medio, por ejemplo, aseguró que cuenta con documentación firmada por 362 habitantes de Patoltecoya, San Miguel y Michuca en las que también denuncian contaminación de cuerpos de agua, deterioro ambiental, modificaciones al entorno natural que han sido promovidas ante diferentes autoridades.
La zona natural protegida
La Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, en donde la familia Villa construyó dichos fraccionamientos, posee protección federal debido a su importancia ecológica.
El decreto que regula esta Área Natural Protegida establece restricciones expresas para cambios de uso de suelo forestal, desarrollos urbanos, tala comercial, expansión agrícola o ganadera y descargas de aguas residuales.
Sin embargo, la cartografía oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ubica diversos desarrollos habitacionales precisamente dentro del polígono protegido, revela el reportaje.
La situación encendió nuevamente las alertas de las autoridades ambientales. El pasado 10 de julio, la Semarnat confirmó que la Conanp detectó el inicio de nuevas construcciones dentro del área protegida.
Como resultado, la dependencia federal presentó denuncias formales en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución a la que corresponderá determinar responsabilidades administrativas, ambientales e incluso penales.
Entre otras cosas, la Profepa deberá analizar si existieron cambios ilegales de uso de suelo, si hubo construcciones sin autorización ambiental, el alcance del daño ecológico; las medidas de restauración necesarias; y las posibles sanciones administrativas.
Pero, dicha investigación no comenzó este año ni parte de cero.
El periódico 24 Horas revela que, de acuerdo con información oficial de la Semarnat, desde 2019 existen procedimientos abiertos por afectaciones ambientales dentro de la misma zona.
Uno de ellos corresponde al cambio ilegal de uso de suelo forestal para construir un hotel sobre aproximadamente mil 350 metros cuadrados. Aunque el reportaje no lo establece, se trata del Hotel Forest, construido por Ángel Villa.
Tras las inspecciones, Profepa impuso clausuras, sanciones y diversas medidas de restauración ambiental. Sin embargo, las resoluciones no fueron cumplidas.
Ante ello, en abril de 2024 se presentó una denuncia penal federal integrada en la carpeta FED/PUE/ZAC/000552/2024.
Posteriormente también fue detectada una planta trituradora de piedra operando dentro del Área Natural Protegida. Nuevamente el reportaje no lo menciona, pero se trata de una empresa propiedad del clan.
De hecho, existe un antecedente previo. En la Gaceta Ecológica número 31 de la Semarnat de 2018, se señala que Venght Villa Herrero, a través de la empresa Servicios Complementarios Lobo, buscó una licencia para explotar un banco piedra conocido como “calcita”, por 20 años, en esa zona.
El proyecto abarcaría una superficie de 2.5 hectáreas, de las cuales 1.5 hectáreas necesitaban ser cambiadas en su uso de suelo, lo cual afectaría al bosque mesófilo que allí existe.
Obviamente, la solicitud fue rechazada.
Ahora, el periódico 24 Horas revela que las autoridades federales, en 2019, realizaron inspecciones en la zona que derivaron en la suspensión de actividades y finalmente en el abandono de la obra.
Otro de los elementos más relevantes del caso proviene de una respuesta obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, emitida el 9 de marzo de 2026. En ella, la Semarnat confirmó que no localizó ninguna autorización federal a nombre de Gilberto Villa Huerta, el patriarca del clan; Angel Villa Herrero o Venght Villa Herrero.
Tampoco aparece ningún permiso o autorización para las tres empresas en las que los integrantes del clan aparecen como accionistas: Servicios Complementarios Lobo; Bau Green; Black Bunker y Conexiones Atlas.
El reportaje establece que la inexistencia de permisos se centra, principalmente, en manifiestos de impacto ambiental, para desarrollos inmobiliarios, construcción de fraccionamientos o cambio de uso forestal.
Esto resulta especialmente relevante porque cualquier desarrollo inmobiliario dentro de los terrenos forestales protegidos requiere autorizaciones federales independientes de los permisos municipales.
El negocio inmobiliario
El reportaje de 24 Horas da cuenta de la revisión de escrituras públicas, registros notariales y documentos del Registro Público de la Propiedad que revelan una serie de operaciones inmobiliarias entre integrantes de una misma familia.
Por ejemplo, Gilberto Villa Huerta adquirió y promovió diversos predios. Posteriormente aparecen operaciones donde su hija Venght Villa Herrero compra esos inmuebles. Más adelante ella figura como vendedora de viviendas a particulares.
Las ventas abarcan fraccionamientos como Vista Hermosa, Las Perlitas y en la junta auxiliar de Patoltecoya.
En uno de los casos documentados, Venght Villa Herrero vendió una vivienda ubicada en Cerrada de Azaleas número 1 mediante un crédito del Infonavit por aproximadamente 610 mil pesos.
Uno de los desarrollos más representativos es Vista Hermosa. La protocolización notarial del plano de lotificación del predio Buena Vista, promovida por Gilberto Villa Huerta en 2008, contemplaba: diez manzanas; 270 lotes; más de 31 mil metros cuadrados; áreas verdes; vialidades.
Con el paso del tiempo, la situación cambió radicalmente.
Años después, Protección Civil municipal comenzó a emitir dictámenes donde advertía que numerosas viviendas se encontraban ubicadas junto a barrancas; sobre laderas; cerca de taludes; en zonas inundables; con riesgo de derrumbes y deslizamientos.
Incluso, las advertencias oficiales derivaron en notificaciones oficiales de evacuación durante la temporada de lluvias o, de plano, el desalojo definitivo. En algunos casos, los oficios señalaban que quienes permanecieran en sus viviendas lo harían bajo su propia responsabilidad.
Para los vecinos, la contradicción resulta evidente. Las casas fueron construidas con autorización municipal, comercializadas legalmente y adquiridas mediante créditos hipotecarios. Hoy muchas de ellas aparecen catalogadas oficialmente como inmuebles en riesgo.
El papel del Ayuntamiento
En la historia del periódico 24 horas aparece otro personaje clave: Rogelio López Angulo, actual presidente municipal de Huauchinango, quien ocupó también ese cargo hace más de una década.
Fue hace más de 10 años cuando otorgó diversos permisos de construcción para fraccionamientos hoy considerados de riesgo.
Vecinos han denunciado públicamente que las viviendas presentan grietas; hundimientos; problemas estructurales; afectaciones por escurrimientos.
Hasta el momento no existe una explicación pública sobre los criterios técnicos utilizados para autorizar construcciones en esas zonas.
La investigación periodística también localizó documentos municipales relacionados con solicitudes de derribo de árboles promovidas por Gilberto Villa Huerta en Las Perlitas.
Sin embargo, la documentación consultada no acredita la existencia de autorización federal para realizar dichas intervenciones dentro del Área Natural Protegida.
La tala de vegetación forestal constituye una de las actividades reguladas por la legislación ambiental federal, particularmente cuando ocurre dentro de áreas protegidas.
