Dulce Gómez/ @dulcgomez
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación relacionadas con la crisis política que enfrenta el municipio de Acatlán de Osorio, informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sobre una posible injerencia e grupos criminales que operan en la franja limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
El mandatario explicó que las investigaciones buscan esclarecer los hechos que han derivado en la confrontación política dentro del ayuntamiento, luego de que la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, denunciara públicamente amenazas y señalara a presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Rojos” de estar detrás de acciones encaminadas a desestabilizar su administración.
Armenta rechazó las versiones que apuntan a una supuesta protección de su gobierno hacia la alcaldesa o hacia grupos criminales. En ese sentido, respondió a las declaraciones de la diputada local priista Delfina Pozos, a quien pidió actuar con responsabilidad al abordar un tema que involucra la seguridad de la región.
El gobernador recordó que la zona sur del estado enfrenta condiciones complejas en materia de seguridad, por lo que insistió en permitir que las autoridades ministeriales desarrollen las investigaciones correspondientes antes de emitir conclusiones.
Por separado, el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que la presidenta municipal ya cuenta con medidas de protección, debido a las amenazas que denunció públicamente.
El funcionario estatal reconoció que las acusaciones realizadas por la alcaldesa implican riesgos para su integridad; sin embargo, consideró importante que este tipo de situaciones sean denunciadas y no permanezcan ocultas.
Asimismo, señaló que corresponde a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades de servidores públicos o posibles nexos con organizaciones delictivas, aunque admitió que las indagatorias contemplan la presunta participación de grupos criminales en el conflicto.
Aguilar Pala añadió que el gobierno estatal mantiene abiertos canales de diálogo con los distintos actores involucrados para evitar que la situación escale. Incluso, indicó que una eventual integración de un Concejo Municipal podría analizarse únicamente como una medida extraordinaria, en caso de que no se logren acuerdos entre autoridades, regidores y habitantes del municipio.
El conflicto se intensificó luego de que integrantes del Cabildo aprobaran la destitución del secretario de Seguridad Pública municipal y del secretario general del Ayuntamiento, argumentando presuntas irregularidades administrativas. En respuesta, la alcaldesa sostuvo que dichas decisiones obedecen a intereses particulares y se realizaron al margen de los procedimientos legales establecidos.
