Nacho Juárez/Iván Rivera
El entorno político y familiar de Mario Riestra Piña acumula una ruta de opacidad en expedientes, contratos, compras, autorizaciones educativas, transferencias empresariales y líneas patrimoniales que en conjunto superan los mil 313 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de casos documentados en distintas etapas del viejo poder panista en Puebla.
La cifra se integra por varios bloques: 102 millones 179 mil 339 pesos relacionados con presuntas operaciones simuladas mediante empresas factureras durante el gobierno municipal de Antonio Gali Fayad; más de 460 millones de pesos vinculados con transferencias a MTR Force desde cinco empresas; y alrededor de 280 millones de pesos por la compra de mototractores en el morenovallismo.
A esto se suman otros 379 millones de pesos asociados al entorno de contratos de uniformes y calzado escolar en la Secretaría de Educación Pública estatal y 12.1 millones de pesos de una línea patrimonial reportada en Quintana Roo.
El hilo de estos casos pasa por personajes del mismo círculo político: Mario Riestra Piña, exsecretario general del Ayuntamiento de Puebla y hoy encargado de dirigir los destinos del PAN estatal; Rodrigo Riestra Piña, exsecretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; Patricia Vázquez del Mercado, exsecretaria de la SEP; Susana Piña Prieto, madre del clan; y Ricardo Fuentes Tedy -esposo de la diputada local plurinominal Susana Riestra Piña-, identificado en documentos mercantiles y reportes periodísticos como parte de sociedades y empresas conectadas con ese entorno.
Los expedientes no pertenecen a una sola dependencia ni a un mismo periodo: cruzan por el Ayuntamiento de Puebla durante el galismo, por programas rurales del morenovallismo, por la operación administrativa de la SEP estatal y por una red empresarial ubicada en la colonia La Paz, en Puebla, que volvió a colocar bajo revisión domicilios, relaciones familiares y transferencias millonarias.
La revisión cobra relevancia en el momento político actual porque el PAN poblano intenta reorganizarse rumbo a los próximos procesos electorales, mientras Mario Riestra busca colocarse como voz opositora frente al gobierno estatal. Sin embargo, detrás de ese reposicionamiento aparecen viejos expedientes que siguen sin una explicación pública.
Las factureras
Uno de los casos más concretos se ubica en el Ayuntamiento de Puebla durante la administración de Antonio Gali Fayad, periodo en el que Mario Riestra Piña se desempeñó como secretario general.
En 2021, el portal Sin Embargo reveló una denuncia de la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades de 102 millones 179 mil 339 pesos relacionadas con 98 empresas señaladas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). El caso correspondía al gobierno municipal de Gali y colocó bajo revisión pagos realizados con recursos públicos.
En esa información se mencionó a Mario Riestra como parte de la administración municipal, por el cargo que ocupaba en ese momento. También se reportó que la ASE había solicitado congelamiento de cuentas y una ruta de investigación patrimonial contra exfuncionarios ligados a ese periodo.
El monto observado y el número de empresas involucradas convirtieron el caso en uno de los expedientes más delicados del galismo, pues se trataba de casi un centenar de compañías señaladas por presunta simulación de operaciones.
La Secretaría General del Ayuntamiento no era un área menor dentro de la estructura municipal: desde esa posición Mario Riestra formaba parte del primer círculo político y administrativo del gobierno de Tony Gali.
Por eso, aunque el expediente no haya derivado en una sanción jurídica contra Mario Riestra, su paso por esa administración quedó ligado a un caso de alto impacto por el manejo de recursos municipales.
El expediente abrió preguntas que siguen sin una explicación de fondo: qué áreas validaron a las empresas, qué funcionarios revisaron los contratos, quién autorizó los pagos, qué controles internos existían para detectar proveedores irregulares y cómo se permitió que operaciones por más de 102 millones de pesos llegaran a una denuncia de la Auditoría.
El cochinero de Rodrigo Riestra
Otro bloque se ubica en el sector rural, donde aparece Rodrigo Riestra Piña. Durante el morenovallismo, el gobierno estatal realizó la compra y entrega de mototractores como parte de un programa que fue presentado como apoyo a productores del campo poblano.
La operación fue promovida como una medida para modernizar la actividad agrícola, pero con el paso de los años terminó bajo señalamientos por presunto sobrecosto, favoritismo hacia proveedores y falta de claridad en la documentación.
El universo cuantificable del caso se ha ubicado en alrededor de 280 millones de pesos por la compra de miles de unidades entre 2011 y 2012.
En torno a esa operación apareció el nombre de Roberto Arandia Gutiérrez, conocido como “El Rojo”, vinculado con el universo de MekaTech, la marca relacionada con los motocultores favorecidos en programas de la Secretaría de Desarrollo Rural.
El nombre de Arandia ya había aparecido antes en el entorno político del morenovallismo. En 2010, Grupo Comercom vendió insumos de campaña por 1.5 millones de pesos a la coalición que llevó a Rafael Moreno Valle al gobierno y entre esos insumos se incluyeron 30 mil sombrillas.
La ruta exhibió una conexión delicada entre campaña, proveedores y gobierno. Primero, un proveedor apareció en el contexto electoral del morenovallismo; después, volvió a ser mencionado en un programa público millonario relacionado con maquinaria para el campo.
El caso escaló cuando el gobierno de Miguel Barbosa informó públicamente que investigaba la compra de mototractores con presunto sobrecosto y señaló a Roberto Arandia Gutiérrez como uno de los personajes ligados a esa operación.
Con ello, el tema dejó de ser únicamente una revisión periodística sobre proveedores y pasó al terreno de las indagatorias públicas del gobierno estatal.
Rodrigo Riestra encabezó durante esos años la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial . Su nombre aparece dentro del contexto administrativo en el que se operaron programas productivos con recursos públicos, padrones de beneficiarios, compras de maquinaria y relación con proveedores.
En 2013, e-consulta reportó una cruenta lucha por el poder de la dependencia que concluyó con la salida de Julio Lorenzini en medio de diferencias con Rodrigo Riestra.
Ese antecedente agregó un elemento interno al análisis de la dependencia: la operación administrativa del área no estaba exenta de tensiones en el periodo en que se manejaban programas rurales de alto presupuesto.
La SEP de Patricia Vázquez
Por otro lado, el expediente de Patricia Vázquez del Mercado se concentra en la Secretaría de Educación Pública estatal, dependencia en la que estuvo a cargo durante el periodo panista y que acumuló señalamientos en dos frentes principales: los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios y los contratos de uniformes y calzado escolar.
En 2019, e-consulta reportó que Patricia Vázquez autorizó 4 de cada 10 RVOEs emitidos desde 2011. Posteriormente, MTP Noticias colocó su gestión como la de mayor número de reconocimientos, con un universo de 895 escuelas, 138 casos investigados, 132 irregularidades y 32 anulaciones confirmadas.
Los RVOEs son permisos que permiten a instituciones privadas de educación superior impartir programas educativos con reconocimiento oficial y su autorización implica revisar instalaciones, planes de estudio, personal académico, capacidad operativa y cumplimiento normativo.
La revisión posterior de esos permisos colocó a la SEP de esos años bajo cuestionamiento, toda vez que las cifras mostraron un volumen amplio de autorizaciones y una cantidad considerable de casos que tuvieron que ser investigados, corregidos o anulados.
El caso dejó preguntas sobre los criterios utilizados para otorgar reconocimientos, los filtros aplicados por la autoridad educativa y la supervisión interna de la dependencia durante la gestión de Patricia Vázquez.
Uniformes y calzado escolar
La segunda capa en el caso de la SEP corresponde a los contratos de uniformes y calzado escolar. En ese expediente aparece Óscar Chapa Palomeque, quien se desempeñó como exoficial mayor de la dependencia en la gestión de Patricia Vázquez y fue detenido por señalamientos relacionados con compras presuntamente irregulares y el universo de contratos ligado a este bloque se ha trabajado con una referencia de 379 millones de pesos.
Chapa Palomeque no era un funcionario secundario dentro de la dependencia, pues como oficial mayor, tenía una posición importante en la operación administrativa, compras, contratación de bienes y manejo de recursos.
Durante el gobierno de Miguel Barbosa también se habló de “otras personas involucradas”, lo que amplió el alcance político del caso, además el exmandatario cuestionó cómo se eligieron proveedores, quién validó los precios, qué áreas revisaron la documentación, qué controles internos existían y qué información llegaba a la titularidad de la dependencia.
Museo Internacional del Barroco
El Museo Internacional del Barroco no forma parte directa de la suma de los mil 313 millones de pesos, pero ayuda a explicar el modelo financiero del morenovallismo.
La obra fue presentada como un proyecto cultural de alto nivel, con diseño arquitectónico internacional y capacidad para proyectar a Puebla como destino turístico. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en uno de los símbolos de los compromisos financieros heredados por los gobiernos panistas.
En 2025, el gobierno de Puebla informó que el contrato implicaba una carga superior a 10 mil millones de pesos hacia 2039 y que ya se habían pagado más de 4 mil millones de pesos entre 2016 y mayo de 2025.
La administración de Alejandro Armenta presentó la terminación anticipada del contrato como una forma de acabar con el “saqueo presupuestal” del Barroco y sostuvo que las investigaciones por daño patrimonial continuaban.
En este punto, la información pública disponible no permite afirmar que Patricia Vázquez haya firmado personalmente el contrato. Sin embargo, el proyecto se ubica dentro del mismo periodo en el que la SEP figuró como dependencia contratante en 2014, cuando todavía no existía una Secretaría de Cultura autónoma, y cuando Vázquez del Mercado ya formaba parte de la órbita alta de esa dependencia antes de encabezarla.
MTR Force y la red empresarial de La Paz
El hecho más reciente se ubica en una red empresarial vinculada con MTR Force. En marzo del año pasado, El Heraldo de México publicó que esa empresa recibió más de 460 millones de pesos entre 2022 y 2024 de cinco compañías: MEDESA Medicamentos de Especialidad, INDO Constructora, Construcciones Modernas y Contemporáneas, Grupo Internacional Inmediato y DANKE Consultoría.
La misma publicación refirió representantes legales repetidos, relaciones familiares y un mismo inmueble en la colonia La Paz como nodo fiscal compartido. Entre los nombres que aparecen en esa red están Gabriel Paredes Tamayo, Araceli Morales Mino, Jaime Gabriel Paredes Morales y Ricardo Fuentes Tedy.
El caso tomó relevancia por la relación de Ricardo Fuentes Tedy con el entorno Riestra. El reportaje lo identificó como esposo de Susana Riestra Piña y como representante legal y administrador único de MEDESA Medicamentos de Especialidad.
En un documento del Registro Público de Comercio de Puebla de 2009, Ricardo Fuentes Tedy aparece como socio en la constitución de Corporación de Productores de Lácteos en Frío, S. de P.R. de R.L., junto con Mario Gerardo Riestra Piña y Susana del Carmen Riestra Piña.
En ese mismo documento, el consejo de administración quedó integrado con Ricardo Fuentes Tedy como presidente, Mario Riestra como tesorero y Susana Riestra como secretaria, además, el registro muestra una sociedad mercantil previa entre Fuentes Tedy y los Riestra desde 2009.
El documento del Registro Público también ubica el domicilio de Ricardo Fuentes Tedy en calle 5 Poniente 4906, Edificio C, Departamento 5, colonia La Paz, Puebla. Por otra parte, la página pública de Grupo Internacional Inmediato fija su contacto en Tehuacán Sur número 69, colonia La Paz, Puebla.
La red empresarial no solo presenta montos elevados, también reúne domicilios, representantes legales, parentescos y sociedades mercantiles que permiten trazar una ruta concreta de relaciones, en tanto que la colonia La Paz aparece como punto de conexión entre empresas y actores vinculados con el entorno Riestra.
El caso Quintana Roo y la mafia rusa
Por otro lado, la línea patrimonial ubicada en Quintana Roo agrega otro componente al expediente que rodea al grupo Riestra. De acuerdo con señalamientos difundidos desde 2024, integrantes del entorno familiar de Mario Riestra fueron relacionados con la adquisición de propiedades en zonas del Caribe mexicano, principalmente en Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún, con un valor conjunto estimado en 12.1 millones de pesos.
El 30 de abril de 2024, el periódico Hipócrita Lector reveló que, entre 2021 y 2023, Mario Riestra e integrantes de su familia adquirieron “cuatro propiedades en las exclusivas zonas de Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún, con un valor de 12.1 millones de pesos”, a través de “Luis Adrián Ibarra Ortega, un corredor inmobiliario en Quintana Roo, quien es ampliamente conocido en Quintana Roo no por su actividad comercial sino porque arrastra un oscuro pasado por sus vínculos con Florián Tudor, alias El Tiburón, líder de la mafia rumana en el paradisiaco estado del Caribe mexicano, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas, extorsión y tentativa de homicidio agravado”.
El señalamiento fue retomado después en el contexto de las acusaciones por presunto enriquecimiento inexplicable contra el dirigente panista y su familia.
En marzo del año pasado, medios nacionales reportaron que actores de Morena pidieron que la Unidad de Inteligencia Financiera revisara el caso y que Mario Riestra aclarara el origen de los bienes atribuidos a su entorno familiar.
