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CDH inicia queja contra gobierno de San Andrés Cholula por filtración de video de madre de familia

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Nacho Juárez

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla inició una nueva queja en contra del gobierno de San Andrés Cholula ahora por la filtración de un video grabado por Policías Municipal donde aparece una madre de familia arriba de una patrulla y en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de ese lugar, en el que luce desvariando y en evidente estado etílico, tras haber sido detenida en medio de una presunta brutalidad policiaca.

Para el organismo, se trata de una “difusión pública indebida” de imágenes, grabaciones y datos personales que “transgreden derechos fundamentales como: la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen”.

La queja se inició tras la filtración de un video por parte del gobierno de San Andrés Cholula en el que se difunden escenas posteriores a las agresiones ocurridas en el Parque Metropolitano, el pasado jueves 11 de junio, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal detuvieron a una mujer mediante una presunta brutalidad policial, además de intimidar y agredir a dos menores de edad.

El material audiovisual está editado en dos partes. Una primera fase es cuando la víctima es trasladada a bordo de una patrulla después de ser detenida. Allí se alcanza a observar que en el vehículo viajan por lo menos tres uniformados. Uno de ellos, sentado a la derecha de la mujer es el encargado de realizar la grabación.

Un segundo momento registra cuando la víctima se encuentra en las instalaciones de la corporación sanandreseña y se realiza el interrogatorio de ley al que todo detenido es sometido.

En general, la victima muestra desvaríos, amenaza a policías en respuesta por haber violentado a sus hijos y lanza bravatas sin coherencia como presumir ser vendedora de joyas hasta sus supuestos pasados vínculos amorosos con personas ligadas al crimen organizado en Veracruz, pasando por raptos de desesperación y lágrimas.

Las imágenes también reflejan a una mujer alcoholizada que hace frente a sus captores, por momentos impotente, en otras colérica y unas más en absurdos comportamientos propios de una persona intoxicada.

Dicho video aparece luego del escándalo y condena pública en contra de la Policía Municipal y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la panista Guadalupe Cuautle Torres, que surgió tras darse a conocer otro audiovisual en el que los uniformados cholultecas incurren en una presunta brutalidad policial contra la mujer.

Las acciones fueron captadas en un video grabado por la hija de la víctima, en donde se puede observar la manera violenta en que la madre de familia es sometida por la Policía Montada de San Andrés Cholula, en medio de los gritos de pánico de sus hijos.

Además, quedó captado el momento en que uno de los policías pretende impedir la grabación, intimida y jalonea del brazo a la menor. Esto llevó a que paramédicos tuvieran que auxiliar a la víctima.

También otra uniformada aparece jaloneando al otro hijo que se abalanzaba para intentar proteger a su madre.

Dicho video fue ampliamente difundido a escala nacional y despertó una ola de comentarios de reprobación contra las fuerzas policiales cholultecas y la administración de Guadalupe Cuautle Torres.

Para salir del paso, la Secretaría de Seguridad Pública municipal justificó la presunta brutalidad policiaca con el argumento de que la madre de familia conducía una camioneta en estado de ebriedad y se introdujo ilegalmente a una zona peatonal.

Al momento de intentar detenerla, aseguró la dependencia, la ama de casa intento darse a la fuga.

Sobre la agresión captada contra los menores de edad, la secretaría no hizo ningún comentario.

Dos días después, se llevó a cabo la filtración del video tras la captura de la madre de familia.

Suman tres quejas de la CDH

La CDH Puebla informó que, hasta el momento, inició tres quejas relacionadas con la detención ocurrida el pasado 11 de junio y ante “las presuntas vulneraciones de derechos humanos en agravio de una mujer y sus dos hijos —un infante y una adolescente— durante la actuación de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”.

Las investigaciones iniciadas, explicó el organismo a través de un comunicado, se atienden a través de tres vertientes.

La primera está relacionada con “el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la intervención policial, en contravención a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública, así como a las normativas y protocolos aplicables”.

A la par, se investiga la presunta agresión contra los menores de edad y que habría derivado en la “inobservancia de las autoridades municipales al interés superior de la niñez como deber reforzado de protección, derivado de la falta de aplicación de protocolos y la presunta vulneración a la preservación de la intimidad, en términos del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Y, finalmente, se encuentra la “difusión pública indebida de imágenes y videograbaciones de la ciudadana asegurada, así como divulgación de datos personales, conductas que transgreden derechos fundamentales como: la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen”.

La CDH, a la par, advirtió: “Todo acto de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, coordinación, cooperación, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Y, agregó: “El mandato constitucional establece que en cualquier decisión y actuación del Estado se velará por el cumplimiento del principio del interés superior de las infancias. Garantizar de manera plena sus derechos constituye una obligación reforzada para todas las instituciones públicas”.

Gobiernación también interviene 

En tanto, la Secretaría de Gobernación estatal también fijo su postura sobre el caso de la presunta brutalidad policiaca de la policia cholulteca y exhorto a las autoridades de San Andrés Cholula a “verificar que los protocolos de actuación de sus fuerzas de seguridad se encuentren actualizados, a fin de garantizar que se apliquen correctamente sin cometer posibles abusos”.

La dependencia, encabezada por Samuel Aguilar Pala, indicó que si bien en los hechos del pasado 11 de junio “había una posible situación de riesgo, sin embargo, ninguna actuación policial debe estar por encima de la integridad de cualquier ciudadano, en especial de los menores de edad”.

“Estaremos pendientes del desarrollo de las acciones legales de las instancias correspondientes, a fin de garantizar la correcta aplicación de la ley”, asentó a través de un comunicado.

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