Iván Rivera
El nombre de Gerardo Cortés Caballero no es nuevo en los expedientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni en las notas de seguridad en Puebla. Expresidente municipal de Cuautempan y heredero de un poder político familiar en la Sierra Norte, el exedil fue detenido en el estado de Tlaxcala como probable responsable del delito de extorsión agravada.
De acuerdo con la FGE, los hechos que derivaron en su aprehensión ocurrieron en octubre de 2024, cuando Cortés Caballero aún ejercía el cargo. Según la carpeta de investigación, una víctima fue citada en un domicilio particular, donde presuntamente fue amenazada con un arma de fuego por el entonces alcalde, en presencia de otros funcionarios municipales.
Ahí se le habría exigido la entrega de una camioneta de lujo y 300 mil pesos en efectivo, bajo advertencias de atentar contra su familia.
La Fiscalía sostuvo que, tras las amenazas, la víctima fue obligada a firmar contratos de compraventa simulados para justificar la entrega de dos vehículos, uno de ellos una camioneta Chirey Omoda 5 y posteriormente una BYD, con valores que superan el millón de pesos en documentos apócrifos.
En algún momento, incluso, un funcionario municipal habría trasladado a la víctima en una patrulla hasta la casa del edil para concretar la segunda exigencia.
🚔 Detienen a alcalde acusado de delitos graves
Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal con licencia de #Cuautempan, fue capturado en Tlaxcala tras meses prófugo. pic.twitter.com/qoJ7Vr708R
— Hoja de Ruta (@Hoja_RutaX) February 4, 2026
El seguimiento del caso llevó a las autoridades ministeriales a ubicar a Cortés Caballero fuera de Puebla, toda vez que con apoyo de autoridades tlaxcaltecas, fue detenido en la colonia Mirasol y trasladado al estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control.
Red criminal
Sin embargo, el expediente de Gerardo Cortés Caballero va más allá de este caso: en mayo del año pasado, la FGE ejecutó cateos en la presidencia municipal de Cuautempan, su domicilio y diversas propiedades vinculadas al exedil reelecto por el bloque PT-Morena, quien para entonces ya era considerado prófugo de la justicia.
En esos operativos se aseguraron armas de alto calibre, cargadores, compartimentos ocultos para el traslado de armamento y presunta droga.
Las investigaciones lo señalaron por delitos como narcomenudeo, cobro de piso, acopio de armas y extorsión a comerciantes, a quienes presuntamente se les exigían cuotas para poder operar.
A ello se sumaron denuncias por robo a transportistas, venta de drogas y presuntos actos de nepotismo dentro del Ayuntamiento, donde al menos siete familiares habrían ocupado cargos públicos.
Lazos familiares
Cortés Caballero pertenece a una familia con arraigo político en Cuautempan, toda vez que su padre, Gerardo Cortés Betancourt, fue presidente municipal en dos periodos distintos, lo que permitió al hoy detenido consolidar una estructura de poder que operó durante años con protección política.
El origen de esta estructura incluso se remonta a años previos a 2021, cuando Gerardo Cortés Betancourt intentó expandir su influencia regional al impulsar a su hijo, Gerardo Cortés Caballero, en Ahuacatlán, un municipio importante por su conexión con comunidades de la Sierra Norte. Aunque el intento político fracasó, el control y la presencia del grupo se mantuvieron en la zona.
Este contexto ayuda a explicar el comportamiento de la incidencia delictiva en ambos municipios. Entre octubre de 2021 y mayo de 2025, Cuautempan acumuló 80 carpetas de investigación, mientras que Ahuacatlán duplicó la cifra con 160, de acuerdo con datos de la Fiscalía poblana.
Aunque ambos registraron el mismo número de homicidios, Ahuacatlán presentó mayores niveles de violencia familiar, robo y robo de vehículos.
A la par del deterioro en seguridad, la familia Cortés ha sido señalada por ejercer un cacicazgo político en Cuautempan, alternando partidos según conveniencia y acumulando poder económico en la región.
En Ahuacatlán, la adquisición de propiedades y negocios por parte de Gerardo Cortés Caballero también generó cuestionamientos sobre el origen de los recursos, especialmente por su relación con contratos y programas públicos en municipios con altos niveles de marginación.
