Nacho Juárez
La difusión indebida de videos por parte de la Policía Municipal de San Andrés Cholula llevó a la Comisión de Derechos Humanos (CHD) del Estado de Puebla a iniciar de oficio una cuarta queja en contra del gobierno de la panista Guadalupe Cuautle Torres.
Los videos filtrados por la corporación sanandreseña recogen imágenes posteriores a la detención de Ariana del Pilar, el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal, cuando es trasladada, en diferentes momentos, a bordo de dos patrullas municipales y cuando se encontraba en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Allí, se observa el momento en que la madre de familia asegura tener contactos con personas vinculadas con el crimen organizado en Veracruz. En la grabación se escucha el nombre de José Antonio N, aspirante del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Juan Bautista Tuxtepec y a quien la detenida identifica con el apodo de “El Contador” y lo vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ante la viralización que alcanzaron los videos filtrados por la Policía Municipal, José Antonio N emitió un comunicado en el que calificó como “falsos, muy delicados y fuera de toda lógica” los señalamientos que aparecen en el audiovisual que, además, atentan y exponen la integridad de su familia y equipo de trabajo.
“Me pronuncio en contra de todo señalamiento y niego categóricamente cualquier vínculo con las personas o hechos mencionados en este video que circula en las redes sociales y rechazo cualquier información especulativa que ponga en riesgo mi integridad y la de mi familia”, asienta en el texto.
Para la CDH Puebla la difusión de los videos no solo fue indebida, sino que en el caso de José Antonio N implicaría la vulneración a sus derechos al honor, a la propia imagen, a la vida privada, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.
Ante esa situación inició la cuarta queja contra el gobierno de la panista Guadalupe Cuautle.
La primera investigación iniciada por el organismo correspondió al “probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la intervención policial” el pasado 11 de junio y que contravendría “la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública, así como a las normativas y protocolos aplicables”.
También se inició una queja ante las presuntas vejaciones sufridas por los dos hijos menores de edad de Ariana N, quienes se encontraban al momento de la detención. La institución detectó la “inobservancia de las autoridades municipales al interés superior de la niñez como deber reforzado de protección, derivado de la falta de aplicación de protocolos y la presunta vulneración a la preservación de la intimidad, en términos del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Finalmente, la CDH inició una investigación por la “difusión pública indebida de imágenes y videograbaciones” por parte de la Policía Municipal, así como “la divulgación de datos personales, conductas que transgreden derechos fundamentales como: la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen”.
La filtración de los videos desencadenó en un linchamiento digital y una campaña de odio contra Ariana N.
📑Posicionamiento de la #CDHPuebla sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos de una familia en San Andrés Cholula pic.twitter.com/MwE84ldBZW
— CDH Puebla (@CDHPuebla) June 14, 2026
