La nacionalidad española concedida a Nancy de la Sierra Arámburo cuando ocupaba un escaño en el Senado mexicano quedó bajo escrutinio por las condiciones en que fue tramitada. Una investigación publicada por el diario español The Objective sostiene que la política poblana y tres integrantes de su familia obtuvieron la ciudadanía mediante la llamada ley de nietos, pese a que sus padres y abuelos habían nacido en México.
La concesión ocurrió el 5 de diciembre de 2023, cuando De la Sierra acababa de reincorporarse al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de haber llegado al Senado en 2018 mediante la coalición Juntos Haremos Historia.
La controversia no gira únicamente alrededor de su doble nacionalidad, sino de los requisitos utilizados para acreditar el derecho a obtener la ciudadanía española y del presunto trato preferencial que recibió su familia durante el procedimiento consular.
Según la documentación examinada por el periódico, el trámite comenzó con Óscar de la Sierra Said, padre de la exsenadora, quien obtuvo la nacionalidad alegando ser nieto de un ciudadano español.
Cuatro nacionalizaciones en una misma fecha
El expediente familiar presentado por la investigación señala que Óscar de la Sierra Said nació en México en 1939 y que sus padres también eran mexicanos de nacimiento.
Su padre, José Manuel de la Sierra, nació en Puebla en febrero de 1903, mientras que su madre nació en México en 1909.
La ascendencia española invocada para obtener la ciudadanía correspondería, por tanto, a una generación anterior.
El periódico sostiene que Óscar de la Sierra presentó el acta matrimonial de sus padres y alegó la existencia de un abuelo español, pero sin aportar un certificado de nacimiento o bautismo que acreditara directamente ese vínculo.
Después de su nacionalización, sus tres hijos también obtuvieron la ciudadanía española el 5 de diciembre de 2023.
Los beneficiarios identificados son Lilia de la Sierra, nacida en 1968; Nancy de la Sierra, nacida en 1970, y Óscar de la Sierra, nacido en 1973.
La coincidencia de las cuatro concesiones en una sola fecha constituye uno de los elementos examinados en la investigación.
La ley de nietos y el origen de la controversia
La Ley 20/2022 de Memoria Democrática estableció mecanismos para que determinados descendientes de españoles pudieran solicitar la nacionalidad.
El procedimiento utilizado por la familia De la Sierra corresponde a la disposición adicional octava de esa legislación.
La investigación española sostiene que los antecedentes familiares documentados no muestran que los ascendientes de la exsenadora hubieran abandonado España durante la Guerra Civil o la dictadura franquista.
Sin embargo, la ausencia de un familiar exiliado durante esos periodos no demuestra, por sí sola, que una concesión de nacionalidad sea ilegal, pues la legislación contempla distintos supuestos de acceso a la ciudadanía.
La cuestión jurídica consiste en establecer cuál fue el supuesto legal aplicado al expediente familiar y qué documentos fueron aceptados por las autoridades españolas.
El reportaje presenta dudas sobre esa acreditación, pero no constituye una resolución administrativa o judicial que anule las nacionalidades concedidas.
Denuncian trato preferencial en el consulado
La investigación también incorpora testimonios de fuentes internas del Consulado de España en México que señalan un presunto trato privilegiado hacia la entonces senadora y sus familiares.
Entre los elementos publicados aparece una comunicación atribuida a personal consular en la que se solicita atención especial para la visita de Nancy de la Sierra y su padre.
El mensaje indica que la política acudiría acompañada de su familia y pide facilitar el ingreso de su progenitor debido a su edad y dificultades auditivas.
Las fuentes consultadas por el diario interpretan esa comunicación como parte de un tratamiento preferencial durante la tramitación.
La existencia de una atención diferenciada, sin embargo, no equivale necesariamente a demostrar una alteración de los requisitos legales para conceder la nacionalidad.
La investigación también recoge denuncias de fuentes consulares sobre otras solicitudes de ciudadanía española tramitadas en México, aunque esos señalamientos corresponden a expedientes distintos del de la exsenadora poblana.
De la coalición de Morena al regreso al PRI
La trayectoria política de Nancy de la Sierra agrega otra dimensión pública al caso.
La poblana desarrolló parte de su carrera dentro del PRI y ocupó cargos en la administración pública y el Congreso estatal.
Entre 1999 y 2004 fue directora del Instituto para la Asistencia Pública de Puebla y posteriormente ocupó una curul en el Congreso local durante el periodo 2005-2008.
En 2017 se separó del PRI y en las elecciones de 2018 obtuvo un escaño en el Senado por Puebla mediante la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.
El 3 de octubre de 2023 anunció su incorporación al grupo parlamentario del PRI en el Senado, decisión celebrada entonces por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.
Dos meses después, el 5 de diciembre, obtuvo la nacionalidad española junto con su padre y sus dos hermanos.
Su periodo como senadora concluyó en 2024.
La nacionalización se produjo, por tanto, mientras ejercía una responsabilidad legislativa federal en México, circunstancia que explica el interés público por conocer las condiciones de su trámite.
Una ciudadanía concedida bajo cuestionamientos
La información publicada por The Objective coloca bajo discusión el procedimiento seguido por el Consulado de España en México y la documentación que permitió reconocer la nacionalidad de cuatro integrantes de una misma familia.
Las denuncias sobre trato preferencial y posibles deficiencias en la acreditación de ascendencia corresponden a las fuentes y documentos presentados por ese medio. No equivalen a una determinación oficial de fraude ni acreditan una responsabilidad de Nancy de la Sierra Arámburo.
El punto central es la aplicación de una legislación creada para reconocer derechos de nacionalidad a descendientes de españoles y la obligación de las autoridades consulares de verificar que cada solicitud cumpla los requisitos correspondientes.
En el caso de la exsenadora poblana, la ciudadanía fue concedida en diciembre de 2023. La controversia que surge casi tres años después se concentra en la documentación que sostuvo aquella decisión y en las condiciones bajo las cuales fue procesada.
