El gobierno de Puebla trasladará a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad a otros centros penitenciarios, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, después de las protestas relacionadas con el sistema carcelario que provocaron bloqueos viales y abrieron una nueva discusión sobre las condiciones de seguridad en las prisiones estatales.
Desde Ciudad de México, el mandatario informó que las autoridades estatales y federales instalaron una mesa de atención para revisar las demandas de familiares de personas recluidas, garantizar sus derechos humanos y fortalecer el control institucional de los centros penitenciarios.
En los trabajos participan representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y áreas de inteligencia, además de autoridades del gobierno estatal.
Armenta no precisó cuántas personas serán trasladadas, de qué centros penitenciarios saldrán, cuáles serán sus destinos ni cuándo comenzarán los movimientos.
“La 4T dialoga hasta el límite”
El gobernador sostuvo que su administración mantendrá abiertas las vías de negociación con las organizaciones sociales, aunque estableció una distinción entre las manifestaciones pacíficas y las conductas que, a juicio de las autoridades, puedan constituir delitos.
“La 4T no reprime, la 4T dialoga hasta el límite”, afirmó al explicar la posición de su gobierno frente a las protestas.
El pronunciamiento ocurre después de las movilizaciones vinculadas con el sistema penitenciario poblano, que incluyeron cierres de vialidades en la capital y su zona metropolitana.
Armenta señaló que los bloqueos pueden impedir el traslado de personas hacia hospitales, centros de trabajo y otros destinos, por lo que consideró necesario atender las demandas sin afectar a terceros.
No obstante, el comunicado no identifica delitos específicos cometidos durante las movilizaciones ni informa sobre denuncias o procedimientos judiciales contra sus participantes.
Denuncias en San Miguel y señalamientos sobre los bloqueos
Las movilizaciones del 10 de noviembre fueron encabezadas por personas que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel. Denunciaron presuntas extorsiones, amenazas y cobros irregulares que, según sus testimonios, alcanzarían hasta 300 mil pesos. También exigieron la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo.
Armenta afirmó que durante los bloqueos participaron personas armadas y encapuchadas que presuntamente habrían recibido dinero para intervenir en las protestas. Se trata de Convoca a Antorcha Campesina a negociar
El gobernador también dirigió un llamado a Antorcha Campesina para que sus representantes acudan a mesas de trabajo en Puebla, con la participación de las secretarías de Gobernación, Movilidad y Transporte y Seguridad Pública.
Afirmó que durante las movilizaciones recientes hubo funcionarios disponibles para escuchar las demandas y reiteró que su administración mantendrá esa disposición.
En materia de vigilancia, informó que encabeza diariamente la Mesa de Paz y mantiene comunicación con el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Agregó que la incorporación de helicópteros y drones amplió la cobertura de supervisión en la zona metropolitana, autopistas y regiones como Atlixco, Esperanza y Zacatlán. No proporcionó cifras sobre operativos, intervenciones o resultados atribuibles a ese equipamiento.
La situación penitenciaria queda ahora sujeta a dos procesos anunciados por el gobierno: la revisión de las denuncias de familiares de internos y el traslado de personas consideradas de alta peligrosidad. Ninguno cuenta todavía con resultados públicos que permitan establecer si las medidas resolverán las irregularidades señaladas.
