La reimposición de un arancel del 17.09 por ciento a las exportaciones mexicanas de jitomate por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha generado una fuerte polémica entre sectores políticos, empresariales y sociales a ambos lados de la frontera.
Mientras Florida celebra la medida como una protección al agro local, Texas, Arizona y el propio gobierno mexicano advierten impactos severos para el empleo y los precios al consumidor.
Legisladores floridanos, encabezados por el senador republicano Rick Scott, impulsaron el fin del Acuerdo de Suspensión del Tomate (TSA), vigente desde 1996 y renovado en 2019.
Acusaron a México de incurrir en prácticas de “dumping” al inundar el mercado con producto barato, lo que, aseguran, redujo la participación del jitomate estadounidense de 80 a 30 por ciento en tres décadas. La Florida Tomato Exchange (FTE) respaldó la decisión, señalando que las importaciones mexicanas han crecido 400% en veinte años.
Del otro lado del debate, asociaciones como la Texas International Produce Association (TIPA) estiman que la medida pone en riesgo hasta 47 mil empleos en distribución, transporte y venta, además de generar aumentos de hasta 50 por ciento en el precio de productos derivados del tomate. El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, consideró que “el impuesto al tomate de Trump” castigará a las familias trabajadoras en un momento de alta inflación.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión como “injusta y perjudicial” para ambos países. Recordó que el jitomate mexicano representa cerca del 70% del consumo estadounidense y que, aún con el arancel, seguirá exportándose porque “no tiene sustituto”.
Advirtió también que detrás de la medida hay presiones políticas de productores floridanos, quienes han promovido acciones similares desde 1996 sin representar al conjunto del sector agrícola estadounidense.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum exigió a Estados Unidos frenar el tráfico de armas hacia México, en referencia al papel que estas juegan en el fortalecimiento de grupos criminales.
Mencionó que más del 70 por ciento de las armas incautadas en el país provienen del norte, y criticó el fallido operativo “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal de armamento entre 2009 y 2011.
Como parte del “Plan México” para enfrentar la crisis, la Secretaría de Economía prepara medidas de apoyo a productores de jitomate y mantiene abiertas mesas de negociación con autoridades estadounidenses hasta el 1 de agosto.
El objetivo: restaurar el acuerdo comercial suspendido y evitar una guerra arancelaria con efectos colaterales en la región.
A la par, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó sobre el impacto a la seguridad alimentaria y al precio de productos básicos en Estados Unidos y México.
Recordó que nueve de cada 10 tomates importados por Estados Unidos provienen de México, por lo que el arancel podría romper una cadena de abasto “eficiente, segura y resiliente”.
En total, 952 mil toneladas cruzaron la frontera texana en 2024, generando un comercio de más de 8 mil 300 millones de dólares. Ahora, exportadores como San Vicente Camalu o Grupo Solidario enfrentan cuotas diferenciadas, que en algunos casos superan el 270 por ciento, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
