Dulce Gómez | @dulcgomez
El funcionario señaló que se debe determinar cómo una instalación de estas dimensiones pudo operar en el municipio sin que, presuntamente, las autoridades locales tuvieran conocimiento de su existencia.
“Todo lo que pasa en cualquier municipio, quienes están enterados son los policías, los directores y, por supuesto, los alcaldes”, afirmó.
Ante el cuestionamiento sobre una posible omisión de las autoridades municipales, Sánchez González sostuvo que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de determinar si existe alguna responsabilidad por parte de funcionarios o elementos de seguridad.
“Se tiene que hacer una investigación… hay situaciones en ese municipio de Tlaola y pareciera que nadie se entera de lo que sucede; sí se tendría que hacer una investigación a fondo y determinar la culpabilidad de quien corresponda”, señaló.
El titular de la SSP recordó que Tlaola ya contaba con un antecedente relacionado con actividades ilícitas, debido al hallazgo previo de un laboratorio clandestino de metanfetamina que, de acuerdo con las investigaciones, abastecía a Puebla y Veracruz.
Sánchez González agregó que tanto la SSP como la Secretaría de Gobernación han mantenido comunicación con los presidentes municipales para conocer las condiciones de seguridad en sus demarcaciones y ofrecer respaldo ante posibles amenazas o situaciones que pudieran impedirles denunciar hechos delictivos.
Explicó que estos acercamientos buscan identificar posibles casos de intimidación contra alcaldes o directores de seguridad, así como facilitar la intervención de las autoridades estatales cuando sea necesario.
Durante un segundo operativo en menos de una semana en la Sierra Norte, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró mil 032 equipos destinados a la creación de criptomonedas en Tlaola, de acuerdo con el inventario final levantado el 11 de septiembre.
La cifra amplía el reporte inicial de aproximadamente 300 equipos detectados durante una inspección del 3 de septiembre en el mismo lugar.
Además de los equipos de criptominería, las autoridades aseguraron 95 switches, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores, cableado de potencia y otros componentes relacionados con la operación de la instalación.
La Marina precisó que el aseguramiento más reciente no corresponde a un segundo inmueble, sino al mismo predio cuya existencia había sido informada días antes.
La operación de este tipo de instalaciones requiere un suministro constante de energía eléctrica, conexión a internet y sistemas para disipar el calor generado por los equipos, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes estaban detrás de su funcionamiento y si existieron posibles omisiones de funcionarios municipales.
