Iván Rivera
las últimas semanas, el proyecto del cablebús en Puebla ha dado de qué hablar: mientras voces de la oposición han advertido posibles afectaciones -desde invasión a la privacidad hasta daños ambientales-, el gobierno estatal ha respondido punto por punto a cada arista para desactivar dichas versiones.
El tema ambiental es uno de los frentes donde se han concentrado las críticas. Aunque en un inicio se habló de la reubicación de 854 especies, la proyección se redujo a un máximo de 97 ejemplares que serían intervenidos mediante poda o trasplante, sin contemplar tala.
A esto se suma que el sistema, al operar con energía eléctrica, no generará emisiones contaminantes directas, lo que lo posiciona al proyecto como una alternativa de movilidad más limpia frente al transporte basado en combustibles fósiles.
El gobernador Alejandro Armenta manifestó en distintos momentos que el cablebús será además un medio de transporte seguro, toda vez que, contrario a lo señalado por la oposición, en sistemas similares como el existente en la Ciudad de México, no se han reportado asaltos a los usuarios.
Uno de los señalamientos que más se repitió desde el inicio fue el de una supuesta invasión a la intimidad de las familias por el paso de las cabinas sobre zonas habitacionales.
Sin embargo, la respuesta fue directa: el Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aseguró que el sistema no atravesará fraccionamientos ni unidades habitacionales y que, incluso en los puntos más cercanos a viviendas, las cabinas mantendrán una distancia promedio de 25 metros.
A eso se suma la velocidad del sistema: las góndolas circularán a 21 kilómetros por hora, lo que implica que su paso frente a viviendas será de apenas unos segundos, sin posibilidad de observar el interior de los hogares.
El trazo del proyecto también ha sido parte del debate, sin embargo, el gobierno estatal insistió en que la ruta fue ajustada para evitar zonas sensibles y que no contempla la instalación de torres dentro de conjuntos habitacionales.
A la par, el gobernador Alejandro Armenta desplegó un proceso de socialización en territorio al llevar a cabo reuniones informativas en al menos 43 colonias, donde se busca explicar el alcance del proyecto y responder dudas directamente con la población.
A la par de la discusión pública, el proyecto también llegó al terreno legal, luego de que organizaciones ambientalistas promovieron seis juicios de amparo en contra de la obra, pero hasta ahora, uno de esos recursos fue desechado y los cinco restantes no obtuvieron suspensión definitiva, lo que en términos prácticos permite que el proyecto continúe su curso.
El Ejecutivo rechazó además un impacto en los recursos estatales, al señalar que la obra aún no inicia, que no existe daño ambiental comprobado y que no se ha realizado tala en zonas urbanas
Además, han comparado el número de amparos con otros proyectos similares en el país, donde afirman que se han presentado más de 25 recursos legales.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa es la viabilidad financiera. Frente a cuestionamientos sobre el costo del proyecto, estimado en más de 6 mil millones de pesos, la administración estatal señaló que el sistema está diseñado para ser autosustentable, pues las proyecciones indican que podría cubrir sus costos de operación a partir del segundo año con los ingresos generados.
Movilizará a 90 mil personas
En términos de operación, el cablebús contempla una longitud de 13.6 kilómetros y una capacidad para movilizar hasta 90 mil personas al día. Los recorridos completos podrían realizarse en menos de una hora, lo que, de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, representaría una reducción significativa en los tiempos de traslado.
El gobierno también recurrió al respaldo técnico para defender su postura: entre los argumentos más recurrentes está la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el análisis del proyecto, particularmente en lo relacionado con su impacto urbano y viabilidad.
A ese intercambio de posturas se sumó un momento el pasado 13 de abril, cuando el coordinador de gabinete salió a presentar por primera vez el proyecto completo del cablebús, luego de semanas de tensión, protestas y versiones encontradas.
El sistema, explicó, contempla cuatro líneas con una extensión total de 13.61 kilómetros. El trazo conectará puntos como el CIS Angelópolis, Ciudad Universitaria, el Parque Juárez, Xonaca y Amalucan, en una red que atravesará vialidades como el bulevar 5 de Mayo, la 30 Sur y el bulevar 18 de Noviembre.
La lógica del proyecto, según lo planteado, no es sustituir lo existente, sino integrarlo. Y es que, el cablebús formará parte de un sistema de movilidad más amplio que incluye la red RUTA y un esquema de bicicletas públicas, todo bajo un mismo método de pago.
Durante la presentación, García Parra insistió en que el proyecto fue modificado tras escuchar a ciudadanos y colectivos. El dato más repetido: de un universo inicial cercano a los mil árboles que podrían verse afectados, la cifra se redujo a 97 ejemplares, todos sujetos a reubicación o intervención controlada.
Incluso se detalló dónde se concentrarían esas afectaciones: el campus de la BUAP sobre la 11 Sur encabeza la lista, seguido por espacios como el Parque Juárez, el Parque Ecológico y el Parque Biblioteca, mientras que, en otros puntos, como el cerro de Amalucan, la intervención será mínima.
Ese fue otro de los argumentos que el gobierno utilizó para responder a las críticas: la obra formará parte de una red intermodal para reducir tiempos de traslado en una ciudad donde, en horas pico, un recorrido puede implicar hasta cuatro transbordos y más de una hora de trayecto.
Con el nuevo sistema, el mismo recorrido podría realizarse en alrededor de 36 minutos, sin depender del tráfico ni de semáforos.
La presentación también permitió aterrizar el funcionamiento del cablebús, otro de los puntos que había generado dudas: las cabinas tendrán capacidad para 10 personas, contarán con ventilación natural, accesibilidad universal, conexión Wi-Fi y comunicación directa con el sistema de control.
En términos de capacidad, el gobierno estima que el sistema podría movilizar hasta 90 mil personas al día, una cifra que ha sido utilizada para responder a quienes cuestionaron su utilidad real.
El costo del pasaje, otro tema sensible, se fijó como máximo en 12 pesos, con posibilidad de ser menor, además, se contempla gratuidad para sectores como adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria.
A la par, también se aclaró el estado de la obra: aunque el proyecto ya cuenta con inversión asignada y procesos en marcha, la construcción aún no inicia. El arranque físico está previsto para junio, una vez que se cuente con todos los permisos, incluidos los municipales.
La ejecución estará a cargo de un consorcio de empresas a cargo de la firma suiza Doppelmayr, especializada en sistemas de transporte por cable, con una inversión total que supera los 6 mil 700 millones de pesos.
El plazo es de largo alcance, pues el sistema completo debería estar concluido hacia 2029, aunque el gobierno contempla aperturas parciales conforme avancen las distintas líneas.
