Nacho Juárez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicó a Puebla entre las 18 entidades del país que son proclives al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para fines delictivos, así como trata sexual, trabajo forzado, adopciones obligadas y explotación económica.
De acuerdo con el “Informe sobre desapariciones en México”, presentado este lunes por el organismo internacional, al corte de junio de 2025, en México había un registro de 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes, de las cuales 617 corresponden a la entidad poblana.
Según el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México -citado en el informe de la CIDH-, el reclutamiento para fines delictivos sería más proclive en 18 entidades federativas, entre las que se encuentra Puebla.
El documento, elaborado por la Secretaría de Gobernación federal, establece que, entre los 6 y 12 años de edad, el trabajo delictivo forzoso consiste en utilizarlos como mensajeros, obligarlos a persuadir a otros menores para explotación sexual comercial, halconeo y para el transporte de sustancias adictivas, este último conocido como “burros” o “mulas”.
Para el rango de 13 a 17 años, las actividades se extienden a atraer y captar a menores para su utilización en grupos delictivos y el crimen organizado, robo sin violencia; extorsión digital o vía telefónica; robo con violencia y uso de armas; coadyuvancia para el cobro de piso; vigilancia de casas de seguridad; producción y trasiego de drogas; venta de drogas y narcomenudeo; secuestro; sicariato y desaparición de cuerpo.
Los mecanismos, a través de los cuales los grupos criminales logran el reclutamiento de los menores, se encuentran en invitaciones a través de redes sociales y videojuegos; las amenazas directas o indirectas a través de familiares; las falsas promesas de ingresos y oportunidades de trabajo; retención de documentos a personas migrantes; privación de la libertad y la seducción para luego forzarlos a realizar actividades delictivas.
El Mecanismo Estratégico del Reclutamiento advierte que este problema está vinculado, además, con factores individuales como maltrato infantil, abandono, baja autoestima y depresión hasta abuso y explotación sexual y laboral; pasando por causas familiares como amigos involucrados en violencia, padres con adicciones y/o vinculados a grupos armados; problemas matrimoniales y violencia intrafamiliar, así como bajos ingresos y educativos.
A esto se suman factores grupales y sociales como la búsqueda de pertenencia, desconfianza hacia servidores públicos, socialización de grupos armados, falta de oportunidades, graves desequilibrios a causa de la desigualdad, entornos agresivos, actividades económicas ilícitas y desempleo.
Pese a la gravedad del asunto, en la actualidad no esta tipificado el reclutamiento de menores para actividades delictivas.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, advierte que en nueve estados se concentran los 18 mil 192 casos reportados como desapariciones de niños, niñas y adolescentes, en el que Puebla ocupa la octava posición con 617 reportes.
“La CIDH ha recibido información sobre retos ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes por la aplicación limitada de protocolos específicos para esta población y la falta de un enfoque comunitario e intercultural de la búsqueda”.
Incluso, puso como prueba el caso del niño Alexis S., de 3 años de edad, originario de Izhuapan, comunidad indígena de Zoquitlán, en la Sierra Negra.
“Sus representantes -expuso el organismo- indicaron que la familia habría sido intimidada durante las entrevistas conducidas por la Fiscalía. Asimismo, señalaron que el boletín de búsqueda no fue difundido inmediatamente en náhuatl de la Sierra Negra de Puebla, y que la búsqueda no se condujo con cercanía ni diálogo con integrantes de la comunidad”.
Para el Mecanismo Estratégico de la Segob, las principales amenazas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes provienen de los grupos delictivos que operan en Puebla: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Escisiones de los Zetas, escisiones de Los Beltrán Leyva y algunos grupos locales.
Pese al grave problema en este sector, la situación se radicaliza cuando se trata de niñas y adolescentes.
El reporte de la CIDH revela que, de los 18 mil 192 casos de desaparición de menores, el 51.35 por ciento (9 mil 342) se encuentra en el ámbito femenino.
Allí, el organismo detectó la incidencia en nueve estados: Estado de México (2,492), Ciudad de México (934), Tamaulipas (604), Jalisco (549), Nuevo León (518), Baja California (348), Puebla (382), Veracruz (334) y Tabasco (316).
“La desaparición de mujeres adolescentes, muchas veces no investigadas de modo adecuado, es preocupante y sugiere la persistencia de falta de equidad de género. En este sentido, el grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres (5.454) supera la desaparición de hombres (4.266); dado que, después de los 17 años, la desaparición de hombres cobra prevalencia nuevamente”, asienta el estudio.
Al abrirse la investigación a mujeres y niñas, los casos reportados ascienden a 29 mil 503 y la mayor concentración se ubica en el rango de 15 a19 años, con un total de 6 mil 141 desapariciones.
Si bien el informe advierte que las desapariciones de mujeres tienen su origen en causas multidimensionales, la CIDH cuenta con información para advertir la estrecha vinculación entre este problema y la violencia de género
“Se destaca especialmente la relación entre su desaparición con la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. En este patrón, las víctimas suelen ser captadas mediante engaños afectivos, también conocidos como grooming, a través de redes sociales, videojuegos o aplicaciones móviles. Este método permite aislarlas emocionalmente de sus redes familiares y facilita su sometimiento”.
Las mujeres, asienta el informe, “desaparecen para ser obligadas a realizar tareas domésticas para grupos criminales, mientras que otras son víctimas de adopciones ilegales o explotación económica”.
