El Congreso del Estado de Puebla continúa los trabajos para la creación de una Sala de Justicia Indígena, un proyecto que busca fortalecer el acceso a la justicia para los pueblos originarios mediante un modelo con enfoque intercultural.
Durante una visita al municipio de Huehuetla, en la Sierra Nororiental, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, sostuvo una reunión con integrantes del Juzgado Indígena de la región, acompañado por la diputada Elisa Limón Balderrábano.
En el encuentro, el legislador explicó que la propuesta se desarrolla en coordinación con el Poder Judicial, autoridades federales y estatales, así como representantes de los pueblos indígenas, con el propósito de construir un mecanismo que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades originarias y fortalezca el reconocimiento de sus sistemas normativos.
Pável Gaspar señaló que el proyecto ha registrado avances a partir de una serie de mesas de trabajo en las que participan ministras y ministros, juezas y jueces, autoridades judiciales, especialistas, legisladores y representantes de municipios indígenas, quienes han aportado observaciones para integrar la iniciativa.
El diputado indicó que, debido a que la propuesta involucra derechos de los pueblos y comunidades indígenas, deberá someterse a un proceso de consulta antes de su eventual aprobación. En ese contexto, planteó que Huehuetla sea una de las sedes donde se lleve a cabo este ejercicio de participación una vez concluida la elaboración del proyecto.
A la reunión asistieron el presidente del Juzgado Indígena de Huehuetla, Jorge Sánchez Diego; el representante de la Organización Indígena Totonaca (OIT), Mateo García García, además de habitantes de la región interesados en el desarrollo de la iniciativa.
La eventual creación de una Sala de Justicia Indígena representaría un paso para el reconocimiento institucional de los sistemas de justicia de los pueblos originarios en Puebla, en un contexto en el que diversas comunidades han planteado la necesidad de fortalecer el acceso a mecanismos judiciales que incorporen criterios interculturales y respeten sus formas de organización y resolución de conflictos.
