Dulce Gómez | @dulcgomez
El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que vigilará que ningún organismo sea utilizado para perseguir políticamente a exfuncionarios ni para evadir responsabilidades por el manejo de recursos públicos. Además, anunció que se reunirá en los próximos días con el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, tras la sanción e inhabilitación que le impuso el Tribunal de Justicia Administrativa.
En medio de la controversia por la resolución contra el exedil panista, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, rechazó que exista intervención del Gobierno estatal en el procedimiento y sostuvo que las observaciones sobre el ejercicio de recursos públicos deben atenderse sin importar la filiación partidista o el contexto electoral.
“Nosotros no perseguimos a nadie”, afirmó el funcionario, quien recordó que desde 2025 el gobernador invitó públicamente, en al menos tres ocasiones, a presidentes y expresidentes municipales a acudir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar sus expedientes y solventar las observaciones pendientes.
En rueda de prensa, García Parra subrayó que el Gobierno estatal no interviene ni tiene injerencia en las resoluciones de los organismos autónomos, por lo que consideró infundados los señalamientos de persecución política en el caso de Rivera Pérez.
“Se me hace raro que los partidos de oposición sean o atrevidos o ignorantes. Porque el Poder Judicial del Estado no es el Gobierno del Estado, el Poder Judicial del Estado es un organismo autónomo como la Fiscalía, como el Congreso, y el Gobierno del Estado no tiene nada que ver”, expresó.
Explicó que, tras las invitaciones del mandatario, la ASE otorgó una prórroga y notificó a los exalcaldes que tenían observaciones para que presentaran la documentación correspondiente y atendieran sus procedimientos, con el propósito de evitar que posteriormente denunciaran una persecución política.
“Se les invitó, ‘vayan a la Auditoría Superior del Estado, atiendan sus pendientes de auditorías’, precisamente para evitar que después señalaran que era una persecución política”, recordó.
El coordinador de Gabinete también cuestionó que la cercanía de un proceso electoral pretenda convertirse en un argumento para evadir responsabilidades administrativas o fiscales.
Sobre la resolución contra Eduardo Rivera, aclaró que desconoce los elementos específicos que llevaron al Tribunal a emitirla; sin embargo, puntualizó que se trata de una determinación de primera instancia, por lo que el exalcalde tiene derecho a impugnarla y continuar con su defensa jurídica.
“El caso del expresidente Eduardo Rivera, desconozco los elementos por los que hayan emitido esta resolución, es una primera instancia, debe impugnar, debe seguir su procedimiento”, señaló.
De acuerdo con versiones periodísticas, Rivera Pérez enfrenta una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos municipales, por un presunto abuso de funciones relacionado con su cuenta pública de 2022.
En el mismo caso se reportó una sanción contra Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración municipal, consistente en una multa de 10.5 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años. En conjunto, las sanciones económicas atribuidas a ambos exfuncionarios ascenderían a 25.5 millones de pesos.
No obstante, los montos y alcances de las sanciones deberán corroborarse con las resoluciones íntegras del Tribunal, que no se encuentran disponibles para su revisión.
Las observaciones sobre la administración de Rivera Pérez también abarcan los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. En el primero, la ASE reportó presuntos daños patrimoniales y recursos pendientes de aclaración por más de 400 millones de pesos. A estos señalamientos se sumó un pliego de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un probable daño patrimonial de 61.6 millones de pesos.
Para 2023, la auditoría estatal emitió nuevas observaciones por aproximadamente mil millones de pesos, de los cuales 261.2 millones fueron clasificados como posible daño patrimonial y 738.8 millones quedaron pendientes de aclaración.
La ASF también reportó un presunto daño patrimonial de 186.1 millones de pesos en ese mismo ejercicio.
En septiembre de 2025, una diputada federal del Partido del Trabajo señaló que Rivera Pérez no había solventado las observaciones federales dentro del plazo establecido y que, en lugar de presentar la documentación requerida, había guardado silencio.
García Parra agregó que existen otros exservidores públicos municipales con observaciones pendientes ante los órganos fiscalizadores e incluso carpetas de investigación en la Fiscalía por presuntos desvíos de recursos en distintos municipios y administraciones.
Finalmente, insistió en que los procedimientos deben continuar conforme a derecho y rechazó que las revisiones de las cuentas públicas puedan atribuirse a una persecución promovida desde el Gobierno estatal.
“Y hoy no se puede salir y señalar persecución del Gobierno del Estado, es absurdo. Nosotros no perseguimos a nadie, estamos tan ocupados con todo el trabajo que estamos haciendo”, concluyó.
