Iván Rivera
Las denuncias de padres de familia, detonadas tras la circulación de un video en redes sociales, llevaron a autoridades ministeriales y educativas a intervenir el Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, donde actualmente se mantienen abiertas cuatro carpetas de investigación por posibles delitos cometidos en agravio de niñas y niños.
El material difundido desde el 14 de abril mostró un espacio dentro del plantel que estudiantes identificaban como “cuarto oscuro”: una habitación con cama, mobiliario doméstico y servicios básicos, conectada con áreas escolares.
De acuerdo con testimonios recabados por los tutores, ese sitio era utilizado como medida disciplinaria para alumnos considerados indisciplinados, lo que encendió alertas entre las familias.
A partir de estos señalamientos, madres y padres acudieron tanto al plantel como ante autoridades para documentar el lugar y formalizar denuncias.
La revisión del inmueble permitió ubicar que el espacio estaba vinculado a una vivienda dentro de la escuela, donde presuntamente habitaban personas ajenas a la comunidad escolar sin que ello hubiera sido informado previamente.
A la par, la Fiscalía General del Estado confirmó que, como resultado de las primeras diligencias, se iniciaron cuatro investigaciones.
Una de ellas corresponde a violencia familiar equiparada; sin embargo, tras la intervención del Sistema Estatal DIF y la aplicación de entrevistas especializadas, se abrió una segunda carpeta por abuso sexual en agravio de la misma víctima.
Posteriormente, nuevas denuncias presentadas por otros tutores derivaron en dos carpetas adicionales, también por abuso sexual, en perjuicio de una niña de cuatro años y un niño de tres, quienes habrían sido afectados dentro del mismo centro educativo.
Las indagatorias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, instancia que ha implementado entrevistas multidisciplinarias y medidas de acompañamiento con el DIF estatal para evitar la revictimización de los menores y garantizar su protección.
Como parte de las acciones inmediatas, una de las víctimas ya recibe atención psicológica y apoyo emocional, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades.
En el ámbito administrativo, la Secretaría de Educación estatal ordenó la suspensión de clases presenciales en el plantel como medida preventiva. Las actividades escolares continúan de forma virtual mientras se desarrollan las investigaciones y se revisan las condiciones de operación del colegio.
