Una víctima de trata de personas puede enfrentar distintas condiciones de desigualdad que dificultan su identificación, atención y acceso a mecanismos de protección. En Puebla, dos legisladores proponen que esas diferencias sean reconocidas expresamente por la ley, para evitar que la respuesta institucional trate de manera uniforme situaciones que requieren atención diferenciada.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para incorporar los principios de interseccionalidad e interculturalidad a la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla.
La propuesta contempla adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 4 de esa legislación, donde se establecen los principios que orientan su aplicación.
El propósito es fortalecer la protección de los derechos humanos de las víctimas mediante criterios que permitan reconocer sus circunstancias particulares, incluidas las relacionadas con la desigualdad, la discriminación y la diversidad cultural.
Las condiciones de vulnerabilidad no son iguales para todas las víctimas
El principio de interseccionalidad parte del reconocimiento de que distintas formas de desigualdad pueden presentarse simultáneamente y modificar las condiciones que enfrenta una persona.
En materia de trata, su incorporación permitiría considerar cómo interactúan esas circunstancias al momento de identificar a las víctimas y definir los mecanismos de asistencia.
La iniciativa plantea que las autoridades no se limiten a reconocer la condición de víctima, sino que también consideren los factores particulares que pueden incrementar su vulnerabilidad.
Este enfoque busca orientar la atención institucional hacia las necesidades específicas de cada persona, sin perder de vista las distintas formas de discriminación que pueden afectar el ejercicio de sus derechos.
Atención con respeto a la diversidad cultural y lingüística
El segundo principio propuesto es el de interculturalidad, que busca incorporar el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y lingüística de Puebla a los mecanismos de protección de las víctimas.
Los legisladores consideran necesario que la atención institucional tome en cuenta esas diferencias para ofrecer respuestas respetuosas de la identidad y las condiciones de las personas afectadas.
La propuesta pretende que los procedimientos de asistencia incorporen criterios de atención diferenciada, particularmente cuando las características culturales o lingüísticas de una víctima requieran medidas específicas.
El objetivo es evitar que esas diferencias se conviertan en obstáculos adicionales para acceder a la protección prevista por la legislación estatal.
La falta de información dificulta identificar riesgos
La iniciativa también identifica un problema relacionado con la información disponible sobre las víctimas de trata.
Según el planteamiento de Martínez Ayala y Lozada Ortega, la falta de datos desagregados sobre sus condiciones particulares dificulta comprender los factores que incrementan su vulnerabilidad.
Esa limitación puede afectar la capacidad institucional para identificar necesidades y orientar los mecanismos de atención.
Por ello, la propuesta destaca la importancia de fortalecer los procedimientos de identificación y asistencia con una perspectiva que permita distinguir las circunstancias de las personas afectadas.
La reforma planteada no establece en el boletín nuevos programas ni presupuestos específicos, sino que propone incorporar dos principios rectores a la legislación vigente.
Una reforma para armonizar la legislación estatal
Los diputados señalaron que la iniciativa busca mantener congruencia entre la legislación poblana y la evolución del marco jurídico nacional en materia de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas.
La incorporación de interseccionalidad e interculturalidad pretende fortalecer el enfoque de derechos humanos que orienta la protección y asistencia a las víctimas.
La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una modificación legal.
El planteamiento coloca una cuestión concreta en la discusión del Congreso: reconocer que las víctimas de trata no enfrentan necesariamente las mismas condiciones y que la protección institucional debe considerar esas diferencias para responder a sus necesidades.
