La discusión llegó a la mañanera convertida en una supuesta “ley antimemes”. Claudia Sheinbaum negó esa interpretación y puso el límite en otro punto: la reforma no sanciona la sátira política, sino el uso engañoso de imágenes, voces, logotipos o documentos oficiales para cometer fraudes.
“No hay sanción a memes”, afirmó la presidenta al responder sobre la modificación al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial aprobada por el Senado.
Sheinbaum explicó que el problema que busca atender la reforma aparece cuando una imagen o una voz son manipuladas, incluso mediante Inteligencia Artificial, para hacer pasar un mensaje fraudulento como comunicación auténtica de una institución o funcionario.
“¿Qué se sanciona? Que salga la Presidenta en un video utilizando Inteligencia Artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito”, señaló.
El límite está en el fraude
La presidenta separó explícitamente esa conducta de la crítica, la sátira y hasta las expresiones ofensivas.
“No la sátira política, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del Gobierno”, afirmó.
Como ejemplo, recordó videos falsificados en los que supuestamente funcionarios llaman a invertir dinero o contratar servicios bajo la apariencia de una comunicación oficial.
Sheinbaum mencionó un caso en el que su propia imagen fue empleada para promover una supuesta inversión relacionada con Pemex.
“De pronto, sale un video con Inteligencia Artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude; o un video mío llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex, porque ya ocurrió”, explicó.
El objetivo, sostuvo, es contar con una herramienta jurídica para perseguir esas conductas y facilitar la recuperación del dinero de quienes hayan sido engañados.
De uno a cinco años de prisión
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, expuso el texto de la modificación al artículo 403 Bis.
La disposición plantea penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil unidades de medida y actualización para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, “a escala comercial”, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
La sanción se aplicaría cuando esos elementos sean utilizados para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma, servicio, sistema informático, documento u otra actuación atribuida a una institución pública.
La frase que cambia la discusión
La expresión “a escala comercial” y la exigencia de que exista intención de cometer un ilícito son centrales en la explicación ofrecida por el gobierno.
Alcalde Luján señaló también que la reforma incluye disposiciones relacionadas con el uso indebido de emblemas gubernamentales y con la piratería.
La controversia surgió por la interpretación de que la protección de la identidad gráfica gubernamental podía alcanzar memes o expresiones críticas. Sheinbaum rechazó esa lectura y sostuvo que la conducta perseguida necesita otro componente: utilizar la apariencia oficial para engañar.
La diferencia, según la explicación presentada desde Palacio Nacional, no está en burlarse del poder, sino en hacerse pasar por él para obtener dinero mediante un fraude.
