El gobierno federal clausuró una presa, cuatro represas y un pozo construidos ilegalmente en un rancho de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Sin embargo, en menos de 24 horas, la jueza Madhay Soto Morales otorgó una suspensión provisional que frenó las acciones. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció la apropiación del recurso y anunció que la Conagua presentará una denuncia penal ante la FGR.
En conferencia matutina, Sheinbaum señaló que el agua es un bien de la nación y no puede quedar en manos privadas por decisiones judiciales cuestionables. “Es inadmisible que, en un estado con escasez hídrica, haya quienes se beneficien por su pasado en el poder”, afirmó.
El caso evidenció tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, particularmente por el papel de la jueza Soto Morales, quien también impidió la distribución de libros de texto gratuitos. La resolución judicial permitió que se suspendiera el desmantelamiento de obras construidas sin título de concesión.
De fondo, el conflicto refleja un modelo de abuso institucional que persistió durante el periodo neoliberal, según palabras de Efraín Morales, titular de la Conagua. “Se trató de una red de favores en la que participaron jueces, notarios y operadores del exgobernador”, denunció.
