La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la operación de un centro clandestino de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, identificado como Rancho Izaguirre.
Murguía Santiago fue detenido el 3 de mayo por agentes de la Policía Federal Ministerial y presentado ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande. Durante una audiencia de más de diez horas celebrada el 5 de mayo, el juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada y abuso de autoridad.
La FGR indicó que el alcalde tenía pleno conocimiento de las actividades criminales que se llevaban a cabo en el predio y participaba activamente en su operación. La acusación lo ubica como autor material y directo de diversos hechos cometidos en el sitio, utilizado como centro de adiestramiento criminal, punto de tortura y posible campo de exterminio.
Testimonios presentados por el Ministerio Público, entre ellos declaraciones de víctimas sobrevivientes de desaparición forzada, lo señalaron como colaborador del CJNG. Una de las versiones más graves lo sitúa ingresando al predio acompañado de José Gregorio Lastra, alias El Comandante Lastra, supuesto reclutador del grupo criminal. Ambos habrían ordenado a otro operador abrir una fosa para depositar en ella una bolsa con órganos humanos.
Además, se le acusa de facilitar patrullas, armamento y elementos de la policía municipal para vigilar el perímetro del rancho y evitar que los reclutas escaparan. Como parte de esta colaboración, habría recibido pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo, entregados en brechas rurales.
Las víctimas relataron que durante el proceso de selección, quienes no superaban las pruebas eran asesinados. Los aceptados eran trasladados a estados como Zacatecas o Aguascalientes, donde operan células del mismo cártel.
El Rancho Izaguirre fue intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, que rescató a dos personas y detuvo a diez individuos. No obstante, fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló restos óseos calcinados, ropa y señales de actividad criminal constante.
Aunque el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que el lugar se usaba solo como centro de reclutamiento, el colectivo difundió imágenes satelitales donde se observan columnas de humo negro durante varios días, lo que sugiere la quema de cuerpos con combustibles pesados.
El caso de Rancho Izaguirre derivó en el hallazgo de otro predio en Teuchitlán: el Rancho La Vega, intervenido el 29 de enero de 2025, donde fueron rescatadas 38 personas, 36 de ellas víctimas de reclutamiento forzado. De acuerdo con la FGR, ahí se obligaba a los cautivos a fabricar drogas y consumir carne humana. Las víctimas declararon haber sufrido tortura sistemática como parte de su adiestramiento.
La FGR sostiene que Murguía Santiago estaba informado de esas prácticas y participaba en decisiones sobre quiénes serían trasladados a otras regiones y quiénes serían ejecutados.
El acusado ha gobernado Teuchitlán en tres ocasiones: de 2012 a 2015, de 2021 a 2024 y desde octubre de 2024, todas bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, partido al que también pertenece el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
El gobierno estatal emitió un comunicado donde pidió que la investigación avance sin sesgos partidistas. En tanto, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron indagar una posible red de complicidades institucionales que iría más allá del alcalde.
Algunos legisladores advirtieron que Murguía podría estar siendo usado como chivo expiatorio y exigieron sanciones para todos los servidores públicos que hayan permitido la consolidación de estructuras criminales en la región Valles de Jalisco.
