Tener una vivienda no significa únicamente contar con un techo. El Congreso de Puebla aprobó reformas a la Ley de Vivienda del Estado para reconocer que este derecho también comprende acceso a servicios básicos, seguridad en la tenencia, condiciones de habitabilidad, ubicación adecuada y posibilidades económicas para acceder a un hogar.
La modificación armoniza la legislación estatal con el marco constitucional vigente y amplía los criterios que deberán considerarse en las políticas públicas de vivienda, especialmente cuando estén dirigidas a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Entre los elementos incorporados figuran la accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, además de condiciones de seguridad y habitabilidad.
El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta explicó que la evolución del marco jurídico exige una visión más amplia de la vivienda, que considere tanto sus características materiales como las condiciones necesarias para proteger el bienestar de las familias.
La reforma también establece que las políticas y programas habitacionales deberán incorporar principios de equidad, inclusión social, perspectiva de género e interculturalidad, con atención a las necesidades particulares de distintos grupos de población.
El dictamen aprobado no precisa nuevas asignaciones presupuestales ni establece metas de construcción de viviendas, pues su alcance se concentra en la definición jurídica del derecho y los criterios que deberán orientar las acciones gubernamentales.
Piden endurecer sanciones contra el nepotismo
En la misma sesión, el Congreso estatal aprobó un exhorto al Congreso de la Unión para revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y fortalecer las sanciones contra el nepotismo en el servicio público.
La propuesta plantea aumentar las sanciones administrativas, regular expresamente el nepotismo cruzado y combatir mecanismos de simulación utilizados para favorecer a familiares mediante nombramientos o acuerdos entre funcionarios.
La diputada Delfina Pozos Vergara sostuvo que estas prácticas afectan tanto las oportunidades de acceso al servicio público como la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
La legisladora advirtió que los nombramientos basados en relaciones personales, en lugar de conocimientos y capacidades, pueden favorecer omisiones, complicidades y abusos.
El acuerdo no modifica directamente la legislación federal, sino que solicita a las cámaras del Congreso de la Unión analizar los cambios propuestos.
Plantean verificación de identidad en redes sociales
Otro de los acuerdos aprobados solicita a las cámaras de Diputados y Senadores estudiar posibles reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para combatir la suplantación de identidad y otros delitos cometidos mediante plataformas digitales.
El planteamiento contempla esquemas seguros y opcionales de verificación de identidad para usuarios de redes sociales, con mecanismos que garanticen la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión.
La diputada Susana del Carmen Riestra Piña señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales debe formar parte de las prioridades legislativas.
También planteó la importancia de que madres y padres acompañen a sus hijos, establezcan límites y supervisen sus actividades digitales.
La propuesta permanece como un exhorto legislativo y no establece, por ahora, nuevas obligaciones para usuarios o empresas tecnológicas.
Inclusión laboral y atención en el Registro Civil
La LXII Legislatura aprobó reformas a la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla para incorporar lenguaje incluyente y no sexista, como parte de las disposiciones orientadas a garantizar la igualdad sustantiva.
También solicitó al Congreso de la Unión revisar una iniciativa de las diputadas federales Mónica Herrera Villavicencio y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, destinada a fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante cambios a la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Soledad Amieva Zamora sostuvo que el empleo debe entenderse como un derecho que permite obtener ingresos, desarrollar capacidades y construir autonomía.
En materia administrativa, el Congreso exhortó a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas a revisar sus oficinas centrales, juzgados, módulos itinerantes y mesas receptoras.
El objetivo es homologar requisitos y costos, reducir tiempos de espera, fortalecer la capacitación del personal y evitar traslados innecesarios, particularmente para quienes enfrentan dificultades económicas o geográficas.
Los legisladores también pidieron fortalecer la difusión del Violentómetro Laboral y las campañas de orientación sobre derechos de las personas trabajadoras, con participación de autoridades estatales y federales.
Seguridad municipal y protección civil, bajo revisión
La agenda legislativa incluyó exhortos dirigidos a los ayuntamientos y al gobierno estatal para mejorar las condiciones operativas de las policías municipales.
El Congreso solicitó revisar periódicamente certificaciones, controles de confianza, profesionalización, equipamiento, estado de fuerza, supervisión interna y capacidad de respuesta de las corporaciones.
La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez señaló que la seguridad pública requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y una revisión constante de las instituciones municipales.
Otro acuerdo pidió reforzar la vigilancia y el monitoreo mediante herramientas tecnológicas, con especial atención al municipio de Puebla.
Durante la discusión, Delfina Pozos Vergara planteó la necesidad de inspeccionar establecimientos donde pudieran comercializarse autopartes de procedencia ilícita.
Los legisladores también aprobaron un exhorto para promover el uso responsable del número de emergencias 911. La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó la importancia de proteger la capacidad de respuesta de este servicio ante situaciones de riesgo.
En materia de protección civil, el Congreso solicitó a las autoridades estatales y municipales actualizar equipos, materiales y herramientas para atender contingencias, además de fortalecer la difusión de medidas preventivas ante fenómenos geológicos.
La sesión dejó una diferencia entre las decisiones legislativas: mientras las reformas a las leyes estatales de Vivienda y del Primer Empleo fueron aprobadas por el Pleno, las propuestas sobre nepotismo, plataformas digitales, seguridad y protección civil quedaron formuladas como exhortos a otras autoridades.
La reforma de vivienda cambia los criterios legales para reconocer un hogar adecuado; convertirlos en mejores condiciones para las familias dependerá de las políticas públicas que adopten las autoridades
