Dos conflictos distintos, uno por la contaminación atribuida al antiguo relleno sanitario de Cholula y otro por la construcción del Cablebús en Puebla, llegaron a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria pidió investigar los señalamientos relacionados con el basurero y atender las inconformidades ciudadanas por el proyecto de transporte, cuya ejecución corresponde al gobierno estatal.
Las demandas fueron expuestas por una reportera, quien planteó las preocupaciones de comunidades que exigen el saneamiento del relleno sanitario intermunicipal de Cholula, así como las protestas de colectivos vecinales y ambientalistas contra la construcción del Cablebús.
En el caso del basurero, los habitantes denuncian acumulación de lixiviados y posibles afectaciones a los mantos acuíferos y terrenos agrícolas. Las inconformidades provocaron bloqueos carreteros desde el 4 de noviembre, mientras las autoridades estatales emprendieron trabajos para retirar los líquidos contaminantes.
El conflicto también abrió una discusión sobre las responsabilidades de la empresa vinculada con la operación del relleno sanitario y las obligaciones de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.
Pide investigar señalamientos sobre empresa vinculada al relleno sanitario
Durante la conferencia se mencionó una presunta relación empresarial del senador Cuauhtémoc Ochoa con el relleno sanitario de Cholula.
Sheinbaum respondió que los señalamientos deben investigarse y que corresponde al legislador aclarar la información presentada.
“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, expresó la presidenta, sin establecer responsabilidad alguna del senador.
El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, informó que mantiene acciones de saneamiento y mesas de diálogo con las comunidades inconformes.
De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de Medio Ambiente estatal, la concesión del relleno sanitario fue autorizada en 2015 y existen cinco procedimientos administrativos que determinaron responsabilidades de la empresa por afectaciones ambientales.
La existencia de estos procedimientos forma parte de los antecedentes institucionales del conflicto, mientras las comunidades mantienen sus exigencias de saneamiento y atención a las posibles consecuencias de la contaminación.
Cablebús: reclamos por árboles, espacios públicos y transparencia
La discusión también alcanzó al proyecto del Cablebús de Puebla, que contempla cuatro líneas y nueve estaciones.
Colectivos vecinales y ambientalistas han expresado su rechazo ante posibles afectaciones a árboles, fauna y áreas verdes, además de solicitar información sobre el costo, las características técnicas y las consecuencias de la construcción.
Durante la conferencia se plantearon estas preocupaciones junto con las relacionadas con proyectos de transporte por cable en Tlalpan y Milpa Alta, en la Ciudad de México.
Sheinbaum distinguió las responsabilidades de los gobiernos involucrados y señaló que corresponde a cada administración explicar las condiciones de sus respectivas obras.
“Es el gobierno de Puebla y el gobierno de la ciudad. Tienen que ser ellos”, expresó la mandataria al referirse a las autoridades responsables de atender los planteamientos.
La presidenta ofreció transmitir las inquietudes al gobernador Alejandro Armenta y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para que sus administraciones den respuesta a las inconformidades.
Dos conflictos bajo responsabilidad de las autoridades locales
La controversia por el relleno sanitario tiene antecedentes administrativos documentados. La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla confirmó el 8 de noviembre que la concesión fue autorizada en diciembre de 2015 y que resolvió cinco procedimientos administrativos en los que determinó responsabilidades de la empresa operadora por afectaciones ambientales.
Las comunidades mantienen sus exigencias de remediación. El 8 de noviembre, después de una mesa de negociación, representantes de los pueblos inconformes señalaron que la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza no había firmado los acuerdos propuestos. Para la madrugada del 9 de noviembre, autoridades municipales reportaron la liberación de un carril de la carretera y de la calzada Guadalupe.
En el Cablebús, el desacuerdo gira alrededor de las características de la infraestructura y sus posibles consecuencias ambientales y urbanas. La solicitud presidencial de atender los reclamos no constituye una orden de suspender la obra ni una determinación sobre la validez de las denuncias.
Los dos conflictos plantean responsabilidades diferentes: en Cholula, el saneamiento de un sitio clausurado y el cumplimiento de las obligaciones de su antigua operadora; en Puebla capital, la explicación pública de una obra de transporte todavía controvertida.
La intervención de Sheinbaum llevó ambos asuntos a la discusión federal, pero dejó su atención inmediata en manos de las autoridades locales. La respuesta dependerá de los trabajos de remediación, la documentación de los compromisos y la información que reciban las comunidades afectadas.
