Dulce Gómez | @dulcgomez
El Gobierno de Puebla alista una ruta jurídica para buscar que el estado deje de cubrir los compromisos derivados del contrato para la construcción de las plataformas de Audi, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
Durante su programa “Derecho de Réplica”, explicó que la obligación financiera no corresponde directamente a Audi, sino a Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), empresa que obtuvo el contrato durante administraciones panistas.
García Parra señaló que aún quedan por cubrir entre mil 500 y mil 600 millones de pesos entre 2026 y 2027, por lo que el gobierno estatal analiza la vía legal para impugnar el esquema y evitar que continúen destinándose recursos públicos a este compromiso.
“Vamos a continuar con una ruta jurídica, no es de negociación”, afirmó.
El funcionario también aseguró que fueron identificados exservidores públicos que, según su señalamiento, participaron en la estructura legal que dio origen al contrato.
Explicó que la intención de la administración estatal es poner fin a esta obligación y liberar recursos para atender otras necesidades de Puebla.
García Parra rechazó que el procedimiento tenga fines de persecución política contra integrantes del PAN y sostuvo que la investigación se centrará en las actuaciones relacionadas con el contrato.
“Que sean activos del PAN no significa que tengan un velo de protección contra sus actos de corrupción”, sostuvo.
Finalmente, adelantó que habrá consecuencias legales y que próximamente podrían darse a conocer más detalles sobre las personas involucradas en el caso.
Como antecedente, de acuerdo con una publicación de Hipócrita Lector, en 2022 el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que su administración había presentado denuncias penales contra exservidores públicos relacionados con el otorgamiento de los contratos para la construcción de las plataformas de Audi.
En ese momento, Barbosa señaló que el caso también contemplaba acciones legales contra la empresa encargada de la obra, mientras que las denuncias penales se dirigieron contra quienes participaron en la asignación de los contratos.
El entonces mandatario sostuvo que se habían detectado irregularidades en el esquema de Asociación Público-Privada utilizado para desarrollar el proyecto.
La plataforma de Audi fue contratada bajo un esquema de Asociación Público-Privada con un plazo de pago de 15 años, iniciado en noviembre de 2012 y previsto originalmente hasta noviembre de 2028. Para 2023, el gobierno estatal contemplaba destinar 753 millones 748 mil 139 pesos para cubrir los compromisos derivados de esta obra.
