Nacho Juárez
Alrededor de 152 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula operan de manera irregular al no contar con los requisitos de certificación que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), reveló el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
La información fue revelada por el funcionario estatal tras el escándalo y condena pública por la presunta brutalidad policiaca en que incurrieron los policías sanandreseños en la detención de una madre de familia, identificada como Ariana N, y sus dos hijos menores de edad, el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal.
🚨‼️Confirmado: 152 policías municipales de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) operan irregularmente al no contar con la acreditación que establece Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Samuel Aguilar Pala (@aguilar_pala_S), secretario de Gobernación estatal (@Segob_Puebla),… pic.twitter.com/uSrbhQpChY
— Nacho Juárez (@ignacio_angel) June 15, 2026
Aguilar Pala hizo un enérgico exhorto al gobierno municipal, encabezado por la panista Guadalupe Cuautle Torres, para que acate los protocolos establecidos para la detención de personas. Indicó que, “si bien había un cierto riesgo” por la actitud asumida por la madre de familia, quedó en evidencia que la policía de San Andrés Cholula vulneró no solo la integridad de Ariana N sino también de los menores de edad.
“Le toca a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos actuar con base a la normatividad y a la ley vigente”, aseveró.
Samuel Aguilar Pala también aprovechó para informar que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene a 152 policías municipales que no están regularizados, es decir, que carecen de todos los requisitos establecidos por la LGSNSP para alcanzar su certificación.
“Exhortamos a la autoridad a que regularicen el estado que guardan sus elementos para estar en orden y estar actuando conforme a la ley”, puntualizó.
La ausencia de certificación
El primero en abordar la inexistencia del Certificado Único Policial (CUP) por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio fue el legislador Andrés Villegas Mendoza.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del estado advirtió que la detención de Ariana N abrió el debate público sobre la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad sanandreseños.
“Y lo que ha salido a la luz es grave: uno de los puntos centrales de la denuncia es que los elementos que participaron en la detención presuntamente no contaban con el Certificado Único Policial completo en sus diferentes etapas de evaluación, capacitación y certificación”, añadió.
En su artículo “Niños llorando, policías sin certificar y alcaldesa que no da la cara”, publicado en el portal Ambas Manos, el legislador local sostuvo que de comprobarse la ausencia del CUP de los policías sanandreseños estaríamos frente no a un problema técnico sino a una “falla de gobierno”.
“La investigación -aseveró- tendría que extenderse a los responsables de autorizar y mantener a dichos elementos en funciones. Y las miradas apuntan directamente a (la presidenta municipal) Guadalupe Cuautle como titular del gobierno municipal”, expuso.
El CUP forma parte de los requisitos de la LGSNSP, la cual establece la obligatoriedad de todos los elementos policiales del país a someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente su certificación.
Los artículos 22 fracción IX, 96 y 97 de dicha ley establece que el CUP incluye requisitos como la aprobación del Control de Confianza, Formación inicial o equivalente, Evaluación de competencias básicas o profesionales y Evaluación del Desempeño.
En su artículo, Andrés Villegas Mendoza advirtió que irónicamente la alcaldesa del PAN Guadalupe Cuautle Torres “se ufanaba hace apenas unos meses de su trabajo en seguridad”. En febrero, añadió, aseguraba que su administración había realizado 18 capacitaciones y 115 controles de confianza como parte de la estrategia para profesionalizar a la policía municipal
“¿Entonces cómo es que los elementos que sometieron a esta mujer no tendrían la certificación en regla?”, cuestionó.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también establece una sanción de dos a ocho años de prisión, a quien “inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, como integrante de una institución de Seguridad Pública a persona que no cuente con la certificación o a sabiendas de que la certificación es ilícita”.
Así como a quien “asigne nombramiento de policía, agente del Ministerio Público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley”.
En su escrito, el legislador remató: “La Fiscalía General del Estado abrió un expediente de atención temprana y la Comisión de Derechos Humanos aperturó una queja con carácter de urgente. Este 14 de junio, la CDH informó el inicio de tres expedientes de queja para determinar si existieron posibles violaciones a derechos humanos. El Estado está actuando. Lo que no se ve es a la alcaldesa”.
