Iván Rivera
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en municipios como Puebla capital, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, durante administraciones panistas, deben ser revisadas por las instancias competentes y en su caso, derivar en responsabilidades conforme a la ley, sin importar colores partidistas ni relaciones políticas.
Cuestionado sobre los probables daños patrimoniales y montos sin aclarar que la ASE documentó en las cuentas públicas de 2024 -223 millones de pesos en Puebla capital, 228 millones en Cuautlancingo y 383 millones en San Andrés Cholula-, así como por las observaciones que en conjunto rebasan los 3 mil 300 millones de pesos en esos tres municipios durante el periodo 2022-2024, el mandatario estatal sostuvo que la revisión de cuentas públicas corresponde al Congreso del Estado, a través de la ASE.
Armenta explicó que el Estado cuenta con órganos encargados de fiscalizar, investigar y dar seguimiento a posibles irregularidades, por lo que dijo que cualquier señalamiento debe conducirse por esa vía.
En el caso de las cuentas públicas municipales, precisó, la ASE tiene la facultad de revisar el ejercicio de recursos públicos de los Ayuntamientos.
“El Estado es un poder soberano y del Congreso del Estado se desprende la facultad para la revisión de las cuentas públicas de todos los entes”, señaló el gobernador al responder sobre si su administración pediría investigar más a fondo las observaciones contra administraciones panistas.
El mandatario evitó adelantar responsabilidades, pero manifestó en que la obligación de cualquier autoridad es permitir que se apliquen los procedimientos correspondientes.
Inclusive dijo que, cuando recibe reportes ciudadanos o señalamientos de posibles actos de corrupción por vías informales como mensajes telefónicos, los canaliza a la Secretaría Anticorrupción para que se revise el caso y no exista omisión de parte del Ejecutivo.
Armenta señaló que actualmente la comunicación directa con los poblanos permite que lleguen denuncias sobre posibles irregularidades en distintas áreas de gobierno.
Sin embargo, aclaró que estos señalamientos deben tratarse con responsabilidad y respetar la presunción de inocencia hasta que una autoridad competente determine si existe una falta administrativa o un delito.
De acuerdo con el gobernador, cuando los reportes corresponden al ámbito administrativo deben revisarse por los órganos internos de control de cada dependencia o municipio.
En cambio, si el asunto rebasa esa vía, puede corresponder a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, como en el caso de las cuentas públicas, a la ASE.
Armenta también envió un mensaje político, al señalar que la aplicación de la ley no debe depender de militancias, amistades o cercanía con autoridades estatales, como en su caso, la figura del gobernador.
En ese sentido, advirtió que ningún alcalde o exalcalde debe asumir que una relación política o partidista puede servir como protección ante posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
“Es rendición de cuentas, no es sacar una credencial de afiliación partidista de cualquier partido como se resuelve”, expuso.
El gobernador también recordó que desde hace un año se impulsó una campaña para llamar a presidentes municipales a que rindieran cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
Las declaraciones de Armenta se dan luego de que la ASE documentó observaciones millonarias en tres municipios gobernados por administraciones panistas durante 2024, justo antes del cambio de administración.
En Puebla capital, durante la administración municipal de Eduardo Rivera Pérez y posteriormente Adán Domínguez Sánchez, la Auditoría detectó 223 millones de pesos en probables daños patrimoniales y montos pendientes por aclarar sólo en 2024.
En Cuautlancingo, bajo el gobierno de Filomeno Sarmiento Torres, las observaciones de la ASE ascendieron a 228 millones de pesos en el mismo ejercicio fiscal.
Mientras que, en San Andrés Cholula, durante la administración de Edmundo Tlatehui Percino, el monto observado alcanzó los 383 millones de pesos.
En conjunto, las observaciones acumuladas entre 2022 y 2024 en estos tres municipios rebasan los 3 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de fiscalización
