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Gobierno alista decreto para obligar a plataformas a retirar contenidos que inciten a la violencia

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La agresión en una secundaria de Torreón abrió una discusión que saldrá de las aulas y llegará hasta las plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la preparación de un decreto para obligarlas a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia, dentro de una estrategia que también contempla mayor vigilancia gubernamental de redes sociales, servicios de mensajería y foros.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dos jóvenes mayores de edad participaron en la agresión registrada en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila. Un integrante del personal directivo murió y otras cuatro personas resultaron lesionadas, de acuerdo con la información presentada por el funcionario.

La respuesta anunciada por el gobierno apunta directamente hacia el espacio digital.

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, dijo Sheinbaum.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal coordinará un grupo integrado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El gobierno anunció también la incorporación de instituciones académicas y especialistas.

El primer producto deberá comenzar a tomar forma la próxima semana: un decreto que establezca obligaciones para que las plataformas detecten, reporten y retiren oportunamente contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, además de mecanismos de coordinación con las autoridades.

La propuesta abre una pregunta que el anuncio todavía no responde: quién determinará cuándo un contenido constituye incitación directa a la violencia, bajo qué procedimiento y con qué mecanismos de revisión.

El plan presentado por García Harfuch incluye otro componente: la SSPC mantendrá vigilancia en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para detectar contenidos, conductas o personas que puedan representar riesgos relacionados con expresiones de “extremismo violento”.

Seguridad también pretende reforzar la investigación mediante fuentes abiertas para reconstruir actividad digital vinculada con amenazas, buscar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios. El CNI incrementará, según el anuncio, el seguimiento de comunidades y contenidos para identificar amenazas o posibles llamados a cometer actos violentos.

La estrategia tiene una segunda vertiente. El gobierno anunció que reforzará el programa ABC de las emociones con asambleas para madres y padres de familia, buzones confidenciales destinados a detectar situaciones de riesgo y mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sostuvo que las plataformas deben asumir responsabilidad por los contenidos violentos y ofrecer condiciones seguras para menores de edad. En las escuelas, dijo, la estrategia buscará construir vínculos de confianza con estudiantes y aumentar la participación de madres y padres.

El gobierno también anticipó reformas para regular el acceso y uso de redes sociales por niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de verificación y protección según la edad.

 

 

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