Nacho Juárez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un total de 223.59 millones de pesos en posibles daños patrimoniales y montos sin aclarar en la cuenta pública 2024 del panista Adán Domínguez Sánchez al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Con este último resultado, los malos manejos financieros del gobierno municipal panista conformado por la dupla de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez ascienden a mil 794.99 millones de pesos, de los cuales 473.82 millones corresponden a presuntos daños patrimoniales y mil 321 millones montos por aclarar.
De acuerdo con el histórico de resultados de auditorías a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Puebla, en 2022, el primer año de gobierno de Eduardo Rivera, la ASE detectó irregularidades financieras por 423.4 millones: 45.6 millones en daño patrimonial y 380.5 millones en montos por aclarar.
Un año después, la cifra se disparó a mil 148 millones de pesos: 261.2 millones en daño patrimonial y 738.8 millones por aclarar su ejecución.
Para 2024, año en que el Ayuntamiento fue encabezado por Adán Domínguez debido a que Rivera Pérez se convirtió en el abanderado del PAN a la gubernatura, la Auditoría halló irregularidades financieras por 223 millones.
De ese universo, 167 millones corresponden a un posible daño patrimonial, aunque la principal anomalía se halla en la asignación de 41 contratos por 106 millones a medios de comunicación.
En informe Individual de Resultados, presentado este jueves por la ASE, asienta que la gestión panista no entregó la documentación probatoria y justificativa que avalara la asignación de esos contratos para los servicios de “creación de contenidos de difusión exclusiva por internet” y de “difusión por radio, televisión y otros medios del mensaje sobre programas y actividades gubernamentales”.
Le sigue, por monto económico, otro pliego de observaciones por 26.8 millones en el servicio en el contrato asignado a la empresa Arky Joma para el “servicio integral de mantenimiento de áreas permeables del municipio”, en el que se detectaron anomalías que van desde la ausencia de comprobantes fiscales por 12.4 millones hasta la ausencia de documentos que comprobaran las acciones, lugares y trabajos realizados por el proveedor, además de los reportes fotográficos georreferenciados de los meses de junio, julio y agosto.
En el caso de la gestión de Adán Domínguez, la auditoría advirtió que pese a incrementarse el monto del contrato no existen documentos en los que se informe o solicite la ampliación de la suficiencia presupuestal.
Arky Joma también se encuentra relacionada con otro presunto quebranto patrimonial en el contrato por 4.6 millones para la poda y derribo de árboles en el municipio de Puebla.
La ASE encontró irregularidades como la ausencia de documentación sobre las acciones, lugares y trabajos realizados por la empresa; que no existen los dictámenes de los árboles que fueron intervenidos que incluyera las especies a tratar, su ubicación y destino. A todo eso se sumó la falta de reportes fotográficos georreferenciados de los meses de julio y agosto.
Al igual que el otro contrato, el gobierno panista autorizó una ampliación en el monto del contrato sin cumplir con la petición de suficiencia presupuestal.
Otro presunto quebranto patrimonial fue el contrato multianual para el “arrendamiento de equipos multifuncionales” para diferentes dependencias del Ayuntamiento de Puebla, el cual fue otorgado a la empresa Lumo Financiera del Centro, por un monto de 8.02 millones.
Allí, la auditoría no halló documentos relativos a pólizas contables ni presupuestales, comprobantes fiscales por internet, además las bases de datos sobre incidencias e inventario de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
La Comuna panista, por su parte, emitió solicitudes de suficiencia presupuestal que no coinciden con los montos contratados.
Un caso más fue el presunto daño patrimonial por 6.6 millones en el contrato de limpieza de diferentes inmuebles del Ayuntamiento de Puebla, otorgado a la empresa Clean Pro SA de CV. La ASE comprobó que, de entrada, las autoridades no realizaron el trámite para solicitar la suficiencia presupuestal; tampoco existen pólizas contables ni presupuestales de pagos por 3.4 millones, lo mismo que comprobantes fiscales.
La empresa, a su vez, no entregó bitácoras de asistencia de su personal de limpieza ni reportes fotográficos que justificaran los trabajos.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la ASE emitió un pliego de observaciones por un monto de 5.1 millones para la dotación de alimentos para personal en formación, contrato asignado a Aroma Event Planner. Entre las anomalías están el pago de 3 millones sin que se emitieran polizas contables ni fiscales, se omitió el pago del impuesto del 5 al millar y un comprobante fiscal por 200 mil 409 pesos fue cancelado sin justificación.
La empresa, además, no entregó evidencia fotográfica georreferenciada de los servicios prestados en mayo y julio.
Respecto al contrato para “servicio de mantenimiento de bancas y herrería de los espacios públicos del municipio de Puebla”, la Auditoría emitió observaciones por un presunto daño patrimonial por 4.3 millones.
Entre las irregularidades detectadas están la inexistencia de “pólizas contables y presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, solicitudes de pago, comprobantes de pago, comprobantes de pago de la retención del 5 al millar”, así como los reportes mensuales fotográficos georreferenciados que indiquen el antes, durante y término de los trabajos.
Por último, la ASE halló por segundo año consecutivo dos presuntos daños patrimoniales en la contratación de la empresa Remedios Producciones y Asociados. El primer caso se trata del contrato asignado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, por 3.7 millones.
Allí, la auditoría encontró que la empresa no presentó documentación básica para la firma del contrato como la identificación oficial del representante legal, comprobante domiciliario, el registro al padrón de proveedores y la constancia de no inhabilitado.
Pese a que la empresa no presentó ninguna propuesta económica sobre los servicios que brindaría, las autoridades municipales le entregaron el contrato.
Por su parte, la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana también otorgó un contrato por 1.9 millones Remedios Producciones. Tras la auditoría realizada se detectó la inexistencia de pólizas contables y presupuestales, comprobantes de pago y comprobantes fiscales, así como la evasión del pago del impuesto del 5 al millar.
Lo peor es que la ASE determinó que el contrato fue entregado sin que hubiera constancia de requisiciones, bases de licitación y documentos que acrediten la capacidad económica, técnica y legal de dicha empresa.
