La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años mediante acciones de prevención, compras gubernamentales, seguimiento de contratos, cobro de multas y adeudos, así como ajustes en la organización de la administración pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que cerca de 83 mil millones de pesos se han evitado por sobrecostos en productos, servicios y obras públicas, además de recursos recuperados mediante sanciones. “Entonces es muy buen resultado”, afirmó durante la conferencia matutina. La secretaria Raquel Buenrostro detalló que 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en compras; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, al cobro de multas, adeudos y pagos en exceso, y 7.8 mil millones, a reestructuras administrativas.
La dependencia reportó 4 mil 193 sanciones contra servidores públicos: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Entre las conductas detectadas figuran pagos indebidos, sustracción de información, autorización de pagos por bienes y servicios no entregados y casos de hostigamiento o acoso sexual. También fueron enviados mil 737 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 87 servidores públicos ya fueron notificados y mil 650 permanecen en proceso.
En materia de particulares, la Secretaría informó 286 sanciones a proveedores, con 222 inhabilitaciones acompañadas de multa y 64 multas, por un monto acumulado de 147.3 millones de pesos. Además, reportó 33 expedientes enviados al TFJA y 51 sanciones a particulares por protección de datos personales, con multas por 118.5 millones de pesos. La dependencia agregó que presentó 517 denuncias penales en dos años, de las cuales 53 fueron vinculadas a proceso.
Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja con el TFJA y la Auditoría Superior de la Federación en propuestas legales para mejorar la gestión pública y prevenir actos de corrupción. Buenrostro añadió que la dependencia impartió 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad y alcanzó 97.7 por ciento de cumplimiento en declaraciones patrimoniales, mientras continúa la revisión de contratos, sanciones y procedimientos administrativos.
