La decisión surgió durante un encuentro en Palacio Nacional con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, convocado con motivo del Día de la Resistencia Indígena. Ahí, Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, solicitó ampliar el plazo y entregó una propuesta de ley.
La respuesta presidencial dejó abierta la fecha de presentación de la iniciativa. Sheinbaum reconoció que todavía existen asuntos pendientes de consulta y sostuvo que el gobierno federal no enviará el documento al Poder Legislativo sin que antes concluya ese proceso.
“Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, pero, como bien dice Yaneth, todavía hay temas que es importante que se sigan consultando”, explicó.
La mandataria fue más allá al colocar en manos de los representantes indígenas la decisión sobre el cierre de las consultas.
“Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, afirmó.
La consulta cambia el calendario legislativo
La ampliación ocurre después de un proceso que, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), acumula 77 asambleas regionales, 19 mesas de trabajo y 2 mil 287 aportaciones destinadas a la elaboración de la iniciativa.
Las cifras fueron presentadas por el director general del organismo, Adelfo Regino Montes, quien expuso los avances de la consulta y de los programas federales dirigidos a comunidades indígenas y afromexicanas.
Pese al número de encuentros, la petición de Yaneth Cruz Gómez dejó claro que los trabajos todavía no cuentan con una fecha de conclusión acordada.
Sheinbaum defendió la necesidad de que la iniciativa surja de las propias comunidades, al recordar que el artículo segundo constitucional reconoce el derecho a la consulta indígena.
La presidenta sostuvo que ese reconocimiento debe reflejarse en la elaboración de la legislación secundaria y no limitarse a una disposición constitucional.
Recursos directos y propiedad comunal, entre los temas de la ley
La discusión legislativa también alcanza los mecanismos mediante los cuales las comunidades reciben recursos públicos, administran proyectos de infraestructura y ejercen sus derechos territoriales.
Sheinbaum señaló que la iniciativa debe incorporar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y la propiedad comunal tradicional.
Estos instrumentos forman parte de la política federal que, de acuerdo con la presidenta, busca dar contenido al reconocimiento constitucional de las comunidades como sujetos de derecho público.
La mandataria destacó que ese cambio permitió asignar recursos directamente a los pueblos indígenas y afromexicanos para construir infraestructura comunitaria, incluidos comedores, escuelas y universidades interculturales.
Durante el encuentro, los representantes indígenas expresaron su interés en garantizar la continuidad del FAISPIAM, uno de los mecanismos que buscan preservar dentro de la futura legislación.
La discusión adquiere importancia porque la nueva ley deberá establecer las disposiciones para aplicar los derechos reconocidos en la Constitución, aunque el documento oficial no detalla todavía el articulado propuesto.
Más de 25 mil millones de pesos para infraestructura comunitaria
El director del INPI, Adelfo Regino Montes, informó que entre 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos mediante el FAISPIAM, destinados a 52 mil 547 obras.
El funcionario presentó esas cifras como parte de los resultados del reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
También señaló que los 22 Planes de Justicia beneficiaron a 2.6 millones de personas indígenas en 14 estados, con una inversión de 64 mil 523 millones de pesos.
En materia territorial, reportó la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo yaqui; 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara; 5 mil 956 hectáreas para la comunidad wixárika de Jalisco, y 569 hectáreas para el primer ejido otomí.
Regino Montes añadió que el gobierno federal tiene como meta construir 400 caminos artesanales durante 2026.
Las cifras corresponden al balance presentado por el INPI. El comunicado no incluye un desglose de las obras por comunidad ni información que permita conocer el estado de cada proyecto.
Las comunidades ponen sus demandas sobre la mesa
El encuentro en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional reunió planteamientos que fueron más allá de la elaboración de la nueva ley.
María Márquez Joaquín, representante del pueblo p’urhépecha, reconoció la reforma constitucional que otorgó a los pueblos indígenas el carácter de sujetos de derecho público.
Lucas Pérez Hernández, del pueblo tsotsil, agradeció la posibilidad de dialogar directamente con la presidenta y exponer las necesidades de su comunidad.
Crisóforo Valenzuela, representante del pueblo yaqui, destacó los avances en obras hidráulicas destinadas al abastecimiento de agua potable.
Desde Veracruz, Rosa María Hernández, representante del pueblo afromexicano de la región centro del estado, reconoció la disposición presidencial para atender los derechos de esa población.
Agustina del Carmen Tah Pech, de Quintana Roo, habló de los beneficios que atribuyó al Tren Maya y preguntó por las acciones que seguirán a ese proyecto.
La gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, Hortencia Palma Palma, señaló que los comedores comunitarios han beneficiado a estudiantes de su región y solicitó duplicar los apoyos destinados a jóvenes universitarios.
Las intervenciones mostraron distintas prioridades: derechos territoriales, infraestructura, agua potable, educación, desarrollo comunitario y continuidad de los recursos federales.
Una ley sin fecha, pero con una condición presidencial
Sheinbaum cerró su intervención con una referencia a Benito Juárez para explicar la relación que, según sostuvo, debe existir entre el gobierno federal y los pueblos indígenas.
“Estamos sentados iguales, porque aquí nadie es más que nadie, como decía Juárez: todos somos iguales ante la ley”, expresó.
