Dulce Gómez | @dulcgomez
El Gobierno de Puebla analiza nuevos movimientos dentro del penal de San Miguel, entre ellos el traslado de personas privadas de la libertad identificadas como de alta peligrosidad, mientras mantiene abierta una revisión de las denuncias presentadas por familiares de internos contra funcionarios del centro penitenciario.
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que estos traslados podrían concretarse en los próximos días y estarían dirigidos principalmente a internos señalados por presuntas amenazas y extorsiones dentro del reclusorio.
Ante las inconformidades expresadas por familiares, el mandatario aseguró que su administración atenderá las peticiones y que ya se instaló una mesa de trabajo para revisar cada planteamiento, escuchar a los afectados y buscar soluciones conforme a la ley.
En esta labor participan el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y el titular de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, quienes mantienen comunicación con los inconformes.
Armenta Mier sostuvo que su gobierno está dispuesto a dialogar y atender las preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del penal.
“Nosotros somos un gobierno que está siempre abierto a escuchar, a conciliar en el marco de la ley y hay algunas inquietudes que ya se instaló una mesa”, declaró.
Guardia Nacional, Marina y Defensa supervisan los penales
El gobernador destacó que la atención del sistema penitenciario no corresponde únicamente a las autoridades estatales, por lo que existe colaboración con instancias federales para reforzar la vigilancia en los centros de reclusión.
Detalló que la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional efectúan recorridos y visitas periódicas en los penales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
El mandatario reconoció el respaldo de las corporaciones federales y afirmó que el trabajo conjunto continuará para atender las necesidades de seguridad penitenciaria.
“Claro que agradecemos, claro que necesitamos el apoyo, claro que contamos con el apoyo y claro que trabajamos en equipo”, expresó.
También recordó que desde el inicio de su administración se han efectuado modificaciones en las estructuras directivas de los centros penitenciarios y se han concretado traslados de internos a otros reclusorios.
Revisarán acusaciones contra director y subdirector
Otro de los asuntos que atenderá el gobierno estatal son las denuncias contra funcionarios del penal de San Miguel, particularmente los señalamientos que motivaron solicitudes para separar de sus cargos al director y al subdirector.
Sobre este tema, Armenta indicó que las quejas serán investigadas y que las autoridades revisarán los elementos presentados antes de determinar si existen responsabilidades o si procede algún cambio en la administración del centro penitenciario.
Las posibles decisiones dependerán de los resultados de las investigaciones y del seguimiento de la mesa de diálogo instalada con los familiares.
El gobernador pidió evitar juicios anticipados y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso de los funcionarios señalados.
Reiteró que las familias de las personas privadas de la libertad podrán exponer sus inconformidades ante las autoridades, que deberán atenderlas conforme a la ley.
