La autonomía presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá que esperar. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó un dictamen que establece el 15 de septiembre de 2028 como fecha de entrada en vigor de su nueva Ley Orgánica, mientras que la administración de sus recursos permanecerá temporalmente bajo el Órgano de Administración Judicial.
La modificación plantea un periodo de transición para la organización y operación financiera del tribunal, institución encargada de resolver controversias administrativas conforme a sus atribuciones legales.
El dictamen, elaborado a partir de una iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora, reforma los artículos Primero y Décimo Transitorios del decreto mediante el cual se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
La propuesta fue avalada por la comisión que preside el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y deberá continuar su procedimiento legislativo antes de que las modificaciones puedan entrar en vigor.
Un calendario para la autonomía presupuestal
El cambio establece que el decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrar en vigor el 15 de septiembre de 2028.
También dispone que la Junta de Gobierno, desde su instalación y hasta la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso correspondiente al año legislativo 2028, deberá gestionar las condiciones necesarias para que el tribunal opere con autonomía presupuestal.
Sin embargo, el régimen transitorio contempla una excepción: durante todo el ejercicio fiscal 2028, el Órgano de Administración Judicial ejercerá el presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Administrativa.
Esto significa que la entrada en vigor de la nueva legislación y la administración autónoma de los recursos no necesariamente coincidirán.
La disposición establece que, por única ocasión, el presupuesto del tribunal correspondiente a 2028 permanecerá bajo la administración del Órgano de Administración Judicial hasta el cierre de ese ejercicio fiscal.
La reforma plantea así una transición administrativa que se extenderá más allá de la fecha prevista para la entrada en vigor de la ley.
Buscan prevenir la compra de bienes robados
Durante la misma sesión, las y los integrantes de la comisión aprobaron un proyecto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública que refuercen las campañas de prevención del delito de encubrimiento por receptación.
La propuesta, presentada originalmente por la diputada Guadalupe Yamak Taja, plantea trabajar con ayuntamientos y concejos municipales para informar a la población sobre las consecuencias jurídicas de adquirir, poseer o comercializar bienes de procedencia ilícita.
El objetivo es que la ciudadanía conozca los riesgos legales asociados con estas conductas y cuente con información que contribuya a prevenirlas.
Al tratarse de un exhorto, el acuerdo constituye una solicitud institucional y no una modificación directa a las obligaciones establecidas en la legislación penal.
Despojo y documentos falsos, otro frente de prevención
La comisión también avaló una propuesta del diputado Marcos Castro Martínez para exhortar al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) a difundir las reformas aprobadas al Código Penal estatal en materia de despojo.
La campaña estaría dirigida tanto a la ciudadanía como a autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
El planteamiento busca informar sobre las implicaciones legales de la simulación de actos jurídicos, el uso de documentos falsos y otros mecanismos que puedan intervenir en la comisión del delito de despojo.
La propuesta se relaciona con las modificaciones legislativas destinadas a fortalecer las sanciones contra autoridades involucradas en estas conductas.
Protección de animales encontrados durante cateos
Otro acuerdo aprobado aborda una situación que puede presentarse durante las investigaciones penales: el destino de los animales localizados en cateos y otras diligencias ministeriales.
A propuesta del diputado Roberto Zataráin Leal, la comisión avaló exhortar a la Fiscalía General del Estado y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) a establecer mecanismos de coordinación para su atención.
La solicitud contempla procedimientos de identificación, registro, valoración médico-veterinaria, traslado, resguardo y atención inmediata.
También propone formalizar acuerdos con las instancias competentes para garantizar que los animales puedan ser recibidos, alojados y atendidos.
Zataráin Leal sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de incorporar la protección de los seres sintientes a la actuación institucional.
Comisión reporta 44 iniciativas aprobadas
Durante la sesión, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó el informe de actividades de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
El legislador reportó 26 reuniones en las que se aprobaron 44 iniciativas y 32 puntos de acuerdo.
Entre los asuntos destacados mencionó la creación del delito de usurpación de identidad, las reformas relacionadas con el despojo y la expedición de las nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa.
También incluyó las modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial y los exhortos para fortalecer los mecanismos de presentación de denuncias y querellas ante la Fiscalía General del Estado.
Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos que pueden denunciarse en línea, además de solicitar al Poder Judicial los registros correspondientes en la plataforma del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
La comisión avaló igualmente declarar improcedentes y dejar sin efectos diversas propuestas legislativas presentadas durante la LXI Legislatura.
El balance legislativo coloca la reorganización institucional de la justicia entre los asuntos centrales de la comisión. Sin embargo, el dictamen sobre el Tribunal de Justicia Administrativa introduce una fecha concreta para esa transición: septiembre de 2028 para la entrada en vigor de la ley y el cierre del mismo año para concluir el esquema excepcional de administración presupuestal.
