Las autoridades estatales confirmaron que el caso está bajo investigación, pero no han establecido responsabilidades ni informado sobre alguna resolución judicial relacionada con el presunto despojo.
Gobierno separa la salida del cargo de la denuncia
García Parra explicó que Mariana Ramírez Toris dejó la dirección del Registro Público de la Propiedad el 15 de octubre por cuestiones internas de la administración estatal.
El coordinador de Gabinete precisó que la decisión no estuvo directamente relacionada con los señalamientos formulados por Lorenza Hernández González.
La aclaración distingue dos asuntos: la salida administrativa de la exfuncionaria y las investigaciones que buscan determinar si existieron conductas irregulares en el conflicto por la vivienda.
El funcionario aseguró que las indagatorias continuarán hasta esclarecer los hechos denunciados.
También señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dará seguimiento a los casos en los que existan indicios de posibles actos de corrupción dentro de la administración pública.
Fiscalía y Anticorrupción intervienen en el caso
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participan en las investigaciones relacionadas con la exfuncionaria.
El mandatario sostuvo que las autoridades deberán actuar conforme a la legislación vigente y garantizar los derechos de las personas involucradas.
“Nosotros respetamos la ley, pero actuamos contundentemente respetando los derechos”, afirmó.
Armenta señaló que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción, aunque insistió en que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
Hasta ahora, la información disponible no precisa si existe una carpeta de investigación judicializada, alguna imputación formal o medidas de protección a favor de la denunciante.
Una disputa familiar bajo investigación oficial
El señalamiento de Lorenza Hernández González coloca el conflicto por la propiedad de una vivienda en el ámbito de la investigación ministerial y administrativa debido a la presunta participación de una persona que ocupaba un cargo público.
Sin embargo, la denuncia no demuestra por sí misma que se haya consumado un despojo ni que la exfuncionaria haya utilizado sus atribuciones para intervenir en el asunto.
Tampoco se han dado a conocer documentos registrales, resoluciones judiciales o elementos sobre la titularidad del inmueble que permitan establecer cómo se originó la controversia.
La investigación deberá esclarecer tanto la situación jurídica de la vivienda como la posible existencia de conductas indebidas atribuibles a las personas señaladas.
La salida de Mariana Ramírez Toris del Registro Público de la Propiedad ya fue confirmada por el gobierno estatal. Lo que permanece sin resolver es la denuncia de Lorenza Hernández González: el presunto intento de arrebatarle la casa donde asegura haber vivido durante medio siglo.
