Nacho Juárez
Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 10 políticos mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la fracción de Los Chapitos, tocó tierra poblana el 16 de junio de 2021 cuando fue designado como comandante de la XXV Zona Militar.
Su paso, para ser honestos, fue realmente gris a pesar de que traía a cuestas un buen prestigio debido no solo a su expertise en materia de inteligencia, sino porque había estado al frente de la XXI Zona Militar en Tamaulipas, un área compleja y altamente difícil por la presencia del Cártel del Noroeste y la pelea intestina entre los grupos criminales por ser un área estratégica para el tráfico de drogas.
Es más, su conocimiento sobre la lucha contra grupos criminales, sobre todo los ligados con el narcotráfico, quedó evidenciado cuando encabezó la comandancia del mando especial “Mante”, una célula de élite creada para frenar la actividad delictiva en dicho municipio tamaulipeco, uno de los sitios más codiciados por el hampa.
Más allá de participar en las mesas de seguridad, lo cierto es que desde su arribo a Puebla hasta que se trasladó a Sinaloa, los principales golpes contra la delincuencia fueron asestados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado, al mando del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Poco tiempo después, con Sergio Salomón Céspedes Peregrina en la gubernatura, fue creado un grupo de élite de la Secretaría de Marina, que estaba al mando del hoy secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.
Sánchez González, por ejemplo, fue el encargado de consolidar la estrategia para impedir el avance de La Operativa Barredora -franquicia del Cártel Jalisco Nueva Generación- que había generado un estado de pánico en la capital y zona conurbada por los constantes levantones de sus adversarios -otros narcomenudistas que no quisieron cuadrarse a sus designios-, balaceras en diferentes municipios -contra enemigos del crimen como de las fuerzas del orden- el abandono de cuerpos mutilados en zonas de alto tránsito y difundir en redes sociales todas sus andanzas.
Gerardo Mérida Sánchez saltó de Puebla a Sinaloa a principios de septiembre de 2023 para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, en sustitución de Cristóbal Castañeda Camarillo, quien decidió aceptar el mismo cargo, pero en el Estado de México.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el papel que habría desempeñado el general de Brigada Diplomado del Estado Mayor resultó clave para supuestamente garantizar la libre actuación de Los Chapitos en el control del trasiego de drogas en el estado.
¿Qué dice la denuncia del fiscal Jay Clayton?
*Que tanto el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como Gerardo Mérida y los restantes ocho implicados, habrían participado en una “asociación delictuosa con el cartel (de Sinaloa) para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
*Que los acusados supuestamente ofrecieron protección a los líderes del Cártel de Sinaloa “contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales”
*Habrían facilitado “información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para apoyar las actividades delictivas”.
*Supuestamente ordenaron “a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados”.
A cambio de todo lo anterior, el fiscal neoyorquino sostiene que los acusados habrían recibido “millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.
En la página 6 del expediente radicado en la Corte Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia de EU establece directamente la participación de Gerardo Mérida en la trama.
La acusación es brutal:
“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, SÁNCHEZ recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, proporcionó a los Chapitos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”.
Dichos sobornos son explicados en la página 22 del expediente.
“En 2023 y 2024, o alrededor de esos años, GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, el acusado, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos.
“A cambio, SÁNCHEZ no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.
“En 2023, o alrededor de ese año, por ejemplo, SÁNCHEZ advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a los Chapitos evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de los Chapitos”.
Mientras todo eso supuestamente sucedía, la opinión pública apenas estaba por conocer otro escándalo: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la cual fue atribuida a una traición en la que habrían participado el gobernador Rubén Rocha Moya y Los Chapitos, ocurrida el 25 de julio de 2024, es decir, 23 días después de la elección presidencial en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta la fecha, nadie se explica las razones del gobernador de Sinaloa para respaldar esa traición. Lo que sí se sabe es que el movimiento provocó un cisma en el sistema político mexicano controlado por los hoy conocidos como los duros de Morena.
La guerra intestina entre Los Mayos y Los Chapitos provocó un espiral de violencia incontenible, sumió al estado de Sinaloa en un caos, mientras que, desde Nueva York, el otrora poderoso Ismael Zambada envío un mensaje inequívoco: Sé muchas cosas.
La violencia desatada llevó también a la caída de Gerardo Mérida. Seis meses después de la traición presentó su sorpresiva renuncia al frente de la SSP.
Detrás también dejaba un largo litigio por una denuncia política de género que presentó la líder estatal del PRI en Sinaloa, luego de que diputadas locales de ese partido y Acción Nacional exigieran la renuncia del general de Brigada Diplomado del Estado Mayor por la supuesta ineficiencia demostrada en su cargo.
Al conocer dicha petición de la oposición, Mérida Sánchez decidió declarar que invitaría tomarse un café a las legisladoras, pero antes les hizo una petición sui generis: “lo que uno debe hacer primero es verse la cola y luego poder expresar lo que uno tiene expresar”.
El juego económico de Rodolfo Ruiz
En un hecho inverosímil, el socio y director general de e-consulta publicó un comentario en X, en el que fustigó una nota publicada por el mismo portal que encabeza sobre uno de sus más cercanos amigos: José Luis Escalera.
“Qué vergüenza que e-consulta se preste a este juego sucio con notas como la de este link. https://e-consulta.com/nota/2026-04-30/ciudad/consejero-ciudadano-del-pan-participa-en-foro-contra-el-cablebus vía @e_consulta”, fue el comentario de marras.
Pese al enojo de Ruiz, la nota es verídica.
José Luis Escalera es uno de los 13 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Comité Directivo del PAN, el cual está conformado por Carolina Beauregard, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Ana Lucia Medina y Carolina Ramírez, todas militantes del PAN.
Ahí podemos encontrar a Josefina Buxadé, brillante académica, aguerrida comisionada de Transparencia y Acceso a la Información y, quizás, la mejor diputada en la LVIII Legislatura local.
También se encuentra uno de los mejores consejeros ciudadanos del extinto IFE y politólogos del país, Federico González Magaña; el exdirector de Competitividad municipal con José Antonio Gali Fayad, Joan Borbolla Ballesca; la exdirectora de Protección Animal municipal, Edzna Hernández; el expresidente municipal suplente Bruno Taveira y la excandidata del PAN Ana Lucía Medina.
Si la nota difundida por René Valencia -uno de los mejores reporteros de la nueva generación que he leído en los últimos años en el ámbito local- es cierta, por qué el enojo del autor de La Corte de Los Milagros.
Hace unas semanas, en redes sociales se sembró una narrativa de condena por la salida de Rodolfo Ruiz de e-consulta a raíz de la venta del medio y que se atribuía a una censura, sin especificar de quién o por qué.
Muchos comentarios versaron en el sentido de lamentar la pérdida de un espacio crítico ante el poder y por la defenestración de Ruiz.
Pero, el 23 de abril pasado, en las propias cuentas oficiales de e-consulta, fue dado a conocer un posicionamiento -el que se incluyó el logotipo oficial del portal y del despacho de consultoría Contracorriente, la otra empresa Ruiz Rodríguez- en el que se informa que “con el propósito de fortalecer y proyectar este esfuerzo (un medio relevante, con una línea editorial crítica e independiente), la empresa ha decidido incorporar a un nuevo socio accionista”.
Y, también aclara que “Rodolfo Ruiz Rodríguez continúa como socio accionista y Director General”, mientras que Leticia Montagner asumía la Dirección Editorial.
¿Entonces? ¿No que había sido defenestrado? ¿No que desaparecía el medio crítico?
Lo que Rodolfo Ruiz hizo fue lo mismo que ha hecho siempre: llevar un doble juego, así como cuando se desempeñaba como periodista crítico del poder y consultor político (de candidatos, gobiernos, partidos y quien se dejara), nada más que en este caso decidió aceptar a un socio sin renunciar ni a la sociedad mercantil ni a la dirección general de e-consulta.
¿Por qué no renunció tanto a la sociedad como a la dirección general si no está de acuerdo con la línea editorial actual? ¿Por qué avalar con su presencia en el directorio y en la sociedad mercantil a un medio que hace productos informativos que dan vergüenza y se prestan al juego sucio?
¿Por qué el enojo si continúa al frente de la dirección general? ¿Acaso aceptó el ingreso de recursos frescos para el medio, además de continuar como socio y director, a cambio de ceder la línea editorial?
La razón quizás podamos encontrarla en el ámbito financiero.
Para nadie es un secreto que e-consulta goza de una amplia penetración en el ecosistema digital, lo cual permitió su monetización a través de diferentes esquemas que ofrece, por ejemplo, Google; además de otros ingresos vía convenios gubernamentales y publicitarios.
Con su permanencia en la sociedad mercantil, el columnista sigue obteniendo ingresos por todos esos conceptos, eso sin contar los que devenga de la consultoría Contracorriente. Y si a eso le agregamos la posibilidad de que haya convenios con sectores que otrora habían cerrado las puertas a e-consulta, pues se hace el círculo virtuoso.
Al criticar ahora el contenido que genera su propia empresa, Ruiz pretende solventar un aura moral que no existe al ser copartícipe no solo de la sociedad sino de la dirección misma del medio. (Insisto: como cuando funge en su doble papel de periodista crítico y consultor político).
¿Por qué desde un principio no vendió por completo la empresa si observó el riesgo de que eso implicara una afectación a su prestigio profesional? ¿Por qué no mejor cerró su empresa a consecuencia de la persecución que había en su contra? ¿A poco no estableció cláusulas para garantizar la independencia editorial del medio pese a la entrada de un nuevo socio? ¿Si no lo hizo, entonces, por qué ahora reclama y, sobre todo, se mantiene como miembro de una empresa a la que cuestiona?
