La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca transformar el marco jurídico en torno a la extorsión. El objetivo: que este delito deje de recaer exclusivamente en la víctima y se persiga de oficio, con el Estado mexicano como actor principal en la denuncia e investigación.
El proyecto de decreto propone modificar el inciso a), fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a emitir una Ley General contra la Extorsión. De aprobarse, esta nueva legislación obligaría a todas las entidades federativas a armonizar sus leyes para combatir esta forma de delincuencia, que afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas, transportistas y población vulnerable.
“La víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, explicó Sheinbaum durante la conferencia matutina del martes 8 de julio, donde también detalló la activación del número 089 para denuncias anónimas, medida que ya está en operación desde el 6 de julio como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Este cambio estructural se suma a la reciente aprobación de la Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia, que permite que las denuncias anónimas por extorsión generen de inmediato un proceso de investigación, sin exponer a la persona afectada.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, subrayó que el delito de extorsión tiene impactos profundos: daña la estabilidad emocional, económica y social de miles de personas. Por ello, la propuesta incluye herramientas de investigación más robustas y fomenta la colaboración institucional entre fiscalías, cuerpos de seguridad y órganos de inteligencia.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la Estrategia Nacional se compone de cinco ejes: habilitación del número 089, cancelación inmediata de líneas utilizadas en extorsiones, apertura de carpetas de investigación en caso de extorsión presencial, despliegue de células de inteligencia y el fortalecimiento de unidades especializadas en investigación.
En paralelo, el gobierno federal dio a conocer que el primer semestre de 2025 ha sido el periodo con menor número de homicidios dolosos desde 2016. Según Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 65.6 en junio de 2025, una reducción del 24.5 por ciento.
Este descenso coincide con el despliegue de operativos intensivos por parte del gobierno federal. En solo dos semanas, se detuvo a mil 137 personas por delitos de alto impacto, se incautaron 865 armas de fuego, se decomisaron 17 toneladas de droga y se desmantelaron 20 laboratorios clandestinos. Desde octubre, suman 25 mil 255 detenciones, más de 13 mil armas aseguradas y 188 toneladas de drogas incautadas en 21 estados.
Para Sheinbaum, los datos son alentadores, pero insuficientes si no se refuerza la atención a los delitos que afectan directamente a la población, como la extorsión. La apuesta del gobierno federal, dijo, es convertir al Estado en garante activo de la justicia cotidiana y no solo en administrador de cifras.
