La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno no respalda el uso de recursos públicos para influir en las elecciones y llamó a investigar cualquier posible abuso de poder en el marco de la inédita elección judicial del 1 de junio.
Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre versiones que apuntan a una operación de estructuras oficiales para distribuir materiales que favorezcan a ciertos perfiles de candidaturas judiciales. Respondió con escepticismo: “¿Dónde están las pruebas?”, inquirió, para luego subrayar que cualquier acusación debe dirigirse a las instancias correspondientes.
“Nunca hemos estado a favor de que se utilicen recursos públicos. Lo que queremos es que la gente vote con libertad”, dijo, en un tono que buscó marcar distancia con cualquier práctica que comprometa la equidad del proceso. La mandataria federal mencionó un video difundido en redes sociales donde una joven asegura haber recibido dinero para repartir listas de candidatos. Sin embargo, reiteró que ese tipo de situaciones deben documentarse ante las autoridades.
El INE respondió a las denuncias con la aprobación de medidas cautelares que buscan frenar la propaganda electoral disfrazada de materiales informativos. El Consejo General del instituto ordenó la suspensión inmediata de la distribución de los “acordeones”, ya que su contenido puede afectar los derechos de las y los votantes a ejercer un sufragio libre y razonado.
Esta elección es la primera en que la ciudadanía podrá votar directamente por quienes integrarán la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo que añade presión a los actores políticos y sociales para cuidar la integridad del proceso.
La participación ciudadana será clave en este ejercicio sin precedentes, mientras persisten dudas sobre la transparencia de las postulaciones y el papel de actores externos, tanto públicos como privados. En este escenario, el llamado de Sheinbaum busca blindar su administración frente a las acusaciones de intervención institucional.
