Dulce Gómez | @dulcgomez
“Se ha destapado la cloaca de la mafia electoral en nuestro país”, afirmó el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, al referirse a las investigaciones federales sobre una presunta red de empresas que habría concentrado contratos para suministrar materiales y servicios a las autoridades electorales.
El funcionario sostuvo que la administración estatal colaborará con las instancias fiscalizadoras para revisar las contrataciones efectuadas en Puebla y esclarecer posibles irregularidades administrativas y financieras. De acuerdo con los registros presentados, los convenios relacionados con estas empresas suman alrededor de 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Durante una rueda de prensa, García Parra retomó los señalamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la existencia de una estructura de proveedores que habría operado durante diferentes administraciones y que, según los antecedentes expuestos, incrementó sus operaciones durante el periodo en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
El coordinador de Gabinete detalló que, con base en información de CompraNet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2014 y 2023 se identificaron contratos por 49.4 millones de pesos en Puebla con empresas vinculadas al suministro de material electoral. A esta cantidad se suman los 129.7 millones de pesos correspondientes al periodo 2024-2025.
La suma de ambos periodos representa aproximadamente 179.1 millones de pesos en contrataciones que, señaló, deben revisarse para determinar si se ajustaron a la normatividad y si existieron prácticas irregulares.
Por ello, el Gobierno de Puebla manifestó su respaldo a una revisión integral y ofreció colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de que las investigaciones permitan identificar posibles responsabilidades y, en caso de comprobarse irregularidades, proceder conforme a la ley.
A nivel nacional, los antecedentes presentados por García Parra contemplan operaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos durante un periodo de 27 años. En este esquema se habrían identificado al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores, que participaron en procedimientos de contratación de organismos electorales.
El funcionario señaló que las indagatorias deben reconstruir el funcionamiento de esta red, conocer cómo se asignaron los contratos y determinar quiénes intervinieron, sin limitar la revisión a una sola administración o periodo de gobierno.
También planteó que se hagan públicos los contratos correspondientes a procesos electorales anteriores del Instituto Electoral del Estado (IEE), con la finalidad de que exista información disponible sobre los recursos destinados a la organización de las elecciones en Puebla.
García Parra aseguró que el Gobierno estatal colaborará para que los comicios del próximo 6 de junio de 2027 se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, confianza y certeza, además de garantizar que se respete la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.
“La certeza, el gobierno del estado absolutamente va a colaborar para que la elección del 6 de junio de 2027 se viva con tranquilidad, confianza, con certeza, para que se garantice que la voluntad popular se respete, que lo que suceda en las urnas es lo más importante”, expresó.
El posicionamiento del Gobierno de Puebla también contempla el respaldo a las investigaciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en las instituciones electorales.
Entre las medidas planteadas a nivel federal se encuentran ampliar la vigilancia de los procedimientos de contratación, incorporar la participación de instituciones académicas, revisar los mecanismos de adquisición, promover la participación de proveedores nacionales y fortalecer Talleres Gráficos para incrementar la producción de materiales electorales con participación del Estado mexicano.
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, explicó que la administración estatal digitalizó los trámites para el registro de proveedores, con el objetivo de reducir el contacto directo entre empresas y funcionarios, así como limitar posibles espacios de discrecionalidad o favoritismo.
Detalló que este mecanismo permite verificar que las compañías interesadas en contratar con el Gobierno estatal acrediten su capacidad técnica y financiera, además de cumplir con los requisitos legales establecidos.
Añadió que los órganos internos de control participan en la supervisión de los procedimientos de licitación y en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Finalmente, Espidio informó que, como parte de las acciones de control y combate a la corrupción, 315 personas servidoras públicas han sido destituidas de la administración estatal por irregularidades.
