La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una revisión que ya alcanzó a tres funcionarios de alto nivel. Apenas asumió la conducción provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García confirmó las renuncias y anunció que los nombramientos, contratos y decisiones administrativas de la gestión anterior serán examinados.
La decisión no se limitó a aceptar las dimisiones. Cruz explicó que las consejerías acordaron solicitar las renuncias como parte de una renovación de los cargos de decisión institucional, mientras el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) avanzan en la revisión de posibles irregularidades.
El relevo ocurre después de que Taddei presentó su renuncia, con efectos a partir del 26 de octubre, en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Las acusaciones permanecen sujetas a investigación. Ni las renuncias de los funcionarios ni la salida de Taddei constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
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Tres salidas en áreas estratégicas
Los funcionarios que dejaron sus cargos son José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios; y la responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
Sobre esta última funcionaria existe una discrepancia en los reportes consultados: algunas publicaciones la identifican como Iliana Araceli Hernández Gómez y otras como Iliana Rodríguez Gómez. La información coincide en el cargo y la renuncia, pero no permite establecer con certeza su nombre completo.
Las tres áreas tienen responsabilidades diferentes dentro del instituto. Servicios de Informática participa en la infraestructura tecnológica electoral; Recursos Materiales interviene en la administración de bienes y contrataciones, mientras que la Unidad de Igualdad de Género atiende políticas institucionales de su especialidad.
Los tres exfuncionarios fueron mencionados en publicaciones periodísticas por su presunta cercanía con Hernández Casillas, proveedor cuyas relaciones comerciales con el INE forman parte de los señalamientos que motivaron las revisiones.
La presidenta provisional explicó que las dimisiones fueron solicitadas mediante un acuerdo de las consejerías.
“Lo digo con esa claridad, de las tres renuncias se acordó solicitarlas, de esa manera fueron presentadas”, señaló Cruz García.
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La revisión alcanza contratos y nombramientos
La nueva conducción del INE también anunció la suspensión temporal de los procesos de contratación y la revisión de decisiones administrativas adoptadas durante la presidencia de Taddei.
El alcance de las investigaciones comprende posibles conflictos de interés en las relaciones con proveedores y presuntas irregularidades en procedimientos de contratación.
Los reportes periodísticos que antecedieron a la renuncia de Taddei señalaron posibles acuerdos entre empresas para simular competencia en licitaciones y operaciones de triangulación de recursos. Esos señalamientos deberán ser examinados por las instancias fiscalizadoras antes de establecer responsabilidades.
Cruz ofreció entregar la documentación requerida por las autoridades y garantizar que las investigaciones puedan avanzar sin obstáculos institucionales.
La presidenta provisional también sostuvo que la autonomía del organismo no lo exime de rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
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El poder de nombrar funcionarios vuelve a discusión
La revisión tiene otra dimensión: la manera en que se toman las decisiones dentro del INE.
Durante la gestión de Taddei, una modificación de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales amplió las facultades de la presidencia para designar funcionarios de alto nivel.
Ese mecanismo permitió nombramientos sin el consenso de todas las consejerías, una práctica que Cruz anunció que no pretende continuar.
La presidenta provisional planteó que las decisiones sobre cargos directivos vuelvan a discutirse colectivamente, con acuerdos por unanimidad cuando sea posible y por mayoría cuando no se alcance un consenso completo.
El cambio no supone que las facultades legales hayan sido derogadas. Se trata de una decisión sobre cómo ejercerlas durante su gestión temporal.
El Consejo General del INE confirmó oficialmente que Cruz García fue designada por unanimidad de diez votos y rindió protesta como presidenta provisional.
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Una crisis institucional frente a las elecciones de 2027
La transición ocurre mientras el organismo organiza el proceso electoral de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y otros cargos públicos.
Durante la sesión del Consejo General, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la situación institucional como una crisis de gravedad extraordinaria, mientras otros integrantes pidieron esclarecer las presuntas irregularidades.
Cruz sostuvo que las tareas electorales no se detendrán y que la estructura profesional del instituto permitirá mantener los trabajos de organización.
La nueva presidenta también insistió en recuperar la confianza ciudadana mediante decisiones compartidas y colaboración con las autoridades fiscalizadoras.
Su encargo será temporal. La Cámara de Diputados deberá designar a la persona que ocupe la presidencia del INE por el resto del periodo originalmente previsto para Taddei, hasta abril de 2032.
La salida de tres funcionarios constituye la primera consecuencia administrativa visible de la transición. Sin embargo, la dimensión de las presuntas irregularidades todavía está por determinarse.
El desafío inmediato del INE será avanzar simultáneamente en dos tareas: esclarecer lo sucedido con sus contrataciones y mantener la organización electoral. Las renuncias abrieron la revisión; sus resultados determinarán hasta dónde llegan las responsabilidades.
