Staff Hoja de Ruta
Los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula involucrados en la presunta brutalidad policiaca en la detención de una madre de familia, en la que también habrían agredido a dos menores edad, carecerían del Certificado Único Policial (CUP) completo en sus diferentes etapas de evaluación, capacitación y certificación.
Lo anterior fue revelado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, Andrés Villegas Mendoza, quien advirtió -citando a fuentes consultadas- que de comprobarse esa irregularidad estaríamos frente a una “falla de gobierno” y “la investigación tendría que extenderse a los responsables de autorizar y mantener a dichos elementos en funciones. Y las miradas apuntan directamente a (a la presidenta municipal Guadalupe) Cuautle como titular del gobierno municipal”.
🚨📹 San Andrés #Cholula pasa de la brutalidad policial a la revictimización digital
Tras la filtración de un video grabado por policías municipales, una madre detenida en el #ParqueIntermunicipal volvió a ser expuesta en redes, ahora entre insultos misóginos, criminalización y… pic.twitter.com/OpZG4xAKNd
— Hoja de Ruta (@Hoja_RutaX) June 15, 2026
En su artículo “Niños llorando, policías sin certificar y alcaldesa que no da la cara”, publicado en el portal Ambas Manos, el legislador local explicó que la detención de Ariana N, ocurrida el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal, abrió el debate público sobre la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad sanandreseños.
“Y lo que ha salido a la luz es grave: uno de los puntos centrales de la denuncia es que los elementos que participaron en la detención presuntamente no contaban con el Certificado Único Policial completo en sus diferentes etapas de evaluación, capacitación y certificación”, añadió.
El CUP forma parte de los requisitos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece la obligatoriedad de todos los elementos policiales a someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente su certificación.
Los artículos 22 fracción IX, 96 y 97 de dicha ley establece que el CUP incluye requisitos como la aprobación del Control de Confianza, Formación inicial o equivalente, Evaluación de competencias básicas o profesionales y Evaluación del Desempeño.
En su artículo, Andrés Villegas Mendoza advirtió que irónicamente la alcaldesa del PAN Guadalupe Cuautle Torres “se ufanaba hace apenas unos meses de su trabajo en seguridad”. En febrero, añadió, aseguraba que su administración había realizado 18 capacitaciones y 115 controles de confianza como parte de la estrategia para profesionalizar a la policía municipal
“¿Entonces cómo es que los elementos que sometieron a esta mujer no tendrían la certificación en regla?”, cuestionó.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también establece una sanción de dos a ocho años de prisión, a quien “inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, como integrante de una institución de Seguridad Pública a persona que no cuente con la certificación o a sabiendas de que la certificación es ilícita”.
Así como a quien “asigne nombramiento de policía, agente del Ministerio Público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley”.
En su escrito, el legislador remató: “La Fiscalía General del Estado abrió un expediente de atención temprana y la Comisión de Derechos Humanos aperturó una queja con carácter de urgente. Este 14 de junio, la CDH informó el inicio de tres expedientes de queja para determinar si existieron posibles violaciones a derechos humanos. El Estado está actuando. Lo que no se ve es a la alcaldesa”.
