La jornada comenzó con bloqueos en los accesos de San Lázaro cuando organizaciones campesinas colocaron tractores en puntos estratégicos y denunciaron que el Gobierno federal impulsa una reforma que afecta sus derechos históricos sobre el agua, mientras exigieron claridad en los nuevos procedimientos.
Morena y sus aliados avanzaron con una estrategia acelerada que modificó el orden del día y abrió el debate con un dictamen que ya contaba con una correlación de fuerzas favorable, lo que derivó en una votación de 328 a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en un ambiente donde los reclamos marcaron el pulso político de la sesión.
El contraste entre lo que ocurría afuera y lo que ocurría dentro fue evidente porque mientras los productores insistían en que la norma generaba incertidumbre, el pleno se concentró en un intercambio ríspido donde pancartas, gritos y acusaciones cruzadas evidenciaron la disputa sobre la gestión del agua.
Las organizaciones rurales argumentaron que la reforma elimina la transmisión privada de concesiones y que esa medida podría disminuir el valor de sus tierras, en especial en el norte del país, donde el acceso al agua es parte estructural de la actividad agrícola y de los esquemas patrimoniales.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el dictamen suma cincuenta precisiones orientadas a proteger usos domésticos y alimentarios, fortalecer el binomio tierra-agua, preservar derechos sucesorios y afianzar la soberanía hídrica, con el mensaje de que la mayoría no traicionaría a los productores.
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Elizabeth Cervantes de la Cruz, sostuvo que el decreto cierra espacios a la corrupción, al mercado negro y a los abusos que lucraron con el agua “durante muchas décadas”, al presentar un sistema de concesiones ordenado y transparente que garantiza el derecho humano al agua.
Cervantes enfatizó que el nuevo Registro Público Nacional de Agua pondrá fin al acaparamiento y a los manejos opacos, con un ordenamiento jurídico que, según dijo, frenará la sobreexplotación y otorgará certeza legal a quienes dependen del recurso para actividades comunitarias.
Las voces opositoras del PRI y el PAN acusaron al Gobierno federal de empujar una reforma que centraliza el control del agua, elimina contrapesos y abre espacios de discrecionalidad que podrían usarse para presionar a comunidades, al señalar que los campesinos fueron engañados y no recibieron cambios sustanciales en sus preocupaciones.
Elías Lixa, coordinador del PAN, denunció que la norma concentra poder en el Ejecutivo y convierte el agua en un instrumento político, mientras Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, advirtió que la desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas afecta a los productores más pobres y reclamó la ausencia de una consulta indígena obligatoria.
En medio de los posicionamientos, Conagua reforzó su defensa del proyecto mediante declaraciones de su titular, Efraín Morales, quien afirmó que el agua deja de ser una mercancía para reconocerse como un bien estratégico del Estado, lo que permitirá frenar prácticas irregulares y cancelar concesiones acaparadas o sin uso.
El funcionario explicó que el Estado será la única autoridad que otorgará concesiones y que la compraventa de títulos entre particulares quedará eliminada, mientras el Fondo de Reserva de Aguas canalizará recursos hacia comunidades sin acceso al recurso, como parte de un cambio profundo en la administración hídrica.
Morales insistió en que la oposición promueve una campaña de desinformación porque algunos grupos ven afectados intereses de larga data, aunque reiteró que las herencias y compraventas de predios no sufrirán modificaciones, lo que buscó calmar inquietudes de ejidatarios y pequeños productores.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma al señalar que quienes se oponen “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas sin uso, y reiteró que el Gobierno debe poner orden para evitar la sobreexplotación y garantizar el derecho humano al agua, en un mensaje que tensó aún más la disputa política.
La pugna entre mayoría y oposición mantuvo un tono elevado durante toda la sesión porque el debate se convirtió en plataforma para acusar a Morena de buscar control político y para acusar a PRI y PAN de defender privilegios construidos con base en redes privadas que acapararon el agua desde 1992.
Mientras el pleno discutía, la tensión afuera del recinto continuó con productores que reiteraron que no firmarán ningún acuerdo mientras no se defina con precisión el tratamiento de sus derechos históricos, lo que dejó en evidencia la distancia entre la narrativa legislativa y las preocupaciones rurales.
Al cierre de esta edición seguían abiertas más de quinientas reservas presentadas por ciento cincuenta y cuatro oradores, de las cuales solo dieciocho podían sobrevivir por decisión de la mayoría, en una señal de que la madrugada será clave para concluir el trámite y encaminar la minuta rumbo al Senado.
