La seguridad pública deberá ocupar un lugar prioritario en la discusión del presupuesto de Puebla para 2027, de acuerdo con un exhorto aprobado por el Congreso del Estado. La propuesta busca que el gobierno estatal y los ayuntamientos destinen recursos al fortalecimiento de las corporaciones policiales, incluidos sus salarios, condiciones laborales y equipamiento.
La decisión fue tomada por el Pleno de la LXII Legislatura durante la sesión ordinaria del 29 de octubre, cuando los diputados también aprobaron acuerdos sobre prevención del delito, derechos de la diversidad sexual y desarrollo rural.
El legislador Jaime Alejandro Aurioles Barroeta explicó que la prioridad presupuestal en seguridad pretende mejorar las percepciones económicas del personal policial y las condiciones en las que desempeña sus funciones.
Sin embargo, el acuerdo no establece montos mínimos, porcentajes obligatorios ni una partida específica para las corporaciones estatales y municipales.
Se trata de un exhorto dirigido a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado y a los gobiernos municipales, por lo que su aprobación no modifica automáticamente los presupuestos ni garantiza incrementos salariales.
La definición de los recursos dependerá de las propuestas de gasto y de los procedimientos de aprobación correspondientes al ejercicio fiscal de 2027.
Seguridad pública, entre las prioridades del gasto
El acuerdo solicita que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración considere una asignación prioritaria para seguridad en el proyecto de Ley de Egresos del Estado.
La petición también alcanza a los ayuntamientos, responsables de integrar sus respectivos presupuestos municipales.
Aurioles Barroeta sostuvo que el fortalecimiento de las corporaciones debe incluir mejores condiciones laborales y equipamiento para sus integrantes.
La propuesta incorpora así dos dimensiones del gasto: los recursos destinados a las acciones y programas de seguridad pública y aquellos relacionados con las condiciones de trabajo del personal policial.
El Congreso no presentó una estimación del presupuesto adicional necesario ni un diagnóstico cuantificado de los rezagos salariales y materiales de las corporaciones.
Por ahora, la decisión legislativa establece una petición política y presupuestal que deberá contrastarse con las cifras del proyecto de gasto para el próximo año.
Proponen identificar cuánto dinero se destina a la diversidad sexual
En la misma sesión, los diputados aprobaron otro exhorto dirigido a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para incorporar un Programa Especial Transversal de Diversidad Sexual y de Género en el proyecto presupuestal de 2027.
La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez explicó que el programa permitiría identificar, clasificar y cuantificar los recursos públicos destinados a garantizar los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.
El planteamiento también contempla mecanismos de seguimiento y evaluación del gasto.
Su propósito es distinguir las asignaciones presupuestales relacionadas con esta población, incluso cuando los recursos correspondan a diferentes dependencias de la administración estatal.
La aprobación del exhorto no significa que el programa ya forme parte del presupuesto. Su incorporación dependerá de la elaboración del proyecto de Ley de Egresos y de las decisiones posteriores sobre el gasto público.
Campañas contra la compra de bienes ilícitos y el despojo
La LXII Legislatura aprobó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con ayuntamientos y concejos municipales, fortalezcan las campañas de prevención del delito.
La petición se concentra en informar a la población sobre las consecuencias jurídicas del encubrimiento por receptación, delito previsto en la legislación penal estatal.
El objetivo es desalentar la adquisición, posesión y comercialización de bienes de procedencia ilícita mediante campañas de información.
En otro acuerdo, el Congreso solicitó al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) difundir las reformas al Código Penal relacionadas con el delito de despojo.
La campaña deberá explicar los alcances de las modificaciones y sus implicaciones, especialmente frente a conductas como la simulación de actos jurídicos y el uso de documentos falsos.
Ambos acuerdos buscan ampliar el conocimiento de la población sobre las consecuencias legales de estas conductas. No contemplan nuevas sanciones, sino acciones de difusión de disposiciones existentes o recientemente reformadas.
Captación de lluvia y apoyos para productores de café
La agenda legislativa también incluyó dos acuerdos relacionados con el campo poblano.
El primero exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a coordinarse con los gobiernos municipales para promover medidas de captación de agua de lluvia destinadas a productores agrícolas y ganaderos.
La propuesta busca contribuir a la disponibilidad de agua y disminuir las pérdidas en la producción agropecuaria.
No se especificaron recursos, tecnologías de captación ni regiones prioritarias para aplicar estas medidas.
El segundo acuerdo solicita a los ayuntamientos y concejos municipales difundir los alcances de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura.
La diputada Esther Martínez Romano explicó que la difusión debe permitir que productores, acopiadores, industriales y comercializadores conozcan los mecanismos de apoyo, capacitación, financiamiento y registro contemplados en la legislación.
La intención es facilitar el acceso a los instrumentos previstos para el sector cafetalero, aunque el exhorto no incorpora nuevas partidas presupuestales.
Buscan garantizar traslados médicos y mejorar paradas de transporte
Durante la sesión también se presentaron iniciativas que todavía deberán analizarse en comisiones.
La diputada Delfina Pozos Vergara propuso reformar la Ley Estatal de Salud para reconocer expresamente el derecho de los pacientes a la continuidad de la atención médica.
La iniciativa plantea que, cuando un establecimiento público no tenga capacidad para atender una condición clínica, las autoridades gestionen de manera inmediata y coordinada el traslado del paciente a una unidad hospitalaria con los servicios necesarios.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud.
En materia de movilidad, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para modificar la Ley de Transportes del Estado de Puebla y fortalecer las condiciones de las paradas del transporte público.
El planteamiento contempla espacios dignos, seguros y cómodos, con protección frente a las condiciones climáticas. Su análisis corresponderá a la Comisión de Transportes y Movilidad.
En esa misma comisión quedó una iniciativa de Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega para proteger el tránsito peatonal durante las obras en la vía pública.
Los legisladores proponen modificar el artículo 140 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para fortalecer la seguridad y accesibilidad de quienes caminan por zonas intervenidas.
Violencia política, información rural y energías renovables
La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar el artículo 401 Ter del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
La propuesta pretende fortalecer los mecanismos de reparación integral para las mujeres que hayan sufrido violencia política en razón de género, mediante principios de restitución efectiva, proporcionalidad, individualización, certeza jurídica, tutela efectiva y no repetición.
El proyecto fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En desarrollo rural, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega propusieron que la información pública sobre programas de apoyo al campo se actualice periódicamente y pueda consultarse mediante formatos accesibles, lenguaje claro y mecanismos presenciales y electrónicos.
La iniciativa quedó en manos de la Comisión de Desarrollo Rural.
También se presentó una propuesta de Elpidio Díaz Escobar y Azucena Rosas Tapia para modificar la Ley Orgánica Municipal y promover el uso de energías renovables en los municipios, de acuerdo con las condiciones geográficas de cada localidad.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales.
El presupuesto de 2027 pondrá a prueba los exhortos
La sesión dejó una diferencia entre los acuerdos aprobados y las iniciativas que apenas comienzan su trámite legislativo.
Los exhortos sobre seguridad, diversidad sexual, prevención del delito y desarrollo rural ya cuentan con el respaldo del Pleno, pero requieren decisiones de las autoridades a las que fueron dirigidos.
Las reformas sobre salud, transporte, violencia política, movilidad y administración municipal permanecen pendientes de análisis en sus respectivas comisiones.
En materia presupuestal, el punto decisivo llegará con la presentación y discusión de las propuestas de gasto para 2027.
Será entonces cuando pueda conocerse si la prioridad solicitada para seguridad pública se traduce en mayores recursos, mejores salarios policiales y equipamiento, o si permanece únicamente como un exhorto legislativo.
