El gobierno federal podrá intervenir en el penal de San Miguel, Puebla, si la administración estatal solicita apoyo para investigar las denuncias de extorsión, corrupción y circulación de artículos prohibidos dentro del centro penitenciario, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria explicó que el penal está bajo responsabilidad del gobierno de Puebla y que existe comunicación con el gabinete federal de seguridad para atender las necesidades de colaboración institucional.
“Tiene que ser a solicitud del gobierno del Estado de Puebla”, respondió Sheinbaum cuando se le preguntó si las fuerzas federales ingresarían al centro penitenciario para atender las denuncias.
Las acusaciones cobraron fuerza después de protestas de familiares de personas privadas de la libertad. Los manifestantes denunciaron amenazas, cobros irregulares y agresiones contra internos, además de exigir una revisión de la administración del penal.
Un video difundido en medios locales muestra presuntamente el interior del centro penitenciario, con teléfonos celulares y bebidas alcohólicas. La grabación forma parte de las denuncias públicas, aunque por sí sola no permite establecer responsabilidades individuales.
Quadratín Puebla+1
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reportó 32 quejas relacionadas con presuntas extorsiones y cobros ilegales durante 2026, de las cuales 18 cuentan con medidas cautelares para proteger a personas privadas de la libertad.
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El gobernador Alejandro Armenta anunció una revisión del funcionamiento del penal y planteó la posibilidad de trasladar a internos señalados por presuntas actividades de extorsión. También informó que las autoridades investigarían el origen de las movilizaciones y los posibles pagos a participantes en bloqueos.
Sheinbaum recordó que las fuerzas federales han intervenido en otros centros penitenciarios para retirar teléfonos celulares y objetos prohibidos. La posible colaboración en San Miguel dependerá de la coordinación con Puebla, mientras continúan pendientes el esclarecimiento de las denuncias y las medidas para proteger a los internos.
