La disputa entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas dentro del penal de San Miguel habría llegado a las calles de Puebla. Los bloqueos del 10 de noviembre, convocados para denunciar extorsiones contra personas privadas de la libertad, habrían sido aprovechados por integrantes de Los Toscano para presionar por el traslado de presuntos operadores de La Familia Michoacana.
La información, publicada por El Sol de Puebla con base en fuentes policiales y de inteligencia, apunta a una confrontación que rebasa los muros del centro penitenciario y se relaciona con la disputa por actividades delictivas en el mercado Morelos y la colonia 10 de Mayo.
Durante las movilizaciones, familiares de internos bloquearon vialidades de la zona metropolitana para exigir el traslado de dos reclusos señalados de extorsionar a sus compañeros. También demandaron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien acusaron de permitir irregularidades dentro del reclusorio.
Sin embargo, las investigaciones policiales citadas por el periódico identificaron la presunta participación de personas vinculadas con Los Toscano, una organización que mantiene una confrontación con La Familia Michoacana por el control de actividades ilícitas en distintos puntos de la capital poblana.
Entre los señalados aparece un individuo conocido como El Kalusha, identificado por las fuentes consultadas como presunto operador de Los Toscano. De acuerdo con esa información, personas ajenas a las familias de los internos habrían recibido pagos de 400 pesos para participar en los bloqueos.
La presunta intervención de integrantes de una organización criminal no invalida las denuncias de los familiares, pero introduce un elemento distinto en el conflicto: la posibilidad de que una movilización contra las extorsiones haya sido aprovechada para modificar las relaciones de poder dentro del penal.
Una disputa que comenzó fuera de la prisión
Los antecedentes de esta confrontación se encuentran en el mercado Morelos y la colonia 10 de Mayo, territorios donde Los Toscano y La Familia Michoacana han sido vinculados con actividades como venta de drogas, extorsión y homicidios.
Según la información publicada por El Sol de Puebla, durante marzo de 2026 integrantes de Los Toscano habrían incursionado en el mercado Morelos mediante operadores relacionados con El Kalusha, en medio de una disputa con integrantes de La Familia Michoacana.
En ese periodo, las autoridades detuvieron a 16 presuntos integrantes de esta última organización. La confrontación habría continuado dentro del penal de San Miguel, donde permanecían internos identificados con ambos grupos.
Las fuentes policiales señalaron a dos reclusos conocidos como El Mara y El Primo como presuntos operadores de La Familia Michoacana. Su traslado habría sido uno de los objetivos de quienes participaron en la organización de los bloqueos.
La movilización adquirió así una doble dimensión: las denuncias de familiares sobre las condiciones de reclusión y los señalamientos policiales sobre una posible intervención criminal para desplazar a adversarios.
Denuncian cobros de hasta 300 mil pesos
Las acusaciones de extorsión dentro del penal no surgieron únicamente de la información policial sobre las organizaciones enfrentadas.
Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron exigencias económicas que, según testimonios recogidos por La Jornada de Oriente, oscilaban entre 20 mil y 300 mil pesos.
Los denunciantes describieron cobros diarios y semanales, acompañados de amenazas contra quienes se negaban a entregar dinero. También señalaron posibles represalias contra los internos después de que sus familiares presentaban quejas.
Parte de las acusaciones alcanzó al director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo, señalado por los manifestantes de presuntamente tolerar las irregularidades.
Estas denuncias requieren investigaciones que permitan establecer responsabilidades individuales. Hasta ahora, los señalamientos difundidos no equivalen a una resolución judicial contra el funcionario ni contra los internos mencionados.
El gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que las autoridades contaban con información sobre personas que habrían recibido dinero para participar en los bloqueos. También presentó fotografías de individuos que presuntamente portaban armas durante las movilizaciones.
El mandatario afirmó que las denuncias sobre el funcionamiento de los centros penitenciarios serían atendidas y anunció una revisión con participación de instituciones federales de seguridad.
Trasladan a dos internos después de los bloqueos
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó el 12 de noviembre el traslado de dos personas privadas de la libertad que permanecían en el penal de San Miguel.
La dependencia explicó que las reubicaciones respondieron a evaluaciones de perfiles criminológicos, antecedentes, comportamiento penitenciario y factores de riesgo.
Sin embargo, no identificó públicamente a los internos trasladados ni informó a qué centros penitenciarios fueron enviados. Tampoco confirmó que se tratara de El Mara y El Primo, los hombres señalados durante las protestas.
La SSP indicó que mantiene operativos de supervisión y control en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para impedir la circulación de objetos y sustancias prohibidas dentro del reclusorio.
El traslado de los dos internos representa una respuesta concreta a las movilizaciones, aunque no demuestra que hayan terminado las presuntas extorsiones ni la confrontación entre organizaciones criminales.
La información sobre la posible infiltración de Los Toscano plantea un problema adicional para las autoridades penitenciarias. La atención a las denuncias de las familias debe distinguirse de las presiones que pudieran ejercer grupos delictivos interesados en desplazar a sus adversarios.
Los bloqueos terminaron y dos internos fueron trasladados, pero la disputa descrita por las fuentes policiales tiene antecedentes fuera de San Miguel. Su alcance no se limita a las celdas: comprende también las actividades ilícitas que las organizaciones enfrentadas presuntamente buscan controlar en distintos puntos de Puebla.
