La presidenta pidió a Semarnat informar sobre las investigaciones por conjuntos habitacionales construidos dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; Morena Puebla respalda la revisión federal y abre la puerta a evaluar las aspiraciones de Ángel Villa Herrero
Staff Hoja de Ruta
En Huauchinango, el bosque y el concreto libran una batalla desigual.
En las montañas de la Sierra Norte de Puebla, donde la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa constituye uno de los territorios naturales protegidos por la Federación, cientos de viviendas en tres colonias del municipio de Huauchinango fueron levantadas en un paisaje que alguna vez fue vendido como un privilegio: casas rodeadas de árboles, lejos del ruido urbano y con la naturaleza como telón de fondo.
Hoy, para los habitantes de Vista Hermosa, Las Perlitas y de la junta auxiliar de Patoltecoya, ese paisaje dejó de ser una postal.
Durante la temporada de lluvias aparecen las notificaciones de Protección Civil. Desalojar. Evacuar. Abandonar temporalmente las viviendas. En algunos casos, permanecer bajo responsabilidad de los propios habitantes debido a que se encuentran a punto de caerse por haber sido construido a un costado de laderas.
Las casas tienen escrituras. Algunas fueron adquiridas mediante créditos hipotecarios, incluso de Infonavit. Muchas fueron construidas con permisos municipales.
Pero ahora varias aparecen bajo la lupa de las autoridades por una razón mucho más profunda: posibles afectaciones ambientales y desarrollos inmobiliarios construidos sin ningún tipo de permiso federal dentro de un Área Natural Protegida.
El caso dio hace unos días un giro dramático.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informar sobre la existencia de investigaciones relacionadas con la construcción de conjuntos habitacionales dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, en Huauchinango.
La instrucción presidencial modificó la dimensión del conflicto, pues lo que durante años pudo parecer un problema local de permisos, fraccionamientos y crecimiento urbano ahora está bajo la atención del Gobierno federal.
Y detrás de ese expediente aparece una familia: los Villa.
El nombre de Gilberto Villa Huerta, Venght Villa Herrero y Ángel Villa Herrero aparece relacionado, de acuerdo con investigaciones periodísticas, con operaciones inmobiliarias, empresas y desarrollos ubicados en la zona.
Ángel Villa Herrero, además, tiene una dimensión política que vuelve todavía más incómodo el expediente: busca convertirse en presidente municipal de Huauchinango bajo las siglas de Morena.
Y es precisamente aquí donde la postura de Morena Puebla cobra relevancia.
Alfonso Bermúdez Ruiz, representante de Morena Puebla ante los órganos electorales, fijó una posición que coloca al partido frente a una prueba política.
El mensaje fue de respaldo a la Presidencia de la República y de exigencia para que las autoridades ambientales investiguen. “No podemos permitir irregularidades”, sostuvo.
El representante morenista llamó a la Secretaría de Medio Ambiente federal a realizar las investigaciones pertinentes y expresó su confianza en que se llevará a cabo una revisión plena para deslindar responsabilidades.
Pero la frase más contundente llegó cuando se refirió directamente a la posibilidad de que existan responsables: “No vamos a encubrir a nadie”, afirmó.
La postura partidista tiene una consecuencia inmediata.
Si Ángel Villa Herrero mantiene aspiraciones políticas, explicó Bermúdez Ruiz, su situación tendrá que ser considerada dentro del proceso interno de selección de candidaturas.
Morena, recordó, mantiene abierto un procedimiento para elegir candidatos y cuenta con una Comisión Evaluadora que deberá analizar los elementos disponibles antes de tomar decisiones.
Así, la investigación ambiental puede terminar teniendo una consecuencia política.
Las andanzas del Cártel Inmobiliario
¿Existen investigaciones federales por los desarrollos habitacionales construidos dentro del Área Natural Protegida? La respuesta, de acuerdo con la documentación dada a conocer por el periódico 24 Horas, es sí.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas detectó el inicio de nuevas construcciones dentro del área protegida y que, el pasado 10 de julio, se informó sobre denuncias presentadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El expediente federal deberá determinar, entre otros puntos, si existieron cambios ilegales de uso de suelo, construcciones sin autorización ambiental, cuál fue la magnitud del daño ecológico, qué medidas de restauración deben aplicarse y qué sanciones podrían corresponder.
Pero hay un dato que vuelve más inquietante la historia: la investigación no comenzó en 2026.
De acuerdo con la información atribuida a Semarnat, desde 2019 existen procedimientos relacionados con afectaciones ambientales dentro de la misma zona.
Uno de ellos corresponde al cambio de uso de suelo forestal para la construcción de un hotel sobre aproximadamente mil 350 metros cuadrados. Se trataría del Hotel Forest, construido por Ángel Villa.
Tras las inspecciones, Profepa habría impuesto clausuras, sanciones y medidas de restauración ambiental, reveló el reportaje de 24 Horas.
Pero las resoluciones, según la investigación, no fueron cumplidas. El asunto escaló entonces de la esfera administrativa a la penal. En abril de 2024 se presentó una denuncia penal federal integrada en la carpeta FED/PUE/ZAC/000552/2024.
A ese expediente se suma otro capítulo.
Dentro del Área Natural Protegida fue detectada una planta trituradora de piedra que, según la investigación periodística retomada en el documento, estaría vinculada con el mismo grupo familiar.
El antecedente se remonta a 2018.
La Gaceta Ecológica número 31 de Semarnat registró entonces que Venght Villa Herrero, a través de la empresa Servicios Complementarios Lobo, buscó autorización para explotar durante 20 años un banco de piedra conocido como “calcita”.
El proyecto contemplaba una superficie de 2.5 hectáreas, de las cuales 1.5 requerían cambio de uso de suelo.
El problema ambiental era evidente: la intervención afectaría al bosque mesófilo existente en la zona.
La solicitud fue rechazada.
Posteriormente, autoridades federales realizaron inspecciones que derivaron en la suspensión de actividades y finalmente en el abandono de la obra.
Sin permisos
Uno de los elementos más delicados del expediente proviene de una respuesta obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, fechada el 9 de marzo de 2026.
Según esa respuesta, Semarnat informó que no localizó autorizaciones federales a nombre de Gilberto Villa Huerta, Ángel Villa Herrero o Venght Villa Herrero, para el desarrollo de viviendas en Las Perlitas, Buena Vista y Patoltecoya.
Tampoco aparecen registros a favor de las empresas Servicios Complementarios Lobo, Bau Green, Black Bunker y Conexiones Atlas, en las que el Clan Villa tiene participación accionaria.
Es decir, no existirían permisos relacionados con manifestaciones de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios, construcción de fraccionamientos y cambios de uso de suelo forestal.
El reportaje de 24 Horas da cuenta de la revisión de escrituras públicas, registros notariales y documentos del Registro Público de la Propiedad que revelan una serie de operaciones inmobiliarias entre integrantes de una misma familia.
Por ejemplo, Gilberto Villa Huerta adquirió y promovió diversos predios. Posteriormente aparecen operaciones donde su hija Venght Villa Herrero compra esos inmuebles. Más adelante ella figura como vendedora de viviendas a particulares.
Las ventas abarcan fraccionamientos como Vista Hermosa, Las Perlitas y en la junta auxiliar de Patoltecoya.
En uno de los casos documentados, Venght Villa Herrero vendió una vivienda ubicada en Cerrada de Azaleas número 1 mediante un crédito del Infonavit por aproximadamente 610 mil pesos.
Uno de los desarrollos más representativos es Vista Hermosa. La protocolización notarial del plano de lotificación del predio Buena Vista, promovida por Gilberto Villa Huerta en 2008, contemplaba: diez manzanas; 270 lotes; más de 31 mil metros cuadrados; áreas verdes; vialidades.
Con el paso del tiempo, la situación cambió radicalmente.
Años después, Protección Civil municipal comenzó a emitir dictámenes donde advertía que numerosas viviendas se encontraban ubicadas junto a barrancas; sobre laderas; cerca de taludes; en zonas inundables; con riesgo de derrumbes y deslizamientos.
Incluso, las advertencias oficiales derivaron en notificaciones oficiales de evacuación durante la temporada de lluvias o, de plano, el desalojo definitivo. En algunos casos, los oficios señalaban que quienes permanecieran en sus viviendas lo harían bajo su propia responsabilidad.
El Ayuntamiento
En la historia aparece otro personaje clave: Rogelio López Angulo, actual presidente municipal de Huauchinango, quien ocupó también ese cargo hace más de una década.
Fue hace más de 10 años cuando otorgó diversos permisos de construcción para fraccionamientos hoy considerados de riesgo.
Vecinos han denunciado públicamente que las viviendas presentan grietas; hundimientos; problemas estructurales; afectaciones por escurrimientos.
Hasta el momento no existe una explicación pública sobre los criterios técnicos utilizados para autorizar construcciones en esas zonas.
La investigación periodística también localizó documentos municipales relacionados con solicitudes de derribo de árboles promovidas por Gilberto Villa Huerta en Las Perlitas.
Sin embargo, la documentación consultada no acredita la existencia de autorización federal para realizar dichas intervenciones dentro del Área Natural Protegida.
La tala de vegetación forestal constituye una de las actividades reguladas por la legislación ambiental federal, particularmente cuando ocurre dentro de áreas protegidas.
