Dulce Gómez | @dulcgomez
Detrás de las movilizaciones del pasado 10 de noviembre, en las que fueron bloqueadas ocho vialidades de la capital, se encontraría la pugna entre Los Toscano y La Familia Michoacana por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de derecho de piso en el penal de San Miguel.
Los Toscano habrían sido los responsables de pagar 400 pesos a 700 personas que participaron en las movilizaciones, es decir, alrededor de 280 mil pesos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) revisará los señalamientos sobre la situación del penal de San Miguel, mientras que la Fiscalía abrió una investigación por los bloqueos registrados la semana pasada, en los que a cada participante le habrían pagado 400 pesos.
Así lo dieron a conocer en rueda de prensa el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, y la fiscal Idamis Pastor Betancourt, quienes aseguraron que los hechos reportados ya son objeto de revisión e investigación.
Sánchez González explicó que el centro penitenciario continúa funcionando con normalidad y que, hasta el momento, no se han registrado incidentes en su interior, pese a la difusión de videos y denuncias sobre las condiciones de algunas áreas, particularmente del espacio conocido como reclusorio W.
El funcionario señaló que uno de los principales objetivos de las indagatorias es establecer quién organizó las movilizaciones, pues las primeras revisiones del material disponible permitieron advertir que los asistentes no eran únicamente familiares de personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la información proporcionada por el secretario, cerca de 700 personas habrían sido convocadas mediante redes sociales con la promesa de recibir 400 pesos por permanecer durante tres horas en los puntos de protesta. La suma de esos pagos representaría aproximadamente 280 mil pesos.
Otro elemento que llamó la atención de las autoridades fue la logística empleada para organizar ocho bloqueos de manera simultánea. Sánchez González indicó que las pancartas utilizadas ya estaban elaboradas y que habrían sido distribuidas desde un mismo vehículo, lo que apunta a una convocatoria previamente organizada.
Sobre la posible intervención de Los Toscano, el titular de Seguridad Pública reconoció que existen señalamientos en ese sentido, aunque advirtió que no se puede atribuir la responsabilidad a una agrupación sin contar con elementos suficientes.
La hipótesis que se encuentra bajo revisión apunta a una disputa entre Los Toscano y La Familia Michoacana por el control de actividades ilícitas en el mercado Morelos, la colonia 10 de Mayo y el interior del penal de San Miguel.
De acuerdo con información publicada por El Sol de Puebla, los bloqueos habrían sido utilizados para presionar por el traslado de dos internos identificados como presuntos operadores de La Familia Michoacana, conocidos como “El Mara” y “El Primo”. En esos reportes también aparece un supuesto operador de Los Toscano identificado como “El Kalusha”.
Sin embargo, estas versiones forman parte de las líneas de investigación y de información atribuida a fuentes policiales, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existió una intervención directa de integrantes de estas organizaciones.
Denuncias por extorsiones dentro del penal
Las movilizaciones del 10 de noviembre tuvieron como argumento principal las denuncias de familiares de internos sobre presuntos cobros ilegales, amenazas y extorsiones en el interior del centro penitenciario.
Durante las protestas, los participantes exigieron el traslado de dos personas privadas de la libertad, a quienes señalaron por efectuar cobros a otros internos, además de solicitar la destitución del director del Cereso, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien acusaron de permitir irregularidades.
De acuerdo con testimonios publicados por La Jornada de Oriente, familiares denunciaron exigencias económicas que iban de los 20 mil a los 300 mil pesos, además de supuestos pagos diarios y semanales bajo amenazas de represalias contra los internos que no cumplieran.
Estas acusaciones también deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, particularmente para determinar si existió participación o tolerancia de servidores públicos en las presuntas prácticas de extorsión.
Sobre las condiciones del sistema penitenciario, Sánchez González reconoció que durante 2026 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió 32 observaciones. De ellas, 23 ya fueron solventadas y nueve permanecen en proceso de cumplimiento.
Como parte de la revisión del penal de San Miguel, anunció que se integrará una comisión con representantes de las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Salud, así como de la Comisión de Derechos Humanos, para verificar las condiciones del centro penitenciario y atender los señalamientos.
En relación con los videos difundidos por una activista sobre las condiciones de la celda W, el secretario comentó que el material corresponde a grabaciones de hace aproximadamente un año. No obstante, confirmó que la mujer solicitó ingresar al reclusorio para una visita, petición que también será revisada.
Trasladan a dos internos después de las protestas
En medio de las inconformidades, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el pasado 12 de noviembre el traslado de dos personas privadas de la libertad que se encontraban en San Miguel.
La dependencia explicó que la decisión respondió a evaluaciones de perfiles criminológicos, antecedentes, comportamiento penitenciario y factores de riesgo. Sin embargo, no reveló las identidades de los internos ni el destino al que fueron enviados.
Por ello, tampoco confirmó que se tratara de “El Mara” y “El Primo”, los dos reclusos mencionados en las versiones sobre la presunta disputa entre organizaciones criminales.
La SSP agregó que mantiene acciones de supervisión y control en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el propósito de evitar el ingreso y la circulación de objetos y sustancias prohibidas dentro del centro penitenciario.
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que las autoridades tenían datos sobre personas que presuntamente recibieron dinero para participar en los bloqueos. También mostró fotografías de individuos que, según señaló, portaban armas durante las movilizaciones.
El mandatario sostuvo que las denuncias relacionadas con el funcionamiento de los centros penitenciarios serían atendidas y anunció revisiones con la participación de instituciones de seguridad.
Con las investigaciones abiertas, la Fiscalía busca esclarecer quiénes financiaron y organizaron las movilizaciones, mientras que la SSP revisará tanto las condiciones del penal como los posibles vínculos entre las protestas y la disputa de grupos delictivos.














