Iván Rivera
El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, denunció un presunto uso político de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado contra exgobiernos panistas; sin embargo, su defensa dejó fuera un punto: el caso del expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez, con quien mantiene una disputa política desde hace años. De hecho, la llegada de Riestra a la dirigencia estatal representó un reacomodo interno que desplazó al grupo yunquista ligado a Rivera de la toma de decisiones dentro del panismo poblano.
El posicionamiento del panista se centró en acusar que Morena busca golpear a Acción Nacional en municipios donde el blanquiazul mantiene fuerza electoral, como San Andrés Cholula y Cuautlancingo. Sin embargo, Riestra evitó profundizar en el caso de la capital, donde las observaciones alcanzan al exedil.
La omisión no es menor: mientras Riestra defendió de manera general a exediles panistas como Edmundo Tlatehui y Filomeno Sarmiento, no hizo una defensa frontal de Eduardo Rivera ni de su grupo político, pese a que Puebla capital también fue observada por la ASE por hasta mil 794.99 millones de pesos en el trienio.
“Los municipios donde Morena tiene más problemas en cuanto a intención de votos, posicionamiento, es donde atacan más a gestiones panistas. En San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Puebla están buscando culpar el desempeño de gobiernos panistas”, dijo.
Acusa uso “faccioso” de la ASE
Durante conferencia de prensa, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN sostuvo que las observaciones de la ASE contra gobiernos panistas no deben utilizarse como herramienta de persecución política.
Afirmó que el órgano fiscalizador está enfocando sus revisiones en municipios donde presuntamente Morena tendría problemas de posicionamiento electoral rumbo a 2027.
“Los municipios donde Morena tiene más problemas en cuanto a intención de votos, posicionamiento, es donde atacan más a gestiones panistas”, señaló.
Riestra también defendió que las observaciones todavía no son definitivas, pues dijo que los exayuntamientos cuentan con un periodo de 30 días para entregar documentación, aclarar gastos y tratar de solventar los pliegos emitidos por la Auditoría.
Sin embargo, el tamaño de los montos observados colocó al PAN en una posición incómoda: los expedientes revisados por la ASE involucran más de 3 mil 300 millones de pesos con observaciones entre 2022 y 2024 en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.
El caso que no quiso cargar
Aunque las observaciones de la cuenta pública 2024 corresponden formalmente al cierre de la administración de Adán Domínguez, el expediente también arrastra una lectura política ligada a Eduardo Rivera Pérez, quien estuvo a cargo del gobierno municipal de Puebla antes de pedir licencia para competir por la gubernatura.
Por eso, el caso de la capital no sólo toca a Adán Domínguez, sino al grupo político que gobernó el Ayuntamiento bajo el sello de Rivera Pérez.
Riestra, sin embargo, no colocó a Eduardo Rivera al centro de su defensa. Y ahí aparece el trasfondo interno del PAN: la relación entre ambos no ha sido tersa desde la derrota de 2024, cuando el panismo poblano entró en una disputa por el control del partido, con un reacomodo que terminó desplazando al grupo ligado a Rivera Pérez y al bloque yunquista de la toma de decisiones.
La llegada de Riestra a la dirigencia estatal fue un cambio de mando dentro del PAN poblano y el control que durante años mantuvo el grupo de Eduardo Rivera se debilitó, mientras otros cuadros panistas aprovecharon el desgaste electoral para tomar distancia de él.
San Andrés Cholula, el expediente
Uno de los municipios con montos más altos observados es San Andrés Cholula, que fue gobernado por el panista Edmundo Tlatehui Percino hasta 2024, último año del gobierno municipal, donde la ASE detectó 383 millones 099 mil 756 pesos entre probable daño patrimonial y solicitudes de aclaración.
Entre los señalamientos más relevantes se encuentran proyectos de infraestructura en los que la Auditoría habría requerido aclaraciones sobre permisos, estudios técnicos, documentación de contratistas, reportes de obra y comprobación del gasto.
De ese monto, 318 millones 924 mil 121 pesos fueron catalogados como probable daño patrimonial, mientras que 64 millones 175 mil 635 pesos quedaron como solicitudes de aclaración.
La revisión fue amplia: la Auditoría analizó una muestra de 548 millones 193 mil 047 pesos, equivalente al 91.35 por ciento del total auditable del municipio. En términos prácticos, revisó nueve de cada 10 pesos del ejercicio 2024 y encontró observaciones sobre casi el 70 por ciento de esos recursos.
Una de las principales observaciones fue por 33.1 millones de pesos en servicios profesionales, científicos y técnicos integrales que no quedaron suficientemente comprobados.
También fueron observados contratos por 11.8 millones de pesos adjudicados mediante invitación a tres personas y concursos por invitación, debido a inconsistencias en las constancias de proveedores no inhabilitados, pues fueron firmadas por los propios proveedores y no por una autoridad competente.
Cuautlancingo: Filomeno Sarmiento
Otro expediente delicado es el de Cuautlancingo, donde la administración de Filomeno Sarmiento Torres acumuló observaciones por aproximadamente 229 millones de pesos en la cuenta pública 2024.
Entre las principales observaciones atribuidas a su administración se encuentran señalamientos por adquisición de terrenos, ayudas sociales, apoyos a la enseñanza, servicios de limpieza, gasto en combustible y problemas en la entrega-recepción.
Aparece también la compra de terrenos por 45.8 millones de pesos, donde el municipio reportó adquisiciones, pero no entregó documentación suficiente para comprobar qué predios compró, cómo se pagaron y bajo qué procedimiento legal se realizaron las operaciones.
Otro punto observado fue el gasto de 24.6 millones de pesos en conceptos de orden social, donde, aunque el Ayuntamiento presentó parte de la documentación, la Auditoría concluyó que los expedientes no justificaban con claridad por qué se evitaron licitaciones públicas ni cuáles fueron los criterios técnicos para contratar de esa manera.
La ASE también detectó un posible daño patrimonial por 26.1 millones de pesos en combustible, debido a que no se comprobó plenamente la contratación del suministro, no se acreditó la capacidad económica de los proveedores y faltaron procedimientos de adjudicación por la mayor parte del monto observado.
A ello se suman 12 millones de pesos en servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales, donde el órgano fiscalizador señaló que el municipio tampoco justificó por qué evitó licitar, ni acreditó la capacidad técnica, legal y económica de los proveedores contratados.
