Dulce Gómez | @dulcgomez
El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que en los bloqueos que paralizaron ocho vialidades de Puebla este martes habrían participado sujetos armados y encapuchados, presuntamente contratados por dos horas para encabezar la movilización que exigía la destitución del director del penal de San Miguel, quien también se encuentra bajo investigación.
El mandatario aseguró que su administración ya tiene identificadas a las personas que estarían detrás de la organización de las protestas, por lo que ordenó investigar quiénes participaron y quién habría pagado para movilizar a los manifestantes que provocaron afectaciones a la circulación en la capital poblana y municipios de la zona metropolitana.
“Tenemos muy claro quiénes están detrás de ello”, afirmó en entrevista, luego de inaugurar el Foro de Innovación Energética 2026 en el Centro Expositor, donde también sostuvo que su gobierno mantiene disposición para escuchar y atender las inconformidades, pero no dejará de investigar lo ocurrido.
Armenta señaló que, de acuerdo con la información que tiene su administración, algunas personas habrían sido contratadas para participar durante dos horas en los bloqueos. Por ello, también se indagará el presunto financiamiento de estas acciones y la identidad de quienes intervinieron en los actos vandálicos.
Investigan irregularidades en el penal de San Miguel
El gobernador informó que, además de esclarecer la organización de las movilizaciones, se emprenderá una revisión a fondo del funcionamiento del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios del estado.
La supervisión contará con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales, como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz.
También adelantó que se analiza el traslado de dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.
“Esas personas se van a trasladar, quiero decirles, ya le pedí a las áreas correspondientes que lo analicen”, expresó.
Estas medidas se anunciaron después de que familiares de internos exigieran la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien señalan por presuntos actos de corrupción, extorsiones, amenazas y cobros irregulares que, de acuerdo con sus denuncias, alcanzarían hasta los 300 mil pesos.
Los familiares también manifestaron preocupación por la falta de medicamentos y las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad. Estos señalamientos deberán ser investigados por las autoridades para determinar si existen responsabilidades.
Bloqueos afectaron ocho puntos de la zona metropolitana
Las movilizaciones del martes 10 de noviembre provocaron cierres en ocho puntos estratégicos, entre ellos el Periférico Ecológico, a la altura del C5; la autopista México-Puebla; la caseta hacia Atlixco; la avenida Reforma y 11 Sur; Casa Aguayo; Camino al Batán y las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
En el Periférico Ecológico, los manifestantes quemaron llantas para impedir el paso de vehículos, mientras que en Casa Aguayo se reportaron daños materiales y cristales rotos en el inmueble gubernamental.
Los cierres ocasionaron largas filas de automovilistas, afectaron a trabajadores y estudiantes, y obligaron a modificar los recorridos de las cuatro líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Después de varios intentos de diálogo, el Gobierno estatal informó que alcanzó un acuerdo con los inconformes para liberar las ocho vialidades y restablecer la circulación.
